México quiere volver a ‘1984’

Un futuro donde el Gobierno tenga poder sobre la memoria. En donde un grupo de burócratas decida qué fue el pasado y cómo debe ser recordado. Un futuro imaginado por Orwell en 1984 y legislado por México en 2016. Tres nuevas leyes, que pretenden garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales, amenazan con permitir la destrucción de documentos históricos con fines políticos. Un colectivo de historiadores e intelectuales, entre los que destacan Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer y Sergio Aguayo, han impugnado estas reformas que califican como un obstáculo para la creación de una memoria colectiva plural.

“Tenemos una ley que crea confusiones”, afirma Gabriel Torres Puga, profesor del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. El sistema actual de archivos depende mucho de los criterios de funcionarios que entorpecen la consulta. También existen documentos históricos confidenciales en los que, sin importar el tiempo transcurrido, son entregados en copias tachadas que protegen datos sensibles. En lugar de atender estos problemas, señalan los especialistas, el Senado ha propuesto una reforma que genera más polémica.

La nueva Ley General de Archivos establece que el resguardo de documentos históricos queda bajo el control del presidente. Supeditar el sistema archivos al Gobierno puede comprometer la construcción de la memoria histórica a intereses políticos, señalan los expertos. Tal como lo hace el ‘Ministerio de la Verdad’ en la novela de George Orwell, los funcionarios tendrán el poder de revisar los registros y destruir los que quiera sin tener que rendir cuentas o consultar con expertos en el tema. El mismo colectivo opositor, que ya suma más de 4.221 firmas de especialistas, subrayó esta comparación entre las reformas y la novela de 1984 durante la discusión de la ley en el senado.

La Ley General de Protección de Datos Personales también atenta contra el derecho a la memoria, según los historiadores que se oponen a la medida. Esta disposición permitirá ocultar de manera indefinida “cualquier información concerniente a una persona física o identificable”. Sin embargo, como señalan los expertos, la memoria histórica sólo se puede construir con los mismos datos personales y sensibles que quieren proteger. “Casi todos los documentos tienen datos personales porque tienen nombres. Eso es lo que los hace interesante”, señala Aurora Gómez Galvarriato extitular del Archivo General de la Nación y actual profesora en El Colegio de México.

Actualmente existe un tiempo de espera de hasta 30 años para que un documento pueda ser considerado histórico y pierda la protección de datos personales.“El problema es que la nueva ley no tiene fechas”, señala Torres Puga. La reforma no establece un periodo concreto de resguardo y deja abierta la posibilidad de que se retengan archivos públicos de manera indefinida. Según Aurora Gómez, en otros países los historiadores y expertos en datos personales son los que establecen cuándo un documento debe ser considerado histórico, mientras que en México se quiere dejar la decisión en manos de funcionarios de Gobernación.

A pesar de que la iniciativa fue propuesta por los principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, no todos los legisladores están de acuerdo con la nueva ley de archivos. La senadora panista Laura Rojas, entrevistada en Los Políticos, afirmó tras las críticas que la propuesta sólo es un punto de partida y no al versión final. “No hay consenso pleno en su contenido; sin embargo teníamos dos años de atraso precisamente por falta de consenso, entonces la decisión de presentar esta iniciativa fue precisamente porque si no, no se podía iniciar la discusión”, señaló Rojas.

No todos los datos personales en México son sensibles. La información considerada como una “fuente de acceso público” puede ser utilizada sin el consentimiento de su titular y sin importar su contenido. Estos documentos son aquellos que se encuentran en páginas de Internet de medios de comunicación, directorios telefónicos, boletines oficiales y registros públicos. Los expertos buscan que la Ley General de Transparencia también considere a los archivos históricos en esta categoría y que no se les aplique las normas de protección de datos.

El grupo de organizaciones civiles, expertos y senadores que se opone a las reformas ha redactado una iniciativa de ley. Buscan eliminar cualquier restricción a los archivos históricos y un sistema con verdadera independencia del Gobierno. Tanto la ley de protección de datos como la del archivo general les falta la aprobación del Congreso. Hasta el momento, gran parte de los legisladores no se ha pronunciado sobre las protestas de los expertos.