La designación de funcionarios electorales enfrenta de nuevo al Gobierno y la oposición en Venezuela

La tregua que en Venezuela suponían la mesa de diálogo auspiciada por el Vaticano y la época navideña, se ha roto por completo. La guerra de posiciones que durante 2016 vienen librando el parlamento, dominado por la oposición, y el Gobierno de Nicolás Maduro valido, sobre todo, de su control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se ha reanudado con virulencia hasta amenazar con llevar al país a un punto sin retorno en las próximas semanas.

La más reciente ronda de este conflicto se está jugando desde la noche del martes, cuando el TSJ difundió su decisión de ratificar en sus cargos a dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández y Tania D’Amelio, afines al Gobierno, cuyos periodos constitucionales se habían vencido.

La decisión se produjo menos de 24 horas antes de la sesión convocada en la Asamblea Nacional para designar a los nuevos funcionarios que ocuparían esas vacantes.

De acuerdo al TSJ, procedió a ratificar a Hernández y D’Amelio ante la falta de diligencia en el trámite de la designación respectiva” por parte de la Asamblea Nacional y, además, por encontrarse esta “en desacato al Poder Judicial, lo que determina la nulidad de todas sus actuaciones mientras se mantenga la contumaz conducta lesiva al orden constitucional”. El máximo tribunal procedió de inmediato a juramentar a las funcionarias, que han estado en esos cargos desde 2009 y que ahora deberían cumplir otro periodo hasta 2023.

La presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, aseguró que confía en que “la decisión tomada servirá para el normal funcionamiento del Poder Público y el desenvolvimiento de la vida democrática en el país”.

Sin embargo, la directiva del parlamento siguió convocando a una sesión ordinaria este miércoles en la tarde para nombrar, por su parte, a los nuevos rectores que ocuparán esos cargos de rectores, dos de cinco, vacantes en el organismo electoral.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, rechazó la actuación del Tribunal Supremo por “inconstitucional, ilegal, fuera del Estado de Derecho”.

Apenas horas antes de conocerse la decisión del TSJ, el parlamento había aprobado, con los votos de la oposición, un acuerdo para declarar la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la severa crisis socioeconómica y política que azota a Venezuela. La declaración es el primer paso en el proceso legislativo para destituir al mandatario por “abandono del cargo”, una figura prevista en el artículo 233 de la Constitución venezolana y a la que la bancada opositora quiere apelar antes del 10 de enero.

El chavismo gobernante desde 1999 se precia de su cadena de victorias electorales que usa, sobre todo, como garantía de legitimidad ante la comunidad internacional. Por ello, mantener el control actual del organismo que organiza los comicios -cuatro de cinco rectores del CNE le son fieles al oficialismo- le es vital. La oposición toma nota de ello, y ante la eventual realización de una próxima cita ante las urnas, hace esfuerzos por equilibrar la composición del ente electoral, que en Venezuela tiene categoría de un poder autónomo del Estado.