México puede confiscar los bienes de Javier Duarte con una ley antinarco

La justicia mexicana tiene varias herramientas a su disposición para confiscar las numerosas propiedades que Javier Duarte supuestamente obtuvo desviando dinero público de Veracruz. El proceso se puede llevar a cabo en los tribunales sin la necesidad de que haya una sentencia en contra del exgobernador por los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Tres expertos explican a EL PAÍS las estrategias que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) puede seguir para reintegrar al Estado los bienes obtenidos por el exmandatario, que se ha convertido en el emblema de la corrupción política en este sexenio.

Gabriel Regino, abogado penalista, cree que México se encuentra ante un hito. “Es el primer caso en el que se acusa a un gobernador en funciones –aunque haya solicitado licencia– de delincuencia organizada y lavado de dinero”, señala. Los delitos que se le imputan a Duarte son duros y lo separan de otros servidores públicos bajo sospecha de corrupción. Estos suelen enfrentar cargos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público o ejercicio abusivo de funciones, que no ameritan prisión preventiva y para los que un juez puede otorgar medidas cautelares como multas.

Duarte desapareció el 15 de octubre. Días antes había ofrecido una entrevista televisiva en la que dijo que iba a encarar las investigaciones que pendían sobre su cabeza. No existe rastro del exgobernador expulsado por su partido, el PRI, pero sus supuestas propiedades han provocado indignación nacional. Investigaciones periodísticas lo vinculan a terrenos, apartamentos y casas en Florida, Texas y Nueva York en Estados Unidos. Y en México en el Estado de México y la capital del país. Carlos Loret de Mola, el último periodista que entrevistó al mandatario, también reveló que el exgobernador tiene empresas y un hotel en Bilbao, España.

Regino cree que la Fiscalía podría recurrir a la ley de extinción de dominio para confiscar las propiedades del exgobernador. “El Ministerio Público puede pedir al juez medidas cautelares en relación a casas y cuentas bancarias para asegurarlas independientemente de que Duarte esté detenido o procesado”, señala el abogado.

Es el primer caso en el que se acusa a un gobernador en funciones de delincuencia organizada y lavado de dinero Gabriel Regino, abogado penalista

El litigante en materia civil, Guillermo de Rosenzweig, explica que el ministerio público debe solicitar la “inmovilización de los recursos”. A partir de la petición tiene 20 días para pedir a un juez el aseguramiento de los bienes con lo que no podrían enajenarse ni venderse hasta que el caso sea resuelto judicialmente.

La extinción de dominio es una herramienta que México copió de Colombia. El país sudamericano la utiliza desde 2002 en su lucha contra el narcotráfico. La norma confisca los bienes que hayan sido medios, instrumentos o producto de crímenes. Felipe Calderón, el presidente mexicano que declaró la guerra a los cárteles, la introdujo al país en 2009. El Supremo mexicano determinó el año pasado que la ley solo podía usarse para cinco delitos: contra la salud, delincuencia organizada, trata, secuestro y robo de vehículos.

El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, sin embargo, cree que existen estrategias más efectivas que la extinción de dominio. “Es un proceso administrativo largo que tomaría más de un año. Además, no obliga a acreditar que los recursos son lícitos”, asegura. El letrado prefiere la publicación de edictos. Con ellos, las autoridades obligan a los supuestos propietarios de los predios y casas, aunque sean prestanombres de Javier Duarte, a comparecer en menos de 90 días. Si no justifican la licitud del dinero con el que compraron los bienes estos pasarían a ser propiedad del Estado.

Los tres abogados consideran que el ministerio público tiene elementos suficientes en las averiguaciones previas para solicitar a un juez la extinción de dominio e iniciar el trámite para confiscar los bienes y propiedades. La PGR, consultada por el PAÍS, rechazó confirmar si existe esta petición a los juzgadores. “Forma parte del secreto de la investigación, por lo que no podemos opinar”, señaló un portavoz de la Fiscalía.