Un informe revela que el Gobierno de Morelos enterró cuerpos en una fosa al estilo de Los Zetas

Un informe de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) revela que el Gobierno de esa entidad a cargo del izquierdista Graco Ramírez sepultó 117 cuerpos en Tetelcingo de la misma forma en que actúa el crimen organizado. Tras diversos estudios realizados por la institución se encontró que al menos 84 cuerpos inhumados desde 2014 por las autoridades estatales en la fosa clandestina presentaban rastros de violencia. “En las fosas de Tetelcingo existe encubrimiento de delitos y probablemente de crímenes de lesa humanidad”, dijo Roberto Villanueva, integrante del programa de Identificación Humana de la universidad.

El hallazgo de la fosa en Tetelcingo, un pequeño poblado del municipio de Cuautla (Morelos), ubicado a unos 100 kilómetros de la capital mexicana, ocurrió en noviembre de 2015. La familia de Oliver Navarrete, secuestrado y asesinado en mayo de 2013, denunció que la Fiscalía estatal había enterrado al joven en una fosa común. Pese a que el cuerpo había sido identificado con pruebas de ADN desde mediados de 2013, la autoridad le pidió a la familia que esperara y no se llevara el cadáver porque había otras pruebas que querían hacer y ayudarían a esclarecer el homicidio. En diciembre de 2014 Amalia Hernández, tía de Oliver, fue a preguntar nuevamente por el cuerpo de su sobrino y fue cuando se enteró que ya no estaba en el forense, sino sepultado en una fosa en el panteón de Tetelcingo.

María Hernández, la madre de Oliver, denunció a la Fiscalía de Morelos y los obligó a abrir la fosa común. Pronto se descubrió que había más de cien cadáveres que se enterraron sin seguir los protocolos legales. Tras hacerse público el caso otros familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos presionaron al Gobierno de Morelos y en mayo de este año comenzó la exhumación de los cuerpos. En diversas entrevistas el fiscal del Estado, Javier Pérez Durón, aseguró que eran cuerpos no reclamados que estaban en el Servicio Médico Forense y fueron depositados en una fosa común. “Hay carpetas de investigación de hechos de tránsito, carpetas de personas que mueren por enfermedad y carpetas de hechos violentos. Todo se investiga”, afirmó. También aseveró que en caso de encontrar que funcionarios incumplieron protocolos o no actuaron conforme a la ley se les castigaría.

En el informe de la UAEM se enlistan una serie de irregularidades cometidas por las autoridades de Morelos durante la inhumación. Los cuerpos fueron colocados de forma inadecuada, se omitió resguardar las ropas y otros elementos que ayudaran a una posible identificación y 17 de ellos fueron encontrados incompletos, ya sea porque les faltaba el cráneo o algún otro miembro o porque se trataba de restos en estado de descomposición. En 4 de los 84 cuerpos de personas que tuvieron muertes violentas, hay impacto de bala craneal, al estilo del tiro de gracia del crimen organizado. “Hemos encontrado evidencia de tortura, y otros tratos crueles inhumanos y degradantes. Silvano Cantú, abogado de derechos humanos, realizó una valoración y da cuenta de la necesidad de practicar necropsia a los cuerpos donde hay evidente huella de violencia”, señaló Roberto Villanueva.

El poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz, denunció que Graco Ramírez ha minimizado la violencia en Morelos al grado de criminalizar a las víctimas y simular que las atiende. “La forma en que fueron inhumados los cuerpos en Tetelcingo es como lo hacen Los Zetas”, afirmó. También criticó el mando único policial creado por el mandatario. “No ha realizado un cambio profundo en seguridad, lejos de ello ha concentrado policías sin preparación y en muchos casos corrompidos en un mando único que lejos de disminuir la violencia la ha acrecentado con violaciones sistemáticas a derechos humanos”.