Maribel, presunta culpable hasta que demostró lo contrario

Maribel Vázquez Cañas ya sabía a sus 38 años lo que era el infierno. Su marido y padre de tres de sus cuatro hijos le pegaba, tanto, que se atrevió a denunciarlo. Había conseguido una orden de alejamiento y convivía con el miedo a que ese hombre no se acercara nunca. Pero Leonardo Fragoso, conocido como El Chamán, guardó para el final la única batalla que Maribel no podía ganar. Esta vez contó con la ayuda de un sistema penal mexicano con unas reglas más parecidas a la Inquisición que a un modelo moderno. La hizo cómplice de un crimen de secuestro y robo que ella nunca cometió y pagó con cuatro años de cárcel un error propio de la Edad Media. Este miércoles habla desde la libertad sobre la pesadilla de su vida.

El 6 de junio de 2012 Maribel no estaba en casa. El Chamán lo sabía. Ella se dedicaba desde hacía años a la venta ambulante en los mercados locales del sur de la capital y casi nunca regresaba hasta la noche. Ese día, su exmarido planeaba un golpe con un socio para robar una camioneta de embutidos y venderlos cuatro días más tarde. Y así fue: pararon el camión con el chófer dentro y lo retuvieron mientras vaciaban la mercancía en la casa de Maribel.

"Ese día no fui a trabajar, salí a por el desayuno y cuando regresé estaba la casa llena de cajas. Mis hijos me dijeron que había entrado su padre y me asusté", recuerda. En ese momento decidió hacer lo correcto: llamar a la Policía. "Ese hombre no podía acercarse a nosotros, hoy me arrepiento tanto de haber hecho esa llamada", detalla. A El Chamán y a su cómplice los detuvieron unas horas más tarde. Maribel accedió a subirse a una patrulla para declarar como testigo.

A partir de ese momento, comenzó un vía crucis de salas oscuras, silencios fríos, interrogatorios que no entendía, más declaraciones, esperas largas, firmas, abogados de oficio que no la defendieron. "Yo estaba convencida de que llegaría esa noche a cenar, se lo había prometido a mi hijo de tres años", recuerda y al hacerlo le tiembla el mentón. "Cuando me hicieron firmar por fin un documento en el que decía que yo estaba ahí por secuestro y robo, me di cuenta de que aquello iba en serio, que ya no había vuelta atrás. Sólo pensé en mis hijos, en qué iba a ser de ellos", cuenta.

Pero ni cuando le quitaron su ropa interior y la vistieron de beige y la metieron en una celda minúscula con las reclusas más peligrosas que no dejaban de gritar, dudó de que algún día saldría de ahí. Aunque en el papel que firmó registrada la condena de 27 años. "Yo sabía que ese no era mi sitio, hice lo posible por adaptarme, por aguantar. Pero todos los días me informaba sobre asociaciones que pudieran ayudarme a mi y a mi familia", explica. El pequeño de sus hijos fue acogido por una fundación, el resto de 14 y 15 años abandonó sus estudios y se dedicó a sobrevivir. "Hoy sé todo lo que vivieron, durmieron en la calle, pasaron hambre. Después de todo, nadie me ha devuelto nada", señala desesperada.

Ella sabía que era inocente y se topó con unas mujeres que creyeron en ella. "El caso de Maribel ha sido de los más sencillos. Las pruebas que presentaron no tenían nada que ver con el delito que le imputaron. Además había dos confesiones, una de su exmarido y otra de su socio que alegaban que ella no había tenido nada que ver", explica su abogada Fernanda Dorantes, de la asociación Reinserta, especializada en resolver algunos errores del sistema penal mexicano.

El sistema con el que juzgaron a Maribel ha sido reformado en junio de este año. Uno de los cambios considerados "históricos" es la introducción de la presunción de inocencia, "una figura básica en cualquier ordenamiento jurídico moderno", apunta Dorantes. "Ella no tuvo una defensa, ya no de calidad, sino al menos decente, que hiciera notar estas irregularidades evidentes en el expediente", apunta la abogada. Y añade: "El principal problema que encontramos en estos casos es primero, la mala recopilación de pruebas por parte de la fiscalía y, segundo y más grave, la pésima valoración por parte de las autoridades, que buscaron ante todo encontrar a un culpable y cerrar el expediente cuanto antes en un sistema colapsado".

"En la cárcel conocí a mujeres que llevaban más de 10 años encerradas sin tener todavía una sentencia firme", cuenta Maribel. Su caso, aunque no es el único, ha hecho saltar las alarmas de las enormes grietas de un sistema por el que se han colado los derechos procesales básicos de cualquier imputado.