El caso Narvarte, la investigación un año después

El 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa murió de dos plomazos en su despacho de la Ciudad de México. Una de las balas le alcanzó en la pierna izquierda y otra le dio en la cabeza. “Todo apuntaba a que había sido asesinada”, recuerda David Peña, que llevó el caso ante la fiscalía capitalina. “Todo apuntaba a eso, pero la procuraduría dijo que se había suicidado”.

Peña, que representa a las familias de dos de los cinco muertos en la matanza de la colonia Narvarte, uno de los hechos más sonados en México el año pasado, instó a la fiscalía a que agotara todas las líneas posibles en la muerte de Ochoa. “No fue un suicidio, todo apuntaba a que era un crimen orquestado desde Guerrero”, dice.

Los meses anteriores a su muerte, Digna Ochoa viajaba con frecuencia al Estado de Guerrero. Estaba documentando casos de tortura de militares a campesinos en la región de la Costa Grande, al norte de Acapulco. Su tesis era que un cacique local, Rogaciano Alba, quería apropiarse de unas tierras y sus propietarios se negaban; que Alba y militares del 19 Batallón de Infantería instigaban a los campesinos con rudeza, llegando incluso a torturarlos; que sus propias pesquisas habían molestado a Alba y los militares.

David Peña promovió juicios de amparo de 2003 a 2010 para que la fiscalía investigara la línea Guerrero. Los jueces le daban la razón y luego la fiscalía se negaba a investigar. Y David promovía otro amparo y vuelta a empezar, así durante siete años. Luego llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2012 se lo aceptaron. “En el caso Narvarte”, dice el abogado, “puede pasar lo mismo”.

Peña y su compañera, Karla Salas, son los asesores legales de las familias de Nadia Vera y Mile Virginia Martín, dos de las cinco víctimas del caso Narvarte. Hace justo un año, el viernes 31 de julio de 2015, Nadia, Virginia, el fotógrafo Rubén Espinosa, la joven maquillista Yesenia Quiroz y la señora de la limpieza, Alejandra Negrete, morían asesinados en un departamento de la colonia Narvarte, un barrio de clase media de la capital mexicana. Los asesinos emplearon cinco balas, una para cada uno. En pocos días, los investigadores dieron con el primer sospechoso, Daniel Pacheco. Antes de mes y medio ya habían apresado a dos más. “Para la procuraduría”, dice Peña, “el caso está cerrado desde que agarraron al tercero. Lo mantienen abierto por los costes políticos que supondría cerrarlo”: una investigación muerta en vida.

Según la tesis de la procuraduría, los tres detenidos llegaron al departamento de la Narvarte a las dos de la tarde del 31 de julio de 2015. Una hora más tarde salieron. En ese intervalo habrían asesinado a sus víctimas. Al día siguiente trascendió que dos de los muertos, Nadia y Rubén, habían dejado Veracruz meses antes por amenazas. En entrevistas concedidas a medios de la Ciudad de México, ambos habían denunciado presiones del Gobierno de Veracruz, en manos del priista Javier Duarte. Nadia llegó a señalar incluso que responsabilizaba a Duarte de cualquier cosa que pudiera pasarles.

Al principio, las autoridades de la capital aseguraron que agotarían todas las líneas de investigación, entre ellas la posible participación de funcionarios del Gobierno de Duarte. Filtraciones del caso publicadas en medios de la ciudad apuntaban sin embargo que el móvil de los asesinos tenía que ver con un cargamento de droga que querían robarle a Mile Virginia.

Hace meses que la procuraduría no habla oficialmente del caso. El goteo de informaciones sobre el caso generó tanto escándalo en la Ciudad de México que un juez prohibió a los funcionarios que la investigación siguiera aireándose.

Mientras tanto, el caso avanzaba. La fiscalía acusaba a los detenidos de feminicidio, homicidio y robo agravado. Luego estos alegaron que sus declaraciones habían sido obtenidas mediante tortura. El tercer detenido, Omar Ramírez, presentó incluso un peritaje que desbarataba el de la fiscalía y concluía que él ni siquiera había estado en la Narvarte el día de lo ocurrido.

Peña y los abogados de Rubén insistían en que la procuraduría investigara todas las líneas abiertas. No solo Veracruz, sino aspectos que, a su entender, podían revelar nuevos detalles del caso. Por ejemplo, los peritos de la fiscalía habían encontrado una huella en un charco de sangre en el departamento que no correspondía al tamaño de los pies de ninguno de los detenidos. Otro ejemplo: en el cable que los asesinos habían empleado para estrangular a dos de las víctimas, se había encontrado un resto de ADN que tampoco correspondía. Otro más, en uno de los videos que obtuvo la fiscalía para reconstruir la huida de los asesinos, aparecía una persona cuyo aspecto –su ropa, su envergadura– difería del de los detenidos.

Peña y Leopoldo Maldonado, uno de los abogados de Rubén, presentaron a la fiscalia una lista de 55 puntos a investigar. La fiscalía se negó. Como en el caso de Digna Ochoa, promovieron un amparo, el juez se lo concedió. La fiscalía contestó alguno de los puntos y los abogados volvieron a recurrir al amparo para que contestaran todos.

“La jueza”, dice Maldonado, “quería cerrar el caso, pero tuvo que pedir un tercer peritaje para determinar si Omar estuvo o no en el departamento”. El tercer peritaje llegará a mediados de agosto y entonces nada impedirá que el juzgado 25 penal proceda contra los detenidos.

Peña dice que hagan lo que hagan promoverán un amparo tras otro para que la fiscalía investigue cada detalle del caso. “La procuraduría sigue planteando que la investigación ha sido perfecta. Y no lo es”, zanja Maldonado.