México reclama a Nicaragua por el trato a sus ciudadanos

Tras décadas de esfuerzo para formarse una imagen internacional de paraíso tropical seguro y pacífico, abierto al mundo y que recibe a los extranjeros con los brazos abiertos, Nicaragua se ha convertido en un país hostil, donde el Gobierno del presidente Daniel Ortega, cada vez más autoritario, captura sin justificaciones aparentes, encarcela en celdas denunciadas como centros de tortura y expulsa del país a los extranjeros que considera como una “amenaza”. Los riesgos son mayores si se trata de periodistas, fotógrafos o académicos que llegan para retratar la realidad de esta nación centroamericana.

Recientemente el gobierno de México emitió una advertencia a los mexicanos que pretenden visitar Nicaragua o que residen en este país para que tomen medidas de seguridad, que incluyen reportar el viaje en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior o con la representación mexicana en Managua. “Las autoridades nicaragüenses están en permanente alerta ante cualquier incidente que pudiera agravar la situación” de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, advierte el gobierno mexicano.

México ha sido uno de los países que recientemente ha tenido que reclamar a Nicaragua por el trato dado a varios de sus ciudadanos. El caso del joven estudiante Jobany Torres, quien estuvo 12 días detenido en las celdas de Auxilio Judicial en Managua (denunciadas por defensores de derechos humanos como centro de tortura y popularmente conocidas como El Chipote) se une el de la académica Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center de Washington. Ríos llegó a Nicaragua para realizar una investigación relacionada al crecimiento económico y la desigualdad, estudio que lleva a cabo en varios países. La académica, quien cuenta con un doctorado por la Universidad de Harvard, denunció que tras un día de estadía en Managua fue “perseguida” por la Policía de este país. Ríos contó que los oficiales estuvieron en el hostal donde se hospedaba y la siguieron hasta la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde tenía programada una entrevista. La académica se comunicó con el consulado mexicano en la capital nicaragüense, que le dio protección, la asesoró y recomendó que dejara el país. “Claro que sentí miedo, sobre todo me sorprendió porque la investigación que yo estoy realizando es de corte completamente académico, no periodística, y entonces me sorprende que estén interesados en algo así”, dijo Ríos a la revista Confidencial, de Managua.

El fin de semana fueron detenidos otros cuatro ciudadanos mexicanos, que formaban parte de un grupo de seis jóvenes que componen la denominada “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”, quienes estaban de paso en el país y se habían citado con campesinos que se oponen a la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua. Los jóvenes enseñaban a los campesinos de la pequeña comunidad de La Fonseca –en el Caribe sur de Nicaragua– a construir cocinas artesanales ecológicas, cuando hubo una explosión por manipular material inflamable. Al lugar se presentaron oficiales de la Policía y bomberos. Los jóvenes fueron detenidos junto a algunos campesinos, que más tarde fueron liberados. Los extranjeros fueron trasladados a Managua y desde entonces se desconoció su paradero. El presidente Ortega los acusó directamente de “manipular explosivos” e intentar alterar la paz y pidió que se investigara el hecho.

Se trata de los mexicanos Emmanuel de la Luz Ruíz, Salvador Tenorio Pérez y Eugenio Pacelly Chávez Macedo. También Daniel Espinoza Giménez Cacho –que además ostenta nacionalidad española–, hijo de Julieta Giménez Cacho García, directora de la Casa del Lago, y sobrino del actor Daniel Giménez Cacho. La caravana también la componían la argentina Ana Laura Rodríguez y el costarricense Bayron Francisco Reyes Ortiz. Los jóvenes habían entrado a Nicaragua sin problemas en su ruta por la región.

El embajador de México en Nicaragua, Miguel Díaz Reynoso, desarrolló una intensa labor diplomática para conocer el paradero de los detenidos, ofrecerles asistencia legal y junto a los diplomáticos de España, Argentina y Costa Rica exigir su liberación. Tras 48 horas detenidos, la Fiscalía de Nicaragua informó el lunes que no acusaría formalmente a los jóvenes, mientras que organismos de la sociedad civil organizaron protestas en varias instituciones del Estado para exigir su liberación. Los jóvenes fueron liberados horas después. Los mexicanos fueron enviados de forma secreta a la frontera con Honduras, mientras que el costarricense y la joven argentina fueron expulsados, también por tierra, a Costa Rica. El Gobierno de Nicaragua no ha explicado por qué los mantuvo detenidos por tanto tiempo.

Ciudadanos estadounidenses también han sido expulsados de este país centroamericano. El 14 de junio fue echado de Nicaragua el politólogo Evan Ellis, experto en las relaciones entre China y América Latina y profesor e investigador del Colegio de Guerra del Departamento de Defensa. Ellis llegó a este país centroamericano para realizar una investigación sobre el proyecto del Canal Interoceánico. Entró sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Managua, pero horas después oficiales de Migración llegaron a su hotel y le dijeron que “no tenía una autorización oficial para realizar investigaciones en Nicaragua sobre el canal interoceánico”. Ellis fue expulsado hacia Miami. Junto con él también fueron echados dos funcionarios estadounidenses que habían llegado al país a certificar a empresas nicaragüenses que exportan a Estados Unidos. Esta expulsión alarmó a la empresa privada del país, porque teme que afecte las exportaciones de productos nicaragüenses a mercado estadounidense. Laura Dogu, embajadora de Washington en Managua, dijo que esta decisión tendrá un “impacto negativo en relaciones bilaterales” entre ambos países.

Estos casos se unen a la una lista de 16 extranjeros expulsados por el gobierno de Ortega, que incluyen periodistas, fotógrafos, cineastas, investigadores académicos, funcionarios de Naciones Unidas, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, ciudadanos extranjeros considerados “no gratos” por el gobierno y hasta Carlos Ariñez Castel, ciudadano de origen boliviano y compañero sentimental de la hijastra de Ortega, Zoilamérica Narváez, quien en 1998 acusó al presidente por violación. Narváez y Ariñez viven exiliados en Costa Rica.