¿Protección de la democracia o defensa de la soberanía?

Mientras se realizan algunos esfuerzos para adelantar un diálogo entre la oposición democrática y el gobierno de Nicolás Maduro, con el apoyo de los expresidentes Rodriguez Zapatero, Fernández y Torrijos, para resolver la gravísima crisis política, económica y social que ha colocado al país al borde del colapso y de un peligroso estallido social, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el ejercicio de las atribuciones que lo otorga la Carta de la OEA, invoca la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que recoge el compromiso de todos los Estados de la región, de promover y garantizar el derecho de los pueblos a vivir en democracia.

Entre tanto, por iniciativa de México y Argentina, el Consejo Permanente examinó, por primera vez, la situación en Venezuela. No se activó en esa reunión la Carta Democrática Interamericana. Más bien se exhortó, una vez más, al diálogo entre oposición y gobierno, lo que resulta normal al menos en una primera fase del tratamiento de una crisis, cuyo objetivo según se infiere de las intervenciones de muchos, es lograr que el régimen respete la Constitución y el Estado de Derecho, libere los presos políticos y cese la persecución judicial en contra de disidentes y críticos; y, acepte la convocatoria del Referéndum Revocatorio este año, en pocas palabras, que respete el orden constitucional.

Si bien hubo un avance en esta dirección, como se refleja en la resolución del Consejo Permanente de la OEA adoptada entonces, la consideración del tema sigue secuestrada por la interpretación de principios fundamentales de Derecho Internacional y de las relaciones internacionales que si bien una vez se mostraban rígidos, en beneficio de la competencia exclusiva del Estado sobre su territorio, los bienes y las personas que se encuentran en él, hoy ceden ante las nuevas realidades que colocan ciertas materias, como el respeto de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la democracia, fuera de sus jurisdicciones exclusivas, y las colocan en espacios comunes del interés colectivo.

Lamentablemente, en esta reunión del Consejo muchas delegaciones que intervinieron recurrieron, como en épocas anteriores, en una suerte de “curación en salud”, al concepto “soberanía” y al principio de “no injerencia en los asuntos internos de los Estados”, para evadir su responsabilidad ante la violación de los derechos de los ciudadanos y la defensa de la democracia y los derechos fundamentales en Venezuela.

La Carta Democrática no es necesariamente un instrumento sancionador. Es más bien un mecanismo para proteger un bien colectivo fundamental, el derecho que tienen todos los pueblos a vivir en democracia y la obligación de todos los Estados de garantizar su ejercicio cabal, como se establece en su artículo 1. Lo que pretende este instrumento es facilitar la solución de una crisis y que el Estado que “rompe el orden constitucional” rectifique y restituya la legalidad.

Afirmar que en algún país se ha violado el derecho a vivir en democracia, no puede hoy en día significar “violar” la soberanía de un Estado, mucho menos una injerencia en sus asuntos internos. Por el contrario, “intervenir” en este sentido es una respuesta a la violación de derechos fundamentales. La “intervención legítima” busca la protección de un bien que nos pertenece a todos como ciudadanos, en forma individual; y como pueblos, en forma colectiva, lo que coloca su defensa por encima de cualquier otra consideración.

Impedir que la comunidad internacional conozca las situaciones que ponen en peligro la democracia y que exija de algún gobierno su respeto, lejos de contrariar la soberanía, la fortalece en beneficio de los pueblos.

Víctor Rodríguez Cadeño es exembajador Alterno de Venezuela ante Naciones Unidas en Ginebra