Un grupo de pobladores secuestran a un alcalde de Oaxaca por incumplir con una obra

Un alcalde de Oaxaca fue retenido durante cuatro días por un grupo de pobladores armados con palos, que lo golpearon y amenazaron con lincharlo por una acusación de desvío de recursos. Fernando Vicente Cruz, presidente de San Juan Bautista Valle Nacional (en el norte de la entidad), fue sacado el domingo del Ayuntamiento por un grupo de habitantes y trasladado a una localidad indígena aledaña al lugar, donde era resguardado por sus captores. La tarde de este miércoles el funcionario finalmente fue liberado, confirmó el Gobierno del Estado a este diario.

Los pobladores aseguran que el munícipe prometió una obra pública que no cumplió y han exigido a las autoridades estatales entre tres y diez millones de pesos (entre 166.000 y 550.000 dólares) para concluir la construcción y así liberar al alcalde que está próximo a concluir su cargo. La obra consiste en una casa comunitaria que debió haber quedado lista en 2015, pero no fue así. En septiembre del año pasado los habitantes obligaron a Cruz a firmar un compromiso para concluirla el 26 de enero de este año. En caso de no cumplir, debía renunciar. Una vez que se llegó el plazo le otorgaron otra prórroga, pero nuevamente la obra no quedó concluida.

Un grupo de representantes del Gobierno de Oaxaca intentaron negociar desde el domingo con los habitantes del poblado, pero pidieron que primero liberaran al edil. Los habitantes se negaron y reiteraron la exigencia de un pago a cambio de su liberación. Las autoridades estatales han dicho que la obra avanza y no pueden ceder al chantaje porque sería cometer un delito. La comunicación entre el Gobierno y los hombres que mantienen retenido al alcalde se dio a través de un teléfono rural debido a lo alejado de la comunidad donde lo tenían escondido.

La tarde de este lunes el alcalde fue liberado después de que funcionarios del Ayuntamiento entregaran 1,5 millones de pesos (unos 83.000 dólares) a los pobladores del municipio como un anticipo para continuar con la obra inconclusa, según informó la Secretaría de Gobierno de Oaxaca. Fernando Vicente Cruz fue revisado por un médico y se encuentra bien de salud. Su administración concluye el último día de este año.

En México hay un descontento social contra la clase política. El próximo 5 de junio habrá cambio de mandatarios en 12 Estados del país y los políticos dejarán sus cargos en medio de acusaciones de endeudamiento público, desvío de recursos, corrupción e inseguridad. El panorama de cambio de Gobierno tampoco es muy alentador. Durante las campañas, la mayoría de los contendientes estuvieron envueltos en una tremenda guerra sucia. En Veracruz, por ejemplo, Miguel Ángel Yunes ha sido acusado de pederastia, mientras que su primo Héctor Yunes Landa es señalado de un supuesto desvío de recursos de programas sociales hacia su campaña política.

En Oaxaca, uno de los Estados con mayor pobreza en el país, el próximo domingo se renovarán la gubernatura, 42 diputaciones locales y 570 alcaldías, incluida la de San Juan Bautista Valle Nacional donde el edil continúa secuestrado. El candidato José Antonio Estefan, la apuesta del actual Ejecutivo estatal para el máximo cargo público en Oaxaca, ha sido acusado de tener una cuenta en Texas (EE UU) que forma parte de una investigación del Departamento del Tesoro por actos de corrupción. El otro contendiente por el gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Murat, y su padre José Murat -quien gobernó la entidad entre 1998 y 2004-, han sido acusados de tener propiedades que no corresponden con sus ingresos declarados. 

México es un país marcado por la corrupción. Al día se sanciona un promedio de 22 funcionarios por haber incurrido en diversos actos de desvío de recursos, según un reporte de la Secretaría de la Función Pública. Pese a ello, normativas torales como la ley anticorrupción continúan detenidas en el Congreso de la Unión. El paquete de leyes secundarias debió haberse desahogado antes del 30 de abril que venció el periodo ordinario de sesiones, pero los desacuerdos partidistas frenaron las medidas. El Sistema Nacional Anticorrupción crea mecanismos para detectar, sancionar y denunciar a cualquier servidor público que sea partícipe de corruptelas.