Larga mano: poder y narcotráfico

Se ha armado gran revuelo. Eso, a partir de un reportaje televisivo sobre Joaquín Ramírez Gamarra, poderoso congresista peruano y nada menos que secretario general y financista del movimiento Fuerza Popular, con el que postula Keiko Fujimori a las elecciones presidenciales del próximo domingo 5 de junio

El reportaje revela que Ramírez está siendo investigado por la DEA en EE UU por supuesto delito de lavado de dólares provenientes del narcotráfico. En ese mismo reportaje, un informante peruano de la DEA da cuenta de la supuesta participación de Ramírez “lavando” dólares a través de una cadena de gasolineras.

Prevaleciendo el principio de presunción de inocencia, no se puede afirmar que Ramírez —o cualquiera— sea culpable porque así lo dice un reportaje o porque esté siendo investigado. Es la justicia la que tendría que determinarlo. Pero el hecho es que el escándalo suscitado y el tema de por medio —relación entre narcotráfico y política— ponen sobre el tapete al menos dos asuntos fundamentales.

Lo primero es que hay historia comprobada en las conexiones entre el régimen fujimorista (1990-2000) y el narcotráfico. Por ejemplo, hechos —judicialmente comprobados— sobre las relaciones de altos niveles del Gobierno de Alberto Fujimori con el narcotráfico. Lo del caso Vaticano y el tráfico de armas a las FARC es ilustrativo.

Demetrio Chávez, alias Vaticano, uno de los máximos capos del narcotráfico en el Perú de los noventa, declaró judicialmente que realizaba su actividad “exportadora” con la anuencia y complicidad de Montesinos —brazo derecho de Fujimori—, a cambio de un pago de 50.000 dólares mensuales para que se le permitiera la salida de cocaína para el cartel de Medellín.

Por su lado, el expresidente colombiano Andrés Pastrana ha señalado que Alberto Fujimori y su asesor Montesinos usaron dinero del capo brasileño del narcotráfico Luiz Fernando Da Costa, Fernandinho, para comprar 50.000 fusiles jordanos y revendérselos a las FARC en 1999. Esto lo recordó en su libro Memorias Olvidadas (2014). Por estos hechos Montesinos fue condenado por los tribunales a 20 años de prisión en 2006. Cuánto pesa esta historia en los herederos políticos del presente es algo que la realidad irá despejando.

El segundo asunto fundamental que el tema suscita es que en el entrecruzamiento de narcotráfico con política, el sistema legal y los dirigentes políticos tienen una responsabilidad fundamental para prevenir la manipulación de la política por el narco.

No todo es pasividad, felizmente. Ramírez, por ejemplo, está siendo materia de un enjundioso examen por la justicia peruana desde hace dos años. En casi 1.500 páginas la procuradora en Lavado de Activos sustentó a fines del 2014 la necesidad de procesar judicialmente varias operaciones inusuales e inexplicables en el patrimonio de Ramírez. Una fiscal provincial inició luego el trámite para su investigación, que se encuentra trabada en el trámite para el levantamiento de la inmunidad (fuero) de Ramírez por el Congreso.

Frente a las luces y sombras del sistema legal los dirigentes políticos no pueden ser meros observadores, tienen una responsabilidad fundamental: informarse bien sobre la trayectoria y patrimonio de sus colaboradores. Por eso es muy grave el énfasis con el que Keiko Fujimori ha declarado: “Jamás he preguntado a él ni a otros participantes de nuestro grupo político sobre sus negocios o patrimonio”.

¡Claro que tenía que preguntar! Para no acabar siendo cómplice, con su ambigüedad, de un personaje cuestionado por la justicia. Una conducta pasiva es protectora del delito. Que Ramírez haya dado “un paso al costado” —mientras sigue siendo militante y financista de FP— no cambia las cosas ni aclara qué se hará frente a este caso de posible narcopolítica o los que viniesen en el futuro.