La justicia mexicana absuelve a los militares acusados de homicidio en Tlatlaya

La fiscalía mexicana ha informado esta noche de la absolución de los tres soldados acusados de homicidio en el caso Tlatlaya. Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández y otros cinco militares protagonizaron un enfrentamiento contra presuntos integrantes de un grupo delictivo la madrugada del 1 de julio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México, a cuatro horas de la capital. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informaba entonces que los agresores, 22, habían muerto durante el enfrentamiento y un soldado había resultado herido.

A tres meses de lo ocurrido, una testigo, Clara Gómez, dio una versión distinta a la de la Sedena. Gómez decía que el enfrentamiento había ocurrido, pero que luego los militares habían ejecutado a los supervivientes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó el asunto y concluyó que habían asesinado a entre 12 y 15. La fiscalía federal bajó la cifra a 8. Los investigadores acusaron a tres de los soldados, Quintero, Acevedo y Hernández, de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo. Ahora un tribunal federal ha desechado las pruebas de la fiscalía y ha ordenado la liberación de los tres, que permanecían en la prisión militar del Campo Militar Número 1, cercano a la Ciudad de México.

Antes, en octubre del año pasado, un juez ya liberó a los otros cuatro elementos castrenses implicados, tres elementos de tropa y un oficial, el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez. La fiscalía mexicana los acusaba de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento. El juez los liberó por un error de la propia fiscalía: los investigadores nunca explicaron a los soldados quien les acusaba, ni les dejó reunirse con sus abogados.

También en octubre, la justicia castrense concluyó el proceso que seguía contra los militares y absolvió a todos menos al teniente. El tribunal militar condenó a Ezequiel Rodríguez a un año de cárcel, tiempo que ya había cumplido en el Campo Militar Número 1.

El abogado de Clara Gómez, Santiago Aguirre, integrante del equipo jurídico del Centro Miguel Agustín Pro Juarez, declaró que la absolución de los soldados en el fuero militar adelantaba la impunidad a la que se avocaba el caso.

En julio de 2015, Aguirre y sus colegas presentaron un informe sobre la evolución del proceso judicial a un año de lo ocurrido. El aspecto más destacado era un documento que habían encontrado en el expediente, una orden operativa del mando del 102 Batallón de Infantería, al que estaban adscritos los soldados, al responsable de la base de operaciones del batallón, el teniente Ezequiel Rodríguez. En la orden, el mando del 102 batallón decía: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Pese a la orden, ni la justicia civil ni la militar han encausado a un oficial superior –capitanes-, o a un jefe militar –mayores, tenientes coroneles y coroneles-, o a un general por el caso Tlatlaya. Y no es sólo por la orden. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, documentó en su informe la presencia de mandos del Ejército y la Marina en el lugar de los hechos aquel día.

El enfrentamiento y las presuntas ejecuciones ocurrieron en torno a las 5 de la madrugada. Militares de otros batallones y marinos acudieron en las horas siguientes, antes de que llegaran los investigadores de la fiscalía del Estado de México, pasado el mediodía. En ese tiempo, la CNDH afirma que alguien modificó el lugar de los hechos, movió cuerpos y armas. Incluso desaparecieron lo0s teléfonos celulares de las víctimas.

En su comunicado de esta noche, la fiscalía mexicana ha dicho: “Conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de la República acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.