Censura, corrupción y crisis fiscal en Ecuador

Desde su llegada al poder en 2007 Rafael Correa se ha caracterizado por su corte autoritario. Mucho se ha escrito sobre sus ataques a la prensa, la corrupción, y más recientemente, el mal manejo de la economía. Pero no fue sino hasta el pasado 16 de Abril, cuando un terremoto de magnitud 7.8 afectó a gran parte del país, que mucha gente comenzó a entender que, en momentos de crisis, los problemas políticos y económicos tienen efectos directos sobre la vida de las personas.

Luego del terremoto, muchos medios de comunicación, atados de manos y por miedo a sanciones, tardaron más de 24 horas en comenzar a informar y reportar sobre lo que estaba pasando. Ello por que la ley de comunicaciones prohíbe y amenaza con severas sanciones a quienes publiquen información que pudiese alterar el orden público. A consecuencia de esto, tanto dentro como fuera de Ecuador, la gente tuvo que vivir horas de total incertidumbre sin poder conocer la verdadera magnitud del sismo.

Ante la falta de información y la tardía respuesta del gobierno, la sociedad civil comenzó a organizar diferentes canales de ayuda a través de las redes sociales, una de las más claras expresiones de la actitud solidaria del pueblo ecuatoriano. La respuesta del gobierno, lejos de apoyar estas expresiones solidarias y estos esfuerzos, no hizo más que amedrentar, amenazar y coartar a muchos que intentaban ayudar. Alcanza con escuchar las amenazas del propio Rafael Correa de enviar a prisión a quién se quejase.

El pasado 26 de Abril, el Gerente General de la empresa estatal Petroecuador fue detenido al intentar salir del país con más de 100 mil dólares en efectivo. Esto ocurrió luego de que su nombre apareciera directamente relacionado a una serie de empresas en Panamá las cuales habían sido beneficiarias de contratos millonarios con la petrolera estatal. Para sorpresa de pocos, Bravo fue inmediatamente liberado. Este y otros reportes de prensa posteriores, dejaron a la luz los altísimos niveles de corrupción y despilfarro de dinero público que desde hace años existen en el sector petrolero del país, sector que fue, durante los gobiernos de Rafael Correa, la principal fuente de ingresos del país.

Pero la corrupción está presente también en otras áreas estratégicas. Por ejemplo, el gobierno ecuatoriano se encuentra negociando con el Gobierno de Dubai la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas, a pocos kilómetros del Puerto de Guayaquil. Dichas negociaciones incluyen cláusulas perjudiciales para la industria exportadora. El Presidente de la Asociación de Exportadores de Banano dijo que el nuevo puerto incrementaría los costos de transporte, restando competitividad a la industria. Pero el interés del gobierno ecuatoriano no parece ser el de proteger la competitividad de sus industrias, sino sus propios intereses personales: una firma de abogados de la cual el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, es socio activo, se encuentra en el medio de la negociación.

Durante las presidencias de Rafael Correa entre 2007 y 2015 los ingresos petroleros llegaron a los 80 mil millones de dólares. Un monto comparativamente abultado, si se tiene en cuenta que los ingresos petroleros del periodo 1993-2006 rondaron los 22 mil millones. Sin embargo, su negativa a mantener un fondo anti cíclico para momentos de crisis dejaron al país en una situación de vulnerabilidad. Economistas estiman que, ante el terremoto, el gobierno cuenta con menos de $150 millones de dólares en efectivo en las arcas fiscales. Esta irresponsabilidad, una vez más, muestra su peor faceta en una emergencia.

¿Cuántas vidas más se pudieron haber salvado si el gobierno contase con mayores recursos económicos?, ¿o si durante estos años no se hubiese dilapidado tanta plata en actos de corrupción?, ¿o si en lugar de atacar a la solidaridad de la sociedad civil, se la hubiese promovido activamente?

Cuando dentro y fuera de Ecuador se defiende la libertad de expresión, cuando la prensa denuncia casos de corrupción, cuando expertos critican el camino en el que se está dirigiendo la economía, no es por un simple capricho con un presidente que puede o no gustar. Es por que la falta de libertad de expresión, los altísimos niveles de corrupción y el irresponsable manejo económico, en circunstancias como estas pueden costar la vida de miles de personas.