La justicia peruana investiga al expresidente Toledo
El mandatario está acusado de lavado de activos a través de una firma ‘offshore’
La etapa más intensa de la campaña electoral, entre enero y abril, le dio un respiro al expresidente peruano Alejandro Toledo respecto al caso Ecoteva: presunto lavado de activos a raíz de la compra de dos inmuebles por más de 4,8 millones de dólares a nombre de la offshore Ecoteva, cuyo directorio presidía Eva Fernenbug, suegra del economista. Pero una vez conocidos los resultados de los comicios generales del 10 de abril, en que obtuvo solo el 1,3% de los votos, el juzgado penal 16 de Lima decidió procesarlo.
“Existen suficientes elementos y mérito para continuar investigando a Alejandro Toledo”, indica la resolución del juez Abel Concha, que dispone también el inicio de la instrucción, por lavado de activos, a la esposa del expresidente, Eiane Karp; su amigo el empresario y millonario Josef Maiman; su exasesor de seguridad, Abraham Dan On; su hijo Shain Dan On, y David Eskenazi, exapoderado legal de Fernenbug.
La lectura de la resolución duró cuatro horas y no incluyó a la suegra de Toledo, debido a que en enero un magistrado del juzgado penal 47 de Lima declaró fundado un habeas corpus a favor de la octogenaria ciudadana belga y la excluyó de la indagación fiscal.
Cuando la prensa peruana reportó en 2013 la compra, por parte de Fernenbug, de una casa en la exclusiva urbanización Casuarinas y una oficina en un edificio nuevo de lujo en un distrito del sur de Lima, la primera reacción de Toledo fue afirmar que la madre de su esposa tenía dinero a causa de las indemnizaciones que recibió como superviviente de la Segunda Guerra Mundial.
Cambio de versión
“Mi suegra es una sobreviviente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, infausto acontecimiento en el que perdió a sus padres y hermanos”, dijo entonces el expresidente, pero los medios de Lima documentaron que el estándar de vida de Fernenbug en Bruselas era de clase media, y que las reparaciones que pudo haber recibido no le alcanzarían para esas inversiones.
Entonces, Toledo cambió la versión y dijo que su amigo Maiman prestó dinero a su suegra para hacer negocios inmobiliarios en Lima. Luego, Melvin Rudelman, el notario costarricense que abrió la firma Ecoteva, informó de que el político pidió abrir la empresa y fue quien decidió el nombre. El líder de Perú Posible se enredó desde entonces con declaraciones que no fue capaz de sustentar, y poco a poco los principales dirigentes de su partido lo abandonaron y pasaron a otras formaciones. El día anterior a la resolución del juez Concha, la congresista de esa organización política, Carmen Omonte, también abandonó sus filas.
La investigación de la fiscal Manuela Villar, que el juzgado hizo suya, indica además que Ecoteva pagó 500.000 dólares de las hipotecas de las viviendas de Toledo-Karp en Lima y en Punta Sal, un balneario del norte del país. El expresidente comentó en Twitter que está en Lima “para enfrentar las acusaciones sin fundamento”.
La fiscal sostiene que el dinero de Ecoteva —y de otras firmas similares, Ecostate y Ashdan— procede de actos de corrupción durante el Gobierno (2001-2006), como sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa por la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
Desde el retorno a la democracia en 1980, Toledo es el segundo presidente de Perú que debe acudir a los tribunales; en 2009, el expresidente Alberto Fujimori recibió una condena de 25 años de prisión por corrupción, secuestro agravado y homicidio.
