La ofensiva judicial contra Kirchner se acerca ya a una novela de espionaje
Los jueces buscan delatores y no se descarta que la expresidenta vaya a prisión. Localizado un hombre clave fugado en Paraguay
La actualidad argentina pasa por un edificio enorme y cuasisoviético cerca del Río de la Plata. Es Comodoro Py, donde trabajan los jueces federales que investigan la presunta corrupción del entorno de la familia Kirchner y que, tras el cambio de Gobierno, parecen tener mucha prisa. Causas dormidas durante años, mientras los Kirchner estaban en el poder y presionaban con dureza a la justicia, se aceleran ahora que Mauricio Macri está en la Casa Rosada. Las noticias se suceden a velocidad de vértigo y ahora además con elementos propios de una novela de espionaje. El último episodio novelesco ha sido el de Jorge Oscar Chueco, un fugado que despareció de Argentina e intentó suicidarse en Paraguay, donde fue finalmente detenido.
Chueco es un abogado vinculado a Lázaro Báez, el empresario más cercano a los Kirchner, que pasó de ser un cajero de banco a hacerse con toda la construcción pública en Santa Cruz, la provincia donde empezó el poder del kirchnerismo. Ahora es un multimillonario que viaja en avión privado y acaba de ser encarcelado por presunta corrupción.
Varios jueces acorralan al entorno de los Kirchner e incluso a la propia expresidenta. Su abogado, Raúl Zaffaroni, que fue juez de la Corte Suprema, ha dicho que es posible que el juez Claudio Bonadío ordene encarcelarla. Cristina Fernández de Kirchner ya demostró que está dispuesta a movilizar a toda su gente para impedirlo y organizó la semana pasada un gran mitin a la puerta de los juzgados cuando fue llamada a declarar.
Pero los jueces, más que buscarla a ella –solo Bonadío está en ello de momento- se esfuerzan por intentar encontrar delatores en su entorno que puedan dar cuenta de los millones de dólares de la llamada “ruta del dinero K” que según los opositores sería la prueba definitiva de la corrupción de los Kirchner.
Cada paso parece más una novela de espías de enorme tensión. "Tengo miedo, pero aviso: ni mi papá ni mi familia nos queremos «suicidar»", escribió en twitter Florencia, la hija del fiscal Guillermo Marijuán, que ha decidido pedir la imputación de la expresidenta por presunto lavado de dinero.
Todas las causas están aparentemente relacionadas y tienen como protagonistas a Báez y el entorno de los Kirchner. La que más preocupa a los kirchneristas es la de Hotesur, la empresa de los hoteles de la expresidenta que habrían sido utilizados presuntamente para lavar dinero de Báez.
Los jueces presionan para buscar arrepentidos que delaten y aparentemente ya han encontrado uno: Leonardo Fariña, que después de dos años ha salido de la cárcel para acogerse al programa de protección de testigos. Fariña apuntó a Chueco y otros en su declaración. Ahora muchos esperan que Chueco, ya expulsado de Paraguay y controlado por la justicia argentina, también hable y ofrezca nuevos elementos.
Pero la verdadera pieza mayor que persigue la justicia es que hable el propio Báez, que en un primer momento, antes de ser detenido, amenazó con hacerlo –llegó a decir que la hermana de Néstor Kirchner, Alicia, actual gobernadora de Santa Cruz, no podía “justificar su fortuna”- pero ante el juez cambió de idea y mantuvo su silencio.
Por si fueran pocos problemas judiciales, el otro gran empresario kirchnerista, Cristóbal López, un hombre que ya era rico antes de acercarse a los Kirchner pero después se hizo mucho más poderoso, también está siendo acorralado con varias causas. Otro fiscal ya ha pedido que sea llamado a declarar mientras sus empresas viven una situación muy preocupante. López, zar del juego argentino, fue el gran empresario de medios de comunicación del kirchnerismo. Compró varias televisiones y radios privadas y logró que cambiaran de la crítica al apoyo a los Kirchner. Ahora sus medios viven situaciones muy delicadas y todo el imperio corre el riesgo de derrumbarse mientras su jefe se prepara para un largo recorrido por los tribunales.
El kirchnerismo y la propia presidenta trata de mantener su poder y conserva una gran capacidad de movilización, pero los jueces pueden acabar de destruir definitivamente su imagen y también su entorno empresarial
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