La justicia mexicana estrecha el cerco sobre los maestros en Oaxaca

Oaxaca continúa siendo el centro simbólico de la esforzada implantación de la reforma educativa mexicana. El Estado pobre del sur del país fue el escenario el año pasado de los enfrentamientos más duros con la facción del sindicato de maestros más activa en la protesta. El Gobierno llegó a desmontar en otro pulso el organismo de gobierno educativo local, dominado tradicionalmente por el sindicato. Hasta un colegio de Oaxaca viajó en febrero, ya con las aguas más calmadas, el secretario de Educación para certificar ante los focos que la reforma avanza. Y el último capítulo por ahora han sido dos sentencias publicadas esta semana contra el grupo de maestros que se ausentaron de las aulas durante las protestas.

Las sentencias son la respuesta a tres demandas de amparo presentadas por familias oaxaqueñas que contaron con la asistencia de los abogados de Mexicanos Primero, una organización civil que ha apoyado la reforma desde su inicio. Las demandas impugnaron las ausencias de los profesores durante los largos meses de protesta. “En junio de 2015 la dirigencia de la sección 22 de la CNTE [la facción sindical más belicosa] llamó a paro magisterial dejando a buena parte de los niños de Oaxaca sin clases por más de dos semanas seguidas”, subraya la organización en un comunicado. Dos jueces federales en materia administrativa les dieron la razón esta semana y los profesores podrían ser apartados de sus puestos.

Con el consenso de los grandes partidos, el Gobierno mexicano abrió el melón educativo en 2012. Tras una reforma constitucional, el nudo gordiano del proyecto pasaba por reordenar el acceso y evaluación de los docentes así como una recentralización de algunas competencias —como el pago de nóminas— en el Estado federal. La reforma impone el concurso obligatorio, dejando atrás un modelo de plazas heredadas y control sindical producto del México clientelar anterior a la apertura democrática.

Las pruebas de evaluación de los docentes ya han comenzado. Los primeros resultados arrojaron que 70.000 maestros de educación primaria y bachillerato –uno de cada dos– aprobaron por la mínima. Otros 3.360 profesores no se presentaron a las pruebas y serán despedidos.

Los primeros resultados arrojaron que 70.000 maestros de educación primaria y bachillerato –uno de cada dos– aprobaron por la mínima

Los demandantes esgrimen el derecho de los escolares a contar con un servicio educativo de calidad. Según sus cálculos, los profesores oaxaqueños han faltado 105 días en los últimos cuatro años y 25 días sólo el año pasado. México se sitúa en el último lugar del índice educativo de la OCDE y dentro del país, Oaxaca ocupa a su vez los últimos puestos en primaria y secundaria. De cada 100 niños oaxaqueños, tan solo 30 logra terminar el bachillerato, según los cálculos de Mexicanos Primero.

La decisión final de la sanción a los profesores que faltaron a clase depende del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el organismo de gobierno educativo local, donde hasta hace poco residía gran parte del poder del sindicato tras las concesiones de los sucesivos gobernadores priistas. El Gobierno remodeló sin embargo este organismo el pasado verano desactivando así el bastión sindical.

La CNTE ha anunciado nuevo paros. “Estos Estos fallos judiciales envían un poderoso mensaje al magisterio de Oaxaca y de todo México: no es aceptable faltar a clases de manera injustificada, afectando el derecho de niños y jóvenes. Todo ciudadano, incluyendo a los maestros, tiene derecho manifestarse e inconformarse, siempre y cuando no se afecten los derechos de los niños”, sostiene el comunicado de Mexicanos Primero.