Proceso cuestionado

No huele nada bien que en un proceso electoral nacional —en especial, en sus últimas semanas— el protagonismo lo ocupe la autoridad electoral y no la competencia entre quienes aspiran a un cargo elegido. Tampoco es presentable que a un mes de la elección presidencial del 10 de abril —en desarrollo desde noviembre del 2015— no esté aún claro quiénes serán los candidatos luego de cuatro meses de iniciado el proceso electoral.

Es grave que a estas alturas todo gire sobre erráticas y contradictorias decisiones de la autoridad electoral. Hace dos días, por apretada mayoría de tres a dos, ha excluido a dos candidatos, Julio Guzmán y César Acuña, que en la última encuesta nacional de Ipsos sumaban juntos el 25% de las preferencias. La candidatura de Guzmán destacaba, además, frente a las otras 17: de acuerdo a los sondeos era la única que podría competir “de igual a igual” frente a Keiko Fujimori en una más que probable segunda vuelta.

En este terreno hay varios asuntos de fondo —jurídicos y de principios— que están en cuestión. Destacan dos.

Primero, una peculiar aplicación de la legalidad. Si una mala ley electoral —reglamentarista al extremo— es un problema, mucho mayor es su aplicación formalista por la autoridad. Subordinar el fondo a aspectos de forma subsanables no solo atenta contra el sentido común y el ejercicio del derecho constitucional a la participación política, sino contra el texto expreso de la ley de procedimientos administrativos peruana.

Principios y criterios de obligatorio cumplimiento por el administrador parecen haber sido soslayados. Por ejemplo, el informalismo, la presunción de veracidad y la celeridad como guía para la subsanación de posibles deficiencias formales en aras de no usurpar lo que debe ser resuelto por el electorado. Estos principios no deberían haber quedado de lado.

Segundo, las dudas sobre la imparcialidad o, al menos, la pericia de la autoridad judicial electoral. La madre del cordero está en el “registro de organizaciones políticas” oficial en el que no se ha estado midiendo a todos con la misma vara. El manejo del registro ha levantado dudas y sospechas. Así, mientras se busca expeler del proceso al candidato Guzmán, porque supuestamente se omitieron en su momento ciertas formalidades para constituir el tribunal electoral interno de su movimiento político, son ignorados graves actos de otros.

Así, mientras se castiga la impericia administrativa de políticos noveles, no se hace nada frente a temas administrativos semejantes o hechos delictivos de otros sobre los que la autoridad está informada. Conozco de primera mano este problema porque soy víctima de uno de ellos: se falsificó mi firma y usurpó mi nombre para hacer aparecer mi nombre como miembro de una agrupación política, cuyas siglas son UPP. Nada se ha hecho al respecto. No sólo esa organización sigue vivita y coleando como parte de un frente electoral, sino que su candidato presidencial —gran paradoja— es uno de los que presentó tachas contra Guzmán por asuntos formales.

Este no es un debate jurídico cualquiera. Tiene que ver con el fundamental derecho a la participación política. Desde que se restableció la democracia en el Perú a fines del 2000, ningún proceso electoral nacional se había visto enrarecido.

Una autoridad tan controvertida debería ceder el paso a la decisión del electorado entre todas las candidaturas que a su tiempo se inscribieron. Como lo han planteado muchos, a estas alturas no deberían proceder exclusiones de nadie ni son asuntos que debieran resolver tres personas.

La gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño que podría generarse abre el camino de que quienes se sientan afectados soliciten medidas cautelares ante el sistema interamericano de derechos humanos. Ya Guzmán anunció que lo hará. Esto se podría haber evitado.