La mitad de los funcionarios mexicanos rehúyen la transparencia

Los servidores públicos mexicanos huyen de la transparencia. El 53% (124.563) de los funcionarios del Gobierno federal decidieron no hacer público si existe un posible conflicto de interés en su cargo, a pesar que así lo había instruido el presidente Enrique Peña Nieto hace un año. Además seis de los 17 secretarios de Estado tampoco quisieron difundir si tienen algún conflicto de este tipo que influya indebidamente en las decisiones que toman o que les impida cumplir con las obligaciones de su cargo con objetividad e imparcialidad.

El 3 de febrero del 2015 Peña Nieto anunció una serie de medidas para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de interés. Una de ellas era que a partir de mayo, el mes en que todos los servidores están obligados a entregar su declaración patrimonial, también sería obligatorio anexar la de conflicto de interés. “Esta declaración retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, se destacó. La medida debía ser acatada por los secretarios de Estado, la fiscal general, los titulares de los órganos desconcentrados y por los servidores federales pertenecientes a 350 instituciones.

El Ejecutivo se vio obligado a instruir estas medidas en materia de transparencia porque tres meses antes de ese anuncio se había visto envuelto en un escándalo por la adquisición de una residencia en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El portal de Aristegui Noticias dio a conocer que la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente, fue construida por el grupo Higa, una empresa vinculada al consorcio que ganó el concurso del tren rápido a Querétaro y que fue anulado por sorpresa apenas dos días antes de que saliera a la luz la investigación periodística. El mismo día que anunció las medidas anticorrupción Peña Nieto instruyó a la Secretaría de la Función Pública para que investigara si él o su esposa incurrieron en algún conflicto de interés.

Un años después, los servidores públicos se resisten a ser más transparentes y a poner en práctica las medidas ordenadas por su jefe. La información entregada a este medio tras una solicitud de información expone que la dependencia donde más funcionarios se negaron a transparentar un posible conflicto de interés es la Secretaría de Gobernación, seguida por la Policía Federal y el Servicio de Administración Tributaria. En la Presidencia de la República, un poco más de la mitad de los funcionarios (862) también incumplieron con la instrucción.

Los seis secretarios de Estado que optaron por no hacer público algún posible conflicto de interés son el titular de la Marina, Vidal Francisco Soberón; la secretaria de salud, Mercedes Juan, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, el titular de Desarrollo Social, José Antonio Meade; el de la Secretaría de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano y el de Economía, Ildefonso Guajardo.

Uno de los primeros funcionarios en declarar que podría tener un posible conflicto de interés fue Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía. El pasado 21 de mayo, cuando actualizó su declaración patrimonial, también dijo que tenía acciones en seis empresas dedicadas a la compra-venta de gasolinas. Los porcentajes de participación oscilaban entre el 20 y 60% en acciones y la antigüedad en estas sociedades era de hasta dos décadas.

Seis de los 17 secretarios de Estado tampoco quisieron difundir si tienen algún conflicto de interés

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, también publicó lo que a su juicio consideró cuatro posibles conflictos de interés. El zar anticorrupción nombrado por el presidente para investigar los escándalos inmobiliarios vinculados al grupo Higa destacó que su esposa trabaja desde el 2001 en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Su padre es socio de un despacho de abogados y presta servicios al sindicato petrolero. Uno de sus hermanos es titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior y otro de sus hermanos es consejero en el Instituto Nacional Electoral.

La declaración de conflicto de interés es primordial para conocer cómo se conducen los servidores públicos y es muy grave que el 53% no haya accedido a divulgarla, considera Edna Jaime, directora del centro de estudios de políticas públicas México Evalúa. “Esto quiere decir que hay muchos funcionarios que van a encontrarse en problemas si deciden publicar su conflicto de interés porque durante muchos años vieron con naturalidad pertenecer al servicio público y a la vez tener un interés en algún sector”.

El caso de los secretarios de Estado que cerraron la posibilidad de dar a conocer un posible conflicto de interés es más grave, dice Jaime. Ellos deberían de haber hecho pública esta declaración inmediatamente después de que se divulgaran los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto el Gobierno. “Transparentar hubiera sido una respuesta casi natural ante una crisis de credibilidad. El que no lo hayan hecho habla de funcionarios que no se sienten obligados a la rendición de cuentas. Además los secretarios de Estado son los primeros que debieron practicar con el ejemplo”, dice la analista.