El Supremo de Venezuela declara constitucional el Decreto de Emergencia Económica
El veredicto antecede pero no anula la decisión que pueda tomar la Asamblea, de mayoría opositora, que tiene hasta el viernes para aprobar o rechazar el decreto
Este miércoles la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dio su visto bueno al Decreto de Emergencia Económica promulgado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro. El veredicto antecede pero no anula la decisión que al respecto pueda tomar la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que tiene hasta el próximo viernes para aprobar o rechazar el decreto.
El Supremo venezolano está dominado por magistrados afines al chavismo, por lo que de antemano se daba por descontado que allí quedaría afirmada la Emergencia Económica, que otorga al presidente Maduro plenos poderes para legislar en el área económica durante 60 días.
En su sentencia, la Sala Constitucional determina que el decreto 2184 “atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual” y, por lo tanto, “resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el desarrollo integral del derecho constitucional”.
Entre tanto la Asamblea Nacional activó el martes la Comisión Especial encargada de estudiar los términos del Estado de Emergencia decretado por el Ejecutivo. La Comisión ha llamado a declarar a expertos en Economía y funcionarios estatales del área antes de que el pleno del parlamento vote el viernes si acepta o no el decreto. Si lo rechaza, como se espera, la declaración del Gobierno quedaría sin efecto a pesar del fallo del Tribunal Supremo.
También el martes, durante el acto de juramentación del Consejo Asesor Presidencial para la Economía Productiva, el presidente Maduro pronosticó una “confrontación” si el parlamento vota en contra del Estado de Emergencia. El mandatario venezolano advirtió que diversos factores de poder estarían presionando a la bancada mayoritaria opositora de la Asamblea Nacional para que rechace el decreto y eche por tierra la posibilidad de una concertación mínima en torno a la emergencia.
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