Los nuevos jueces, afectos al régimen

La lectura de los perfiles de los 13 nuevos magistrados principales y 21 suplentes juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela no deja lugar a dudas. Han sido y son chavistas comprometidos con la deriva del bolivarianismo.

Destacan en la lista los diputados Calixto Ortega, miembro del Parlamento Latinoamericano y exencargado de negocios de Venezuela en Washington, y Cristian Zerpa, actual parlamentario por el Estado de Trujillo (en los Andes venezolanos). También están el exvicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela Luis Damiani Bustillos, quien ha participado en la formación ideológica de los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la defensora pública de Caracas Lourdes Suárez Anderson. La nueva togada es hermana del fiscal Danilo Anderson, considerado como un mártir por el chavismo después de morir asesinado en un atentado con bomba en 2004. Anderson fue el encargado de investigar el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002 y gozaba de su plena confianza.

El resto de los nuevos miembros principales de Supremo se dividen entre quienes se desempeñaron como magistrados suplentes hasta hoy, jueces rectores en la provincia venezolana y la Intendente Nacional de Tributos del Seniat, la oficina que recauda los impuestos.

Apenas el martes hubo confirmación oficial de la cifra de cargos vacíos en el Tribunal Supremo de Justicia. La naturaleza del régimen —que juega a la desinformación y tiende a la opacidad— había impedido establecer con precisión cuántos eran. En la presentación del informe final con la lista de candidatos, el diputado Elvis Amoroso, presidente del Comité de Postulaciones, no descartó que pudieran producirse otras vacantes en los próximos días.

Para renovar parcialmente la máxima instancia judicial venezolana antes de ceder el control del Parlamento, el chavismo presionó para conseguir jubilaciones anticipadas o las renuncias de aquellos juristas cuyo mandato vencía en el futuro inmediato. Fue una maniobra que comenzó meses antes del varapalo electoral del 6 de diciembre, porque los estudios de opinión indicaban que la derrota era más que probable. Fueron seleccionados por un Comité de Postulaciones Judiciales controlado por el Gobierno. Según las denuncias de la oposición, esta instancia ni siquiera observó los lapsos legales establecidos en la ley en su carrera por entregarle las propuestas a la Asamblea Nacional antes del fin de la legislatura.

Los nuevos magistrados pasarán 12 años en el Supremo y se espera que participen de la abierta confrontación de poderes en ciernes. La oposición deberá esperar dos años, cuando se presentarán nuevas vacantes, para nombrar personas no ligadas al Gobierno. No parece fácil que pueda sustituir a los recién nombrados alegando vicios en la selección. Para poder destituirlos requeriría que el Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes públicos del Estado y que está en manos del chavismo, establezca que los togados han cometido alguna falta grave.