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Partido Verde
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Arturo Escobar: el pato verde que dispara a las escopetas

El exvocero del polémico Partido Verde evita ser procesado a pesar de que su organización acumula 35 millones de dólares en multas

Luis Pablo Beauregard
El presidente Peña junto a Arturo Escobar, vocero del Verde.
El presidente Peña junto a Arturo Escobar, vocero del Verde.

El Partido Verde de México termina el 2015 como lo comenzó: multado por violar la ley. La autoridad electoral, el INE, le impuso el miércoles una multa por 88.5 millones de pesos (5.2 millones de dólares) por una trama de corrupción inmobiliaria. En el año, el partido ha sumado más de una docena de penalizaciones. Se le ha multado por no usar materiales reciclables en su propaganda, por recibir aportaciones ilegales, por desacatar órdenes de las autoridades y por hacer campaña indebida. Las faltas se han ido acumulando y suman 35 millones de dólares, unos 595 millones de pesos, casi el doble de lo que ha recibido este año como prerrogativas oficiales.

El juego sucio ha funcionado a los verdes. En las elecciones de junio consiguieron el 7% de los votos y obtuvieron 13 diputados más que en la pasada legislatura. En 2012 tenían 29 legisladores y hoy tienen 42. Pero, ¿quién es el responsable de maquinar esa estrategia electoral basada en violar la ley? Nadie, hasta el momento. La nueva multa llega una semana después de que Arturo Escobar, exvocero del partido y uno de los barones de la organización, haya sido puesto bajo los reflectores como presunto delincuente electoral.

Santiago Nieto, el fiscal que persigue los delitos electorales en México, sorprendió el 25 de noviembre cuando pidió a un juez la captura de Escobar por haber cometido supuestas irregularidades en la campaña pasada. La decisión del fiscal obligó al político verde a abandonar la subsecretaría de Gobernación (Interior) encargada de prevenir el delito. Escobar estuvo en el cargo por más de dos meses. Llegó allí en septiembre, premiado por el PRI, el aliado de los verdes en las últimas tres elecciones.

La acción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales quedó opacada con una campaña que intentó minar la credibilidad del fiscal. Los medios cercanos al Gobierno revelaron que Nieto fue asesor del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas) en el Senado. El foco de la investigación cambió y convirtió al perseguidor en perseguido.

Escobar, que ha protagonizado polémicas como el haber sido detenido en 2009 en un aeropuerto con 65.000 dólares en efectivo, se envalentonó cuando una juez anuló la orden de captura que pendía sobre su cabeza. El político de 45 años ofreció una conferencia de prensa para asumir el papel de víctima. Dijo que se le impidió el acceso a la averiguación previa y que no se le permitió aportar pruebas a su favor. “El fiscal electoral violó mis derechos humanos al debido proceso y la defensa adecuada”, dijo Escobar. También agregó que demandará a Nieto por daño moral.

La Fiscalía decidió no apelar la decisión de la juez que frenó la orden de aprehensión. De esta forma, el exdiputado y exsenador del Verde humilló a la autoridad que había explorado la posibilidad de investigar su participación en el reparto de 10.000 tarjetas de descuentos que ofrecían beneficios a los votantes del partido.

Este miércoles, Arturo Escobar volvió a rodearse de polémica. Los consejeros del INE explicaron una enredada trama que hizo saltar las alarmas en la autoridad fiscalizadora del organismo encargado de organizar las elecciones. El partido falseó y ocultó información tras haber pagado 11 millones de pesos a Grupo Textil Joad, una empresa que le fabricaría unas camisetas. La compañía no cumplió el contrato y compensó a su cliente con tres inmuebles que fueron escriturados a nombre de un dirigente del partido y no a nombre de la organización, como debió hacerse. En el momento de la transacción, Adrián Escobar y Vega –hermano de Arturo Escobar–era accionista de la empresa textil y firmó al menos uno de los dos contratos que investigó el INE. Está por verse si la revelación da impulso a la acusación contra Escobar, el hombre que vive en el ojo del huracán.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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