Tres de cada 10 militares mexicanos suspenden el examen de confianza

El Ejército mexicano atraviesa una profunda crisis. El caso Tlatlaya y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa han puesto en duda la eficiencia de los militares en tareas de seguridad. Ahora se sabe que en sus evaluaciones internas tampoco han obtenido tan buenos resultados. En la última década tres de cada 10 militares que aspiran a asumir altos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han reprobado los exámenes de idoneidad.

Las pruebas, llamadas de control y confianza, son similares a las que han hecho miles de policías en México. Fueron instituidas por el gobierno anterior de Felipe Calderón (2006-2012) en un intento por depurar las fuerzas locales corroídas por la corrupción, la ineficiencia y la falta de recursos. Las pruebas se hicieron obligatorias para la milicia desde diciembre de 2004, pero la Sedena comenzó a contabilizar los resultados a finales de 2006. Desde entonces, 30.152 efectivos han sido evaluados, y 10.001 han reprobado, el 32,7%, revela un informe de Defensa obtenido por la ley de transparencia.

Felipe Calderón sacó a los militares de los cuarteles para llevarlos a las calles a enfrentar a los cárteles del narcotráfico. En enero de 2007, en un evento en Michoacán, el político del conservador Partido Acción Nacional –vestido con un uniforme militar verde olivo– inició la estrategia de seguridad que lo marcaría para siempre.

Desde finales de 2006, 30.152 efectivos han sido evaluados, y 10.001 han reprobado, el 32,7%

Desde entonces la participación del Ejército en la lucha contra el narco se extendió a todo el país. Ahora mismo hay entre 35.000 y 45.000 militares en las calles. Esto incrementó los cuestionamientos de ciudadanos y organizaciones sociales. Desde 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 9.000 denuncias de abusos cometidos por soldados, según un informe de este año de Human Rights Watch (HRW). Los casos comenzaron a disminuir a partir de la salida de Felipe Calderón de la presidencia en 2012. La CNDH reportó que las quejas se redujeron en un 50% para 2013. Además la imagen del Ejército ha mejorado. El 72% de los mexicanos expresa una mayor confianza en la institución, según un estudio del Centro de opinión pública del Congreso mexicano.

La infiltración del crimen organizado en los diversos cuerpos de seguridad fue tan corrosiva, que en 2009 los policías también fueron obligados a someterse al test de control y confianza. Las pruebas terminaron de aplicarse apenas el año pasado y estas arrojaron que cuatro de cada 10 policías federales no eran aptos para continuar dentro de la corporación. Un resultado parecido al de los militares.

Ahora es posible conocer la confiabilidad del Ejército. Las pruebas consisten en un test psicológico, un estudio socioeconómico y una prueba de polígrafo. Un militar obtiene un resultado reprobatorio si en el examen psicológico muestra una deficiente capacidad intelectual, una baja tolerancia a la frustración que no le permite controlar sus impulsos y evidencia conflictos con las figuras de autoridad; si en el socioeconómico presenta problemas sociales, familiares o de salud; y si en el polígrafo admite haber realizado conductas antisociales o dice mentiras.

El examen no es obligatorio para todos sus miembros. Las pruebas se realizan al personal “que se encuentre propuesto para ocupar un cargo o comisión que por su importancia lo requiera o que sea considerado de responsabilidad”, establece el informe. Entre los evaluados hay generales, jefes, oficiales e integrantes de tropa, pero no se especificó cuántos de ellos no acreditaron el examen. Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en temas castrenses, explica que las evaluaciones del Ejército son muy estrictas. “Se hacen fundamentalmente a los mandos altos (oficiales, mayores, generales) y a los que aspiran a un asenso. Las pruebas buscan corroborar que no haya involucramiento de ellos con organizaciones criminales; también se investigan sus bienes patrimoniales”. En el caso de los soldados las pruebas se hacen pocas veces y son al azar porque es muy difícil examinar a una rama tan grande dentro de la milicia.

Los cuestionamientos al Ejército no han cesado con el cambio de gobierno. En la administración de Enrique Peña Nieto, los militares se vieron envueltos en  el caso Tlatlaya

La Defensa es una institución muy cerrada. No aclara si los reprobados fueron dados de baja o reubicados a otras áreas. “Es muy difícil saber qué pasa con los que no aprueban, es información confidencial. Puede ser que haya tolerancia y sigan en activo o que sean destituidos”. Otro de los problemas de las evaluaciones es que no hay una ninguna instancia externa evaluadora, y esto hace que los resultados sean discrecionales, agrega Benítez. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una organización que promueve la seguridad y el estado de derecho, coincide en que debería haber una mayor transparencia para conocer el destino de los suspendidos. “También es muy importante saber cuántos de ellos tenían vínculos con el crimen organizado”, acota.

Los cuestionamientos al Ejército no han cesado con el cambio de gobierno. En la administración de Enrique Peña Nieto, los militares se vieron envueltos en un escándalo mayúsculo, el caso Tlatlaya. En junio de 2014, 22 personas murieron en una bodega ubicada en el municipio del Estado de México. La Sedena dijo que las muertes ocurrieron tras un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y militares, pero la versión fue puesta en entredicho por la madre de una de las víctimas. La testigo aseguraba que solo un presunto delincuente había muerto en la balacera y que el resto fueron acribillados por los militares. En un informe la CNDH confirmó que al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.

Las evaluaciones a los militares han incrementado. En 2014 la Sedena llevó a 6.116 de sus miembros a someterse a la batería de pruebas de idoneidad. Entonces se obtuvo la mayor cantidad de reprobados en la última década: 2.056. Benítez dice que estas pruebas son importantes porque son parte de los requisitos que impone Estados Unidos a México para la asignación de recursos en seguridad.