Una juez frena la aprehensión del polémico Arturo Escobar

El polémico Arturo Escobar ha librado, por el momento, la prisión. Rosa María Cervantes, una juez federal, ha negado la orden de captura que la Fiscalía de delitos electorales (Fepade) había solicitado el pasado 26 de noviembre. A Escobar, subsecretario de Prevención del delito de la Secretaría de Gobernación (Interior), se le acusaba de haber violado la ley electoral al haber contratado una empresa para repartir indebidamente 10.000 tarjetas para promover el voto en favor de su organización, el polémico Partido Verde. La magistrada ha considerado que las pruebas aportadas por el ministerio público federal fueron insuficientes, por lo que la acusación no se acredita.

Organizaciones sociales se han quejado de la decisión de la magistrada. “La respuesta… pone en duda que gobierne el imperio de la ley… y se percibe continúa la corrupción e impunidad”, dice el comunicado firmado por más de 20 asociaciones civiles.

La Fepade presentará un recurso de apelación a la negativa de la juez Cervantes. Los miembros de esta fiscalía consideran que la entrega de las tarjetas Premia Platino durante la campaña electoral de este verano violó la ley electoral. Esta prohíbe a los partidos y a los equipos de los candidatos entregar material que prometa beneficios a cambio del voto. Las tarjetas enviadas por los verdes a miles de hogares mexicanos ofrecían descuentos en cines, ópticas, farmacias y supermercados. La entrega de estos plásticos había sido un tema controvertido rumbo a las elecciones del 7 de junio. La derecha, el PAN y la izquierda, el PRD, además de cientos de ciudadanos, se habían quejado ante la autoridad electoral de esta forma de atracción del voto del Partido Verde y su aliado, el PRI.

Escobar, de 45 años, ha tenido una larga carrera en el Verde. Ha sido diputado, senador y portavoz de una agrupación que pone a prueba los límites de la ley electoral. Las agresivas formas de promoción de la organización se basan en regalos y dádivas que son ilegales. En mayo de este año la autoridad electoral había impuesto más de 600 millones de pesos en multas (35 millones de dólares), un monto que sufrió algunas rebajas después de que el Tribunal electoral descontara algunas penalizaciones. El 10 de septiembre fue nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana dentro de Gobernación. Es su primera vez como funcionario público.

El linchamiento del fiscal Nieto

La acusación judicial obligó a Escobar a dejar temporalmente el cargo en Gobernación. Durante los diez días que ha estado fuera de la oficina, las huestes del Partido Verde se han fijado como objetivo a Santiago Nieto, fiscal de la Fepade, que giró la orden de aprehensión contra el funcionario.

Pablo Escudero, senador del Verde, acudió el lunes a la Procuraduría General de la República (Fiscalía general) a demandar a Nieto por haber “divulgado información de la averiguación previa”. El legislador presentó como prueba una entrevista que el fiscal dio a la periodista Carmen Aristegui en un canal de televisión privado. Escudero dijo que su denuncia no era una vendetta, sino que cuidaba “la presunción de inocencia y el debido proceso” de Escobar.

Algunos medios también han publicado información que pone en duda la independencia del fiscal. El Universal afirma que Santiago Nieto omitió en su currículum el haber sido asesor del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda) en el Senado. “no podemos tener en una fiscalía tan especializada a alguien que le mintió a la Cámara de Diputados y al Senado”, dijo Emilio Gamboa, líder del PRI en la cámara alta.

Organizaciones de la sociedad civil rechazaron la campaña de desprestigio que ha sufrido Nieto. “El trabajo que la Fepade ha venido haciendo en relación con el reciente proceso electoral es un logro histórico para quienes confiamos en la importancia que tienen los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder”, dice el documento publicado esta tarde por las asociaciones civiles. Los firmantes también creen que la contratación de miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional (UNAM), como el propio Nieto, por partidos y grupos parlamentarios “es un hecho normal y frecuente”.