Trabajadoras sexuales se enfrentan al alcalde de Quito

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha fracasado en su primer intento de eliminar la prostitución del centro histórico de la ciudad. Tras el cierre de siete hoteles que alquilaban sus habitaciones, Rodas ha tenido que soportar la protesta de las trabajadoras sexuales, que exigen quedarse en el casco antiguo. La semana pasada protagonizaron varias acciones para llamar la atención del alcalde; bloquearon las vías del centro y una de ellas, que más tarde fue detenida, incluso simuló tener sexo con un vendedor ambulante en plena calle. La opción de crear un bulevar para el trabajo sexual en el centro de la ciudad ha despertado el recelo de las asociaciones de vecinos y comerciantes.

El alcalde Mauricio Rodas ha tratado de resolver al problema de la prostitución en el centro de la ciudad prácticamente desde que llegó al puesto, en marzo de 2014, pero el eje de su plan es la reconversión laboral. A través de las secretarías de Inclusión Social y Seguridad se acercó a las trabajadoras sexuales en agosto de ese año y presume de haber conseguido que seis mujeres participaran en proyectos de emprendimiento y haber brindado ayuda psicológica a otras 140.

Rodas insiste en que su Administración no tiene nada en contra del trabajo sexual, pero que su deber es “mantener el orden en la ciudad” y “exigir a todos el cumplimiento de las normas”. Alrededor de la prostitución, según el alcalde, ocurren fenómenos sociales graves como la trata de personas, microtráfico, delincuencia y trabajo infantil.

Las cerca de 300 mujeres que se dedican al trabajo sexual en el casco antiguo han hecho una tregua a su protesta esta semana, pero se niegan a abandonar sus sitios de trabajo y quieren que el Ayuntamiento permita que puedan prestar sus servicios en los establecimientos clausurados.

Una reubicación

Según las trabajadoras, la negociación avanzaba en ese sentido, por eso se organizaron, entregaron carnets de afiliación, y asistieron a varios talleres, pero ahora el plan es otro. “El municipio de Quito nos ha dado una bofetada, se ha burlado de nuestros derechos como trabajadoras, como madres… Íbamos a recuperar las calles, pero paso a paso. Ahora el alcalde nos cierra los hoteles de un día para otro y nos deja sin el pan de nuestros hijos”, dice Nelly Hernández, que preside la organización Unidas por Nuestros Derechos, que agrupa a 46 mujeres.

El rechazo a la reubicación se da, en parte, por la experiencia anterior, cuando las mujeres de los burdeles históricos de la céntrica avenida 24 de Mayo —que fueron cerrados en 2001— fueron reubicadas en una antigua cantera, que no era de fácil acceso y que colindaba con la mayor cárcel de la ciudad, ahora cerrada. Esa zona de tolerancia no se consolidó porque la Administración municipal pasada se desentendió del asunto y también porque las mujeres que salieron de los burdeles prefirieron captar los clientes en la calle y no alejarse de su tradicional zona de trabajo.