Los campesinos se manifiestan contra el Canal de Nicaragua

El ciudadano extranjero que este martes aterrizara en Managua se topó, para su sorpresa, con una ciudad paralizada. Miles de campesinos nicaragüenses marcharon desde el interior del país hasta la capital para oponerse a la construcción de un Canal Interoceánico cuya concesión fue entregada a un empresario chino, y cuya construcción está valorada en 50.000 millones de dólares. El proyecto se ha encontrado con multitud de protestas de organizaciones ambientales. El Gobierno de Daniel Ortega defiende que es una gran oportunidad comercial y estratégica.

El punto de entrada fue la transitada Carretera Norte, donde se localiza el Aeropuerto Internacional, desde donde decenas de camiones, tradicionalmente utilizados para transportar el ganado del norte del país, movilizaron a los campesinos que, temerosos de confiscaciones de sus tierras y desplazamientos forzosos, dijeron “no” al mega proyecto valorado en 50.000 millones de dólares.

“¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”, fue el grito de los campesinos al lograr la entrada a la ciudad, después de que la Policía Nacional de Nicaragua impusiera retenes en el interior del país y amenazara con multas de miles de córdobas (la moneda local) a los transportistas que se atrevieran a trasladarlos hasta la capital. Francisca Ramírez, una mujer bajita, de piel morena quemada por el sol, denunció que desde el lunes tuvieron que sortear los obstáculos impuestos por el Gobierno, que, dijo, pretendía debilitar la marcha contra el Canal. Ramírez, originaria de Nueva Guinea —una lejana provincia localizada en el Caribe de Nicaragua— es una de las líderes del movimiento campesino contra el proyecto del Canal y ha sido desde hace meses la mujer coraje que se ha enfrentado a la poderosa maquinaria del Estado.

“Estamos aquí para defender nuestras tierras”, dijo la mujer, quien semanas atrás había encabezado una caravana de solidaridad de campesinos que decidieron donar alimentos para los habitantes de la zona seca del país golpeada por la sequía, pero que fueron detenidos por la Policía Nacional a órdenes del Gobierno. El mandato fue que toda ayuda humanitaria que se entregara debería ser aprobada por instancias del Ejecutivo de Daniel Ortega.

En la manifestación de este martes resultaron heridas al menos ocho personas. Líderes de la marcha denunciaron que simpatizantes del Frente Sandinista dispararon contra algunos de los manifestantes, una vez que la marcha campesina se había disuelto. El Gobierno del presidente Ortega convocó a sus simpatizantes a que se dispersaran por la capital en lo que fue considerado como una muestra de provocación por los opositores. Desde el lunes, miles de trabajadores del Estado, seguidores del Frente y los llamados “motorizado” —huestes del Frente Sandinista tristemente célebres por agredir a quienes se manifiestan contra el Gobierno— se distribuyeron por las principales vías de la ciudad para demostrar su respaldo al Ejecutivo Sandinista, en lo que la primera dama y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, llamó una “Caminata por el trabajo y paz”. Murillo es, de hecho, la jefa del Gabinete del Ejecutivo sandinista, una suerte de primera ministra que toma las decisiones cotidianas de la administración pública.

Concesión por 100 años

Los planes iniciales de los que se oponen a la construcción de Canal eran marchar hasta la sede de la Asamblea Nacional, el parlamento de Nicaragua, para exigir a los diputados la derogación de la Ley 840, que establece los términos de la concesión del Canal Interoceánico, que fue entregada para los próximos 100 años al empresario chino Wang Jing, pero la presencia de oficiales antidisturbios les impidieron llegar hasta el edificio parlamentario. Carlos Langrand, diputado del opositor Partido Liberal Independiente (PLI), reconoció el esfuerzo de los campesinos y dijo que la manifestación era una muestra del descontento generado en este país centroamericano por un proyecto cuya concesión fue entregada sin consultas a la población.

El Canal proyectado en Nicaragua tiene un costo que supera los 50.000 millones de dólares, con una extensión de 278 kilómetros desde las costas del Caribe hasta las del Pacífico nicaragüense. El proyecto ha despertado temores entre grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos. Los primeros alegan que su construcción será catastrófica para la flora y fauna del país, principalmente el Gran Lago de Nicaragua, de 8.000 kilómetros cuadrados, el más grande de Centroamérica. Los activistas de derechos humanos temen las consecuencias de un gigantesco desplazamiento humano en la ruta del Canal, que, dicen, afectaría a decenas de miles de nicaragüenses.

El proyecto, según sus opositores, genera incertidumbre por la falta de estudios suficientes que indiquen la viabilidad técnica y comercial de la obra. También levanta dudas la capacidad del magnate chino Wang de convencer a los inversionistas extranjeros para que pongan su dinero en la construcción, sobre todo después de que se conociera que la fortuna del magnate disminuyó en un 84% tras el desplome de las acciones de su empresa de telecomunicaciones, Xinwei, en la bolsa china.

El Gobierno de Ortega asegura que se trata de “un gran proyecto de ingeniería y de país” que solo afectará al 1% de la superficie del Gran Lago y que respestará a los pueblos indígenas con la negociación de un “precio justo” por la expropiación de terrenos.