Argentina: supermercados públicos para luchar contra la inflación

Raúl Navesi es el más claro ejemplo de que los precios de la comida en Argentina, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, podrían ser mucho más bajos. Navesi tiene una panadería en la estación de autobuses de Mendoza, llena de viajeros que van a la cercana Chile y a otros puntos del país o los alrededores. Vende el pan a 20 pesos (2,10 dólares) en su tienda de la planta baja. Pero arriba, en el supermercado público que acaba de inaugurar el Gobierno como experiencia piloto, lo vende a 12 (1,25 dólares). El mismo pan. Y gana dinero. “Ahora vendo el triple que antes y no me cuesta nada traerlo, lo hago abajo”, explica Navesi. Abajo lo compran los viajeros que van con prisa, que pasan por allí, y arriba, en el supermercado público, más escondido, los que van buscando precios baratos y entran con calma a hacer la compra de toda la semana, asegura.

Los argentinos que viajan al extranjero y entran en un supermercado no pueden creer los precios que ven. Todo les parece barato. De hecho la gente en Mendoza viaja a Chile –seis horas hasta Santiago- para comprar ropa y tecnología, por ejemplo. En su país, la cesta de la compra se ha convertido en un problema grave. La inflación desbocada argentina, la segunda de los grandes países del mundo después de Venezuela, es uno de los temas importantes de la campaña electoral. Todos los candidatos prometen bajarla, aunque nadie explica bien cómo.

El Gobierno, con su política económica heterodoxa dirigida por Axel Kicillof, ha probado varias fórmulas, hasta ahora sin éxito. Una de ellas fue no reconocerla, cambiando el método de cálculo. Pero después, cuando el Ejecutivo autoriza subidas salariales del 27,5%, se admite indirectamente. Además las provincias la calculan y está asumido que se sitúa por encima del 25%.

Otra técnica que ha intentado Kicillof es la política de “precios cuidados”, que cumple ahora dos años. En medio de productos carísimos, los supermercados están obligados a poner algunos más baratos cuyo precio está pactado con el Gobierno, que controla que no haya abuso. Funciona a medias, porque son pocos productos y se agotan rápido, pero funciona. Ya son 512 los que se han sumado, y van desde lo más básico hasta el repelente para mosquitos y protector solar en el verano, uno de los últimos en incorporarse. Cuando uno recorre cualquier supermercado el simbolito de “precios cuidados” le indica que ahí está la mano del Gobierno.

El sueño del ministerio de Economía pasa por lograr que el Estado compita con las grandes superficies, la mayoría en manos de multinacionales o grandes fortunas locales, para forzarles a bajar el precio. De momento ha hecho un intento modesto con supermercados públicos como este de Mendoza en el que Navesi vende su pan a 12 pesos. Hay otro en San Luis y uno más en Resistencia (El Chaco). Kicillof y su mano derecha y líder del proyecto, el secretario de comercio Augusto Costa, intentan abrir uno en el centro de Buenos Aires pero el alcalde, Mauricio Macri, principal candidato de la oposición, no les da las autorizaciones. Detrás está una formidable batalla política y la lucha entre dos modelos económicos, liberal e intervencionista.

De momento los supermercados grandes ganan abrumadoramente la batalla. Y centros como el de Mendoza son una gota. Es pequeño, entran 2.500 personas por día y factura 3,5 millones de pesos mensuales (368.000 dólares). “Este es un modelo para todo el país. Debería haber cientos como este, pero al menos hemos conseguido que en esta zona los otros tengan que bajar los precios, eso lo hemos visto desde el primer día, con el pan fue inmediato”, cuenta Daniel Corral, director del supermercado. Pablo Deacon, responsable de la red comprar en la zona, también dice que “esto está empezando y la idea es multiplicarlo por todo el país”. El problema es que este es un proyecto de Kicillof, y todo parece indicar que no seguirá como ministro con Daniel Scioli, el favorito para ganar las elecciones del domingo. Los analistas creen que Scioli, de forma suave y paulatina, hará un giro hacia políticas más ortodoxas, y puede que este tipo de experimentos no continúen ni crezcan.

El sistema es sencillo. Un supermercado normal en Argentina sube el precio al que le compra al productor un 60%, 70%, incluso 100%. Es su ganancia. Este centro público lo tiene fijado en un 15%, lo mínimo para financiar sus gastos. Por eso los precios aquí son hasta un 40% más bajos, aunque no están las grandes marcas sino productos de cooperativas de la zona. Se revisan los precios cada tres meses y se sube si el productor demuestra al Gobierno cómo están aumentando sus costes. El Estado –la mitad el Gobierno y la mitad la provincia- ha invertido en este centro de Mendoza 8,5 millones de pesos (894.000 dólares). Ya tienen 870 productos en su mayoría de cooperativas, el 80% mendocinas, que acuden allí. Varias de ellas están en el supermercado el día de la visita.

Algunos de sus miembros pertenecen a antiguas empresas que quebraron y tomaron los trabajadores. Como Juan Carlos Illanes, que vende 6.000 kilos de carne al mes en este supermercado con otros 30 cooperativistas, y antes trabajaba en una gran empresa. También María lidera una cooperativa de 112 familias que venden hortalizas. O Víctor, que pertenece a otra especializada en fruta. “La comercialización siempre es el punto flaco de las cooperativas. Los grandes supermercados te machacan, no te dejan entrar, te piden imposibles”, señala Víctor.

Mientras a su alrededor los clientes, en su mayoría gente de pocos recursos, compran en el supermercado, todos admiten que esto es muy pequeño. Una gota en un mar en el que la inflación sigue desbocada entre otras cosas por la propia política del Gobierno de emitir moneda sin freno. Con esa decisión ha logrado mantener la economía “anestesiada” según la oposición, pero los precios suben sin parar. Como casi todo en Argentina, también esto está pendiente de las elecciones.