Las “fuerzas oscuras” acechan el diálogo de paz con las FARC en Colombia

Ha sido una semana convulsa para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Todo por una investigación publicada en la edición digital de la revista Semana según la cual desde un local de Bogotá donde funcionaban un restaurante y un sitio de encuentro para aficionados al pirateo informático, se realizaban acciones de espionaje militar. Desde dicho establecimiento, supuestamente, ...

Ha sido una semana convulsa para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Todo por una investigación publicada en la edición digital de la revista Semana según la cual desde un local de Bogotá donde funcionaban un restaurante y un sitio de encuentro para aficionados al pirateo informático, se realizaban acciones de espionaje militar. Desde dicho establecimiento, supuestamente, se habrían interceptado de manera ilegal las comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno.

En caliente, Santos tildó de “fuerzas oscuras” a las personas que estaban detrás de las escuchas ilegales y ordenó de inmediato una investigación. Al tiempo se conoció que hace una semana la fiscalía había ordenado un registro del local comercial desde donde presuntamente se había monitoreado a los negociadores. Por culpa del escándalo, también fueron relevados de sus cargos dos generales que estaban al frente de la inteligencia del Ejército y de la Central de Inteligencia Técnica de la misma institución. Santos dijo que lo hacía en aras de la transparencia de la investigación.

Sin embargo, al día siguiente de haber estallado el escándalo, el mandatario colombiano aseguró que esa oficina encubierta, llamada Andrómeda, operaba de manera legal. Lo mismo hizo el comandante del Ejército, el general Juan Pablo Rodríguez, que reconoció que el establecimiento tenía autorización para realizar labores de inteligencia, pero no escuchas ilegales.

El Gobierno defiende la legalidad de espiar a narcotraficantes y terroristas

Santos, como Rodríguez y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, han hecho una férrea defensa del uso del espionaje legal y han condenado el ilegal. Coinciden en que espiar a enemigos del Estado, como terroristas, narcotraficantes o secuestradores, es una obligación. “Las fachadas se utilizan de manera permanente y legal para salvar vidas y proteger los derechos de los colombianos”, ha dicho Pinzón.

El mandatario colombiano ha intentado bajarle el tono a la polémica y ha asegurado que los generales relevados pudieron haber incurrido en una “falta de criterio”. Su ministro de Defensa habla de establecer si hubo una “desviación en la inteligencia”, por lo que todo ha pasado a manos de la fiscalía, y de la presión de Santos, que ha pedido que, como muy tarde la próxima semana, se sepa a ciencia cierta si el espionaje que se estaba practicando en esa oficina era una “inteligencia formal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita”. También habrá que resolver lo que se preguntan muchos colombianos y es saber, en el caso de que sí se haya espiado a los negociadores de paz, quiénes fueron los que dieron la orden.

Todo este escenario siembra la duda sobre cierto sector del estamento militar que estaría en contra del proceso de paz y también apunta a la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe, que en abril de 2013 filtró las coordenadas del sitio donde se recogería a dos miembros de la guerrilla para llevarlos a La Habana, donde tienen lugar las conversaciones de paz desde noviembre de 2012. Ese episodio dejó en evidencia que alguien de las Fuerzas Armadas estaba filtrando información a Uribe.

Algunos apuntan al expresidente Uribe o algún sector del Ejército opuesto al diálogo de paz

El exmandatario, que hoy es candidato al Senado, rechazó estar involucrado en las escuchas ilegales y pidió al Gobierno que diga la verdad al país. “La mayor corrupción de este Gobierno es ocultar, es distraer a la opinión, es poner cortinas de humo”, dijo Uribe en un comunicado.

Mientras tanto, una comisión del Congreso que se ocupa de asuntos de inteligencia citó al ministro de Defensa y a la cúpula militar a un debate de control político para que expliquen las actividades que se estaban desarrollando en la sala de interceptaciones que denunció Semana. El director de la revista, Alejandro Santos, ha insistido en que tienen en su poder las pruebas de los mensajes interceptados a los negociadores de paz, entre los que están Humberto de la Calle, jefe negociador; Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, y Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Como era de esperar, el coletazo del escándalo también llegó a Cuba, donde las FARC aprovecharon para señalar a Uribe como enemigo del proceso y asegurar que a ellos también los estarían escuchando ilegalmente. “Aquí no solo se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del Gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de las FARC”, dijo Iván Márquez, el número dos de esa agrupación y jefe negociador en La Habana. Por su parte, la delegación del Gobierno no se ha pronunciado y se concentra en avanzar en el proceso de diálogo, en el que ahora se discute sobre el tema de las drogas ilícitas.

No ha sido fácil que el proceso de paz se inhiba de todo cuanto sucede en Colombia, y mucho menos ahora, cuando avanza el proceso electoral para las próximas legislativas y presidenciales. Desde el inicio, no han sido pocos los eventos que lo han tensado y está por ver las consecuencias de las últimas revelaciones.