Las denuncias por tortura policial y militar se dispararon con Calderón

Amnistía Internacional (AI) ha desvelado este jueves que durante el sexenio del presidente saliente mexicano, Felipe Calderón, las cifras de tortura y malos tratos a manos de los cuerpos de seguridad han crecido de forma “espectacular”. De los 564 informes que recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2008 a los 1.669 de 2011.

Las cifras solo incluyen aquellos casos en los que hay funcionarios federales involucrados, que en número son muchos menos que los municipales o estatales. En el cuerpo de policía, por ejemplo, hay unos 36.000 federales frente a cerca de 400.000 agentes municipales.

Tras seis años en el poder, Calderón deja un legado de altas cifras adosado a su guerra contra el narcotráfico, que gira alrededor de los más de 60.000 muertos que hasta ahora suma su política de seguridad en la lucha contra los cárteles. “Se ha ignorado la protección de los derechos humanos a favor de la estrategia del Gobierno”, alerta el investigador de AI, Rupert Knox, que acusa a la Administración de Calderón de desentenderse de la “epidemia de tortura que se ha extendido por México”,

El aumento de las denuncias contrasta y deja en evidencia la acción judicial. Entre 2006 y 2010 solo hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria a nivel federal. Entre los 31 Estados y el Distrito Federal la cifra no es mucho mejor: 37 procedimientos y 18 sentencias condenatorias.

Amnistía Internacional denuncia que los casos de tortura se cometen bajo custodia del Ministerio Público, que puede recluir a los presuntos delincuentes durante 80 días antes de presentar cargos o dejarlos en libertad, o bajo custodia militar.

La estrategia de Calderón incluyó el despliegue de unos 50.000 efectivos del Ejército y la Marina por todo el país para desempeñar labores policiales. El informe de AI asegura que desde 2006 las Fuerzas Armadas han detenido a más de 43.000 presuntos delincuentes que, en la mayor parte de los casos, son encerrados en cuarteles militares para ser interrogados en lugar de pasar a disposición del ministerio público, como exige la ley.

A pesar de las numerosas denuncias que ha recibido la Comisión por torturas bajo custodia militar, los casos se tratan dentro del sistema castrense, con el resultado de que ni un solo militar ha sido llevado ante la justicia civil por estos delitos. La Corte Suprema determinó el pasado mes de agosto que todos los casos, aun cuando impliquen a militares, deben resolverse dentro del sistema civil.

La organización subraya que pese a existir leyes para impedir y sancionar la tortura, la mayoría de los casos no se investigan. “Hay legislación en los 31 estados y el Distrito Federal, pero en la mayoría es considerablemente más deficiente que la federal y dista mucho de cumplir las normas internacionales”, subraya en informe

Violencia contra los emigrantes

Los casos de torturas se vuelven aún más invisibles cuando las víctimas son algunos de los miles de centroamericanos que cruzan todos los años México con destino Estados Unidos. La organización alerta de que miles de ellos son víctimas de secuestro, violación, tortura o asesinato a manos de bandas criminales que “a menudo actúan en connivencia con funcionarios públicos”.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo en un semestre de 2010 fueron secuestrados 11.000 emigrantes. Pese a los numerosos testimonios de testigos presenciales, Amnistía Internacional asegura que no se conoce un solo procesamiento a agentes de policía o militares por estos casos.