Por qué España es un país urbanísticamente feo

Por ahí vamos, por la carretera, con el corazón contento. Pero al mirar por la ventanilla, la vista se empaña entre hileras de adosados tristes, urbanizaciones sin ton ni son, islas de edificios horrendos y naves industriales descomunales. Es un paisaje destrozado. La pregunta es: ¿cómo es posible que un país tan bello, con territorios tan distintos entre sí, sea tan homogéneo en su fealdad urbanística?

“Vivimos una larga historia de devastación patrimonial, sea natural, arquitectónica o cultural”, ...

Por ahí vamos, por la carretera, con el corazón contento. Pero al mirar por la ventanilla, la vista se empaña entre hileras de adosados tristes, urbanizaciones sin ton ni son, islas de edificios horrendos y naves industriales descomunales. Es un paisaje destrozado. La pregunta es: ¿cómo es posible que un país tan bello, con territorios tan distintos entre sí, sea tan homogéneo en su fealdad urbanística?

“Vivimos una larga historia de devastación patrimonial, sea natural, arquitectónica o cultural”, responde el periodista Andrés Rubio. En su libro España fea (Debate, 2022), Rubio denuncia que el grado de demolición y horribles construcciones en pueblos, ciudades y periferias ha alcanzado niveles insostenibles.

La invectiva se inició durante el desarrollismo franquista: “No queremos una España de proletarios, queremos una España de propietarios”, declaró un sábado de mayo de 1959 José Luis de Arrese, ministro de Vivienda franquista, ante un plantel de agentes de la propiedad inmobiliaria. Bajo esa consigna muchos promotores, constructores, gobernantes y arquitectos se pusieron manos a la obra.

Desde entonces, de las playas de Huelva hasta el Empordà catalán —con excepciones como algunas playas de Cádiz de propiedad militar o el caso de Cadaqués, que hace décadas que prohibió la construcción de edificios altos, y ahora es una joya turística—, el litoral español sufre un furor constructivo que ha perseverado en democracia. “Con la Constitución se crean 17 comunidades autónomas, cada una con sus legislaciones particulares, lo que a lo largo de décadas ha permitido todo tipo de corruptelas y desregulaciones”, explica Rubio al teléfono.

Es lo que el especialista en urbanismo Erik Harley llama “salchicherismo urbano” y “salseo inmobiliario”. Son los tejemanejes y las corruptelas, la obra como chanchullo “siempre pensando en el beneficio propio y nunca en el beneficio de la sociedad”, indica Harley, fundador del Pormishuevismo, un movimiento que denuncia el urbanismo y la arquitectura especulativa.

Para el periodista Andrés Rubio, el grado de demolición y horribles edificaciones ha alcanzado niveles insostenibles

Harley pone como ejemplo los puentes de Santiago Calatrava. En los años ochenta y noventa, las administraciones locales se rifaban al arquitecto valenciano, “tratándolo como un mesías del futuro”, dice. Construyó más de 10 puentes en el territorio español, “casi todos iguales, a escoger entre el tipo peineta o el tipo jamonero”, detalla Harley, pagados a precio de oro, algunos de mala calidad y con fallos. Como el puente de Bilbao, que se construyó con suelo de cristal (en una ciudad en la que llueve más de 200 días al año) y tuvieron que cambiarlo por las denuncias de resbalones y roturas de cadera. O el de Murcia, que al poco de su inauguración se rompieron las losetas y el Ayuntamiento tuvo que encargar una inmensa moqueta por el precio de 60.000 euros que, a su vez, tuvo que ser arreglada al poco de instalarla porque se enganchó con un carrito de la compra. Da risa, pero las denuncias de Harley son muy serias, porque muchas veces se trata de malversación de fondos públicos. “No podemos poner a la cabeza de las administraciones a gente que no defiende lo público en materia del suelo y el territorio común”, explica en conversación por videoconferencia. Entre 2002 y 2007, a partir de la reforma de la Ley del Suelo del Gobierno de Aznar, se urbanizaron millones de metros cuadrados que hasta entonces no eran urbanizables. Pero el furor ya estaba antes. “Cuando la construcción va bien, todo va bien”, llegó a decir Carlos Solchaga, ministro Economía del Gobierno del PSOE entre 1985 y 1993.

Es “la construcción sin pensamiento, la desregulación memoricida”, dice Rubio: en San Sebastián se han demolido 450 villas residenciales de principios de siglo; en Lanzarote están en marcha una veintena de complejos turísticos ilegales, y en ciudades como Madrid o Barcelona desaparecen comercios centenarios de un día para otro.

“Durante muchos años, el Estado español ha estado apostando por la industria de la construcción y eso hizo polvo el territorio, porque dio poder a los ayuntamientos —con la coartada legal de los urbanistas— a cambiar la regulación de los territorios sin problemas, reconvirtiendo suelo residencial en hotelero, por ejemplo”, reflexiona Itziar González, urbanista y arquitecta. González, que al acabar la carrera hizo la promesa de no construir nunca obra nueva (y lo ha cumplido), denuncia que esa situación ha llevado al perfeccionamiento de lo que denomina la industria de la recalificación, que juega a la bolsa inmobiliaria recatalogando suelos y multiplicando su valor, aún sin desarrollar construcción alguna. Es el resultado del “pésimo hábito de legitimar por ley la violación de la ley”, dijo una vez el historiador del Arte Salvatores Settis, en referencia a lo que también ocurre en Italia.

Aires de cambio

Es una cuestión de política y poder, alimentada por un intrincado ecosistema “de normativas de municipios, sin red estatal, a merced de algunos concejales muy politizados y nada acostumbrados a pensar en el bien común”, subraya Rubio. El resultado es un paisaje degradado de obras sin fin, en ocasiones en su sentido literal: el estudio ‘Aproximación a la geografía del despilfarro en España: Balance de las últimas dos décadas’ (Boletín de la Asociación Española de Geografía, 2018) detalla estaciones millonarias sin acabar, líneas innecesarias, tramos abandonados a la mitad y sobrecostes.

Desde el franquismo, el litoral español sufre un furor constructivo que ha perseverado en democracia

Pero nada está escrito. Las cosas se pueden hacer de otra manera, como ya se hizo en el pasado. Por ejemplo, en Vejer de la Frontera, los sucesivos gobiernos municipales del UCD, el Partido Andalucista, el PSOE o el PP se mantuvieron fieles a la idea de política en interés de la colectividad y en defensa del patrimonio común. Y en Santiago de Compostela, su exalcalde Xerardo Estévez, arquitecto de formación, halló la frase mágica para frenar el furor especulativo: “Esto es indigno de Santiago”.

Cada vez más personas y asociaciones se alzan contra “los construgobernantes”, según los llaman algunos. En Cantabria, vecinos y ecologistas se están movilizando contra un proyecto de construcción que amenaza en convertir la preciosa playa salvaje de Langre en “la Ibiza del norte”, según se publicitó. Son grupos como SOS Costa Brava, Áncora San Sebastián, Maltrato da Paisaxe. Canibalismo Urbanístico, o gente como el periodista canario David Cuesta, que hace poco escribió en X: “Es tal la constante destrucción del patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife que va a llegar el día en que lo más longevo que mantenga la ciudad sea su actual alcalde”.

“No hay nada que no se pueda mejorar si lo hacemos entre todos, juntos: con un trabajo comunitario entre el vecindario y una verdadera cooperación público-privada”, reflexiona González, pionera en la idea de arquitectura social y el enfoque de deconstrucción y reutilización de materiales. No hay que bajar la guardia y estar atentos: la agosticidad es un término común entre activistas contra el urbanismo corrupto y se refiere a que este mes es el preferido de los especuladores para actuar.

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