El debate político cojea: no se habla del control de la economía, de sanidad o de impuestos

Abrir la discusión pública a estos temas no implica eliminar el de la Ley de Amnistía, que es un elemento político de primer orden

Nicolás Aznáres

Lo peor del debate político actual es que se está dejando de hablar de lo que realmente debe formar parte de un debate político. Como explica el conocido filósofo estadounidense Michael J. Sandel, en estos momentos sería fundamental debatir sobre economía y dejar de considerar la globalización como un fenómeno atmosférico, un hecho de la naturaleza que no está sujeto a ningún control. El problema es que todo eso se eliminó del espacio po...

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Lo peor del debate político actual es que se está dejando de hablar de lo que realmente debe formar parte de un debate político. Como explica el conocido filósofo estadounidense Michael J. Sandel, en estos momentos sería fundamental debatir sobre economía y dejar de considerar la globalización como un fenómeno atmosférico, un hecho de la naturaleza que no está sujeto a ningún control. El problema es que todo eso se eliminó del espacio político norteamericano y que el Partido Demócrata o no ha sido capaz o no ha estado interesado en introducirlo de nuevo. Por eso, Trump sigue teniendo tantas posibilidades de ganar las próximas elecciones, porque la desaparición del verdadero debate político le beneficia enormemente.

Lo mismo sucede en Europa, aunque no en todos los países con la misma fuerza. España es, en estos momentos, uno de los lugares donde más ha desaparecido el espacio político, según reconoció esta semana el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aunque, lamentablemente, no anunció ninguna iniciativa para remediarlo, pese a disponer de instrumentos para ello (el Partido Popular gobierna 14 de las 17 comunidades autónomas).

Lo razonable sería que el debate incluyera temas como el control democrático de la economía, o la situación de la sanidad pública, no como un problema técnico, sino como un proyecto que une a un país. Ni tan siquiera, ahora que se acaba de abrir el periodo de presentación de la declaración de la renta, se habla de impuestos como un tema esencialmente político. Andreu Missé recomendaba hace poco el libro Los ricos no pagan IRPF, de los expertos fiscales Carlos Cruzado y José M. Mollinedo. Es un trabajo notable que pone de manifiesto que el 75% de las actuaciones del Ministerio de Hacienda para descubrir fraudes se siguen centrando en particulares y autónomos, para descubrir una deuda media de mil euros, mientras que el control del impuesto de sociedades “sigue siendo un erial”. Eso sí es un tema político que merece un buen debate al que todos estemos atentos. Podíamos empezar a hablar, como propone Michael J. Sandel, de lo que nos debemos los ciudadanos unos a otros y en qué consiste el sentimiento de comunidad.

El espacio político en España es cada día más reducido, está casi prácticamente eliminado, sustituido por un ruido formidable sobre la moral, como si en las elecciones no se fuera a decidir cuál es el programa político más valorado, sino a señalar quién es el político que actúa más ajustado a los preceptos de la moral. Y ya decía Karl Popper que está muy bien moralizar la vida pública, pero no hacer política con la moral. Y eso es más bien lo que está ocurriendo en la vida pública española.

Por supuesto que los políticos deben asumir sus responsabilidades. Las penales las establecen exclusivamente los tribunales. Y las políticas se reclaman en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no consiguió ser presidente del Gobierno en su primera ocasión porque fuera más honesto que Mariano Rajoy, sino porque presentó una moción de censura y obtuvo la mayoría necesaria. Lo que planteó Sánchez fue que el PP como organización acababa de ser considerado por un tribunal participante a título lucrativo de delitos de corrupción. Ese fue el argumento que le permitió alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria, ser elegido presidente del Gobierno y convocar inmediatamente elecciones generales, con el resultado de una mayoría de gobierno que le permitió prorrogar su mandato. Si el actual jefe de la oposición quiere provocar el adelantamiento de las elecciones, dispone del mismo mecanismo constitucional, la moción de censura. La dificultad, enorme, es lograr el apoyo de una mayoría parlamentaria que debería reunir, como mínimo, el voto del PP con los de Vox, PNV y Junts.

Abrir el debate público a estos temas tan necesarios no implica eliminar el de la Ley de Amnistía, que es un elemento político de primer orden y que está pendiente del dictamen del Tribunal Constitucional. No se trata de minusvalorar esa polémica, pero sí de resaltar la extraña desaparición de cualquier otro tema, sobre todo de aquellos que, por su propia naturaleza, podrían ayudar a construir el sentimiento de pertenencia a una comunidad, una manera distinta de hablar de patriotismo, pero con los mismos efectos.

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