¿Del turismo masivo se sale? Cómo luchar contra ruidos, terrazas y alquileres prohibitivos

El malagueño Carlos Carrera reside cerca de la Plaza de Uncibay, uno de los epicentros turísticos de Málaga. Zona de paso cercana a la calle de Larios, la catedral o el Museo Picasso, suele estar atestada de visitantes a cualquier hora. Es pequeña, pero allí hay 13 restaurantes y una discoteca, cifras que son la norma en buena parte del casco histórico. “Vivir aquí es difícil. A los residentes se nos está expulsando”, afirma quie...

El malagueño Carlos Carrera reside cerca de la Plaza de Uncibay, uno de los epicentros turísticos de Málaga. Zona de paso cercana a la calle de Larios, la catedral o el Museo Picasso, suele estar atestada de visitantes a cualquier hora. Es pequeña, pero allí hay 13 restaurantes y una discoteca, cifras que son la norma en buena parte del casco histórico. “Vivir aquí es difícil. A los residentes se nos está expulsando”, afirma quien ejerce de presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo casi por casualidad tras emprender una lucha contra un bar musical que no le dejaba descansar. Precisamente el ruido, junto a la proliferación de pisos vacacionales –con el consiguiente aumento del precio de la vivienda– y de establecimientos de hostelería son para él los principales problemas derivados de la masificación turística. Para Málaga es algo relativamente nuevo, pero para otras urbes nacionales e internacionales, de Palma a Barcelona, de Sevilla a Santiago, de Ámsterdam a Nueva York, es un problema que viene de largo. ¿Tiene solución? ¿De la masificación turística se sale?

La teoría responde que sí, pero la realidad ofrece dudas e infinidad de matices. Las medidas para afrontar la turistificación –neologismo que se refiere al impacto que tiene el turismo masivo sobre una población o parte de ella– son relativamente nuevas y pocos destinos pueden hablar de ello con datos y, sobre todo, distancia. En España ha sido Baleares la comunidad que más empeño ha puesto en salir del problema con medidas como la prohibición de pisos turísticos o la escalada de la llegada de cruceros, pero sus resultados son contradictorios. Otras comunidades y ciudades, mientras, estudian protocolos, acciones o tratan de ordenar tímidamente la llegada de turistas con más palabras que hechos. Para los especialistas, sin embargo, el camino hacia un desenlace equilibrado entre visitantes y locales está claro: “Es una decisión política”, indica Carlos Rosa, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga.

El responsable universitario ha dirigido la investigación Estrategias de Recuperación del espacio público y uso residencial ante la gentrificación y turistificación en Málaga. El trabajo analiza los factores que han llevado a la capital de la Costa del Sol a pasar de ser un destino cómodo para turistas y vecinos a convertirse en una carga para muchos malagueños. Si la globalización puso el contexto, la mejora del centro histórico –con rehabilitaciones y peatonalización de numerosas calles– atrajo miradas. Luego llegaron los pisos turísticos sin regulación y la gastronomía se convirtió en protagonista de los locales comerciales. Las consecuencias son ruidos, alquileres por las nubes e invasión de terrazas en la calle, justo lo que denuncian Carlos Carrera y otros muchos colectivos vecinales en sus capitales. “Son tantos los desequilibrios que al final se produce una expulsión de los usos que generan ciudad”, añade Rosa. Es decir, si a la gentrificación se le suma la escasez de supermercados, comercios de cercanía o espacios de aparcamiento, los vecinos se van. La comunidad desaparece. También la propia historia de cada localidad y, con ella, su memoria urbana. “Hay que proteger los espacios residenciales al igual que se protegen los espacios naturales”, insiste el arquitecto.

El turismo tiene una tradicional buena imagen por sus beneficios económicos y la creación de empleo, aunque cada vez genera más quejas por las consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente. Las diferentes administraciones tienen herramientas para regular, pero los especialistas señalan que no siempre se ejecutan y que, cuando se hacen, apenas resultan eficientes. Suelen llegar tarde. “El turismo se desarrolla en el espacio público y es comercializado por empresas privadas, que no tienen una visión de la capacidad de carga de los territorios. Por eso deben ampliarse las competencias de las áreas de turismo municipales para que también puedan gestionar y afrontar este reto”, expone Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo de Málaga. Cree que la palabra clave es planificación. “En las ciudades se planifican las líneas de autobús o la recogida de basura y con el turismo debería ser igual. Sería absurdo que los autobuses circularan por donde quisieran sin horarios y que los desperdicios se recolectaran de forma aleatoria, como también lo es un turismo sin planificar”, añade Guevara, que cree básico añadir el concepto de lo sostenible al sector y necesario que los implicados –desde los comercializadores al propio destino o los vecinos– se sienten para tomar decisiones. El investigador y académico Macià Blàzquez, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de les Illes Balears, añade también la fuerza de la participación social. “Movimientos vecinales o sindicatos de inquilinos son básicos para defender el derecho a la ciudad, que va más allá de los mecanismos de mercado, porque solo con ellos siempre ganan los que más tienen y la gente se ve atropellada por los precios de la vivienda o el cambio del paisaje comercial”, subraya, al tiempo que considera que la administración tiene “muchas opciones” para poner límites.

En el planeta hay grandes urbes que han tomado la iniciativa. Este octubre Florencia acordaba prohibir nuevos alquileres residenciales de corta duración en su centro histórico. En septiembre fue Nueva York la que impulsó limitaciones. También lo ha hecho un país entero, Portugal, que ha promulgado una ley que prohíbe abrir más apartamentos turísticos en las principales ciudades portuguesas, además de un impuesto extraordinario a sus propietarios. Mientras, en España hay ciudades como Sevilla o la propia Málaga que apuestan por la limitación de pisos vacacionales en zonas concretas, pero están a la espera de que la Junta de Andalucía impulse un decreto para toda la región. San Sebastián toma nuevas medidas y Barcelona ya cerró el grifo en 2017 a los pisos turísticos a través de un Plan Especial. Fue tumbado en los tribunales, pero volvió a entrar en vigor en 2021 tras su reformulación. Ahora el Govern pretende cerrar 28.000 pisos turísticos. Las licencias serán únicamente para cinco años y con un tope de 10 apartamentos por cada 100 habitantes en 262 municipios. Los efectos a largo plazo aún están por ver. En el corto son mínimos. Mientras, España ha vivido un verano exitoso para el sector y ya acaricia las cifras de récord prepandemia, con más gasto incluso que en 2019. La masificación se agudiza y hasta los propios viajeros se quejan de ello.

El Consorcio de Toledo, presidido por el ayuntamiento de la localidad, es una de las rarezas que trabaja contra la turistificación. Busca que su centro histórico no se convierta en un decorado sin rastro de los residentes. O lo que es lo mismo: compatibilizar la llegada de turistas con el día a día vecinal. Pretenden una regeneración urbana “con el fin de ver a familias con niños jugando en las plazas”, según el gerente de la entidad, Jesús Corroto. Repoblar el casco antiguo con jóvenes y un plan de ayudas para edificios abandonados son dos de sus planes principales. También afrontan la conservación del patrimonio, como la regeneración del Corral de Don Diego, que ha propiciado la creación de una nueva plaza pública y viviendas para familias empadronadas en Toledo. Santiago de Compostela, que ya impuso una moratoria a los hoteles, y Granada ya claman por una tasa turística para no morir de éxito. Son iniciativas que ven con anhelo quienes sufren las visitas masivas desde Málaga, Sevilla, Valencia o Segovia. También, en otro contexto, personas que viven en pueblos pequeños donde la oleada de visitantes de fin de semana se ha convertido en tsunami tras la pandemia. Es algo generalizado: ocurre en la alpujarra granadina y en los Alpes austríacos.

Baleares es la comunidad que más ha bregado contra estos efectos. El Parlamento aprobó en agosto de 2017 la prohibición del alquiler vacacional en pisos, aunque dejó en manos municipales la posibilidad de establecer las zonas y barrios donde autorizarlo o no. Palma recogió el testigo y acordó en 2018 –con un gobierno del PSOE, Podemos y Més– la limitación de pisos turísticos. Fue la primera ciudad en hacerlo y, aunque la medida fue llevada a los tribunales, el Tribunal Supremo la respaldó definitivamente el pasado febrero. Entre los argumentos aportados por los jueces destacaba uno que señalaba que la escasez de vivienda residencial y su alto coste deja las islas “sin médicos, sin profesores, sin funcionarios de justicia”. Otra iniciativa está relacionada con la llegada de cruceros. Desde 2022 se limita a tres diarios, de los que solo uno de ellos puede superar los 5.000 pasajeros. Para conseguirlo sucedió justo lo que los especialistas demandan: negociación entre el destino –las islas– y los turistas –en forma de patronal naviera–. La comunidad también tiene en vigor una moratoria para la creación de plazas hoteleras y vacacionales durante los próximos cuatro años. Ahí se muestra que el decrecimiento también es posible, como lo es también la regulación de personas en diferentes enclaves naturales o la restricción de vehículos en Formentera en temporada alta.

Para los vecinos de Palma, capital balear, las medidas han traído leves mejoras. No toparse con 40.000 personas que han llegado el mismo día en diferentes cruceros es una de ellas “porque al menos no tienes esa sensación de agobio”, cuenta una vecina, que también cree que la moratoria ayuda “porque limita a las grandes empresas a la hora de construir y ya no todo vale, como sí pasaba antes”. Sin embargo, las prohibiciones a los pisos vacacionales han impulsado una oferta ilegal que tiene poco control y sanciones bajas, por lo que salen rentables a los infractores y, de paso, mantiene los alquileres o compras de viviendas por las nubes. Hay también quien cree que las iniciativas, directamente, no han servido de nada. “No son efectivas y son totalmente insuficientes”, asegura Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma. “Aquí vamos a la cabeza de medidas contra la turistificación porque también vamos a la cabeza del sufrimiento: la inflación está disparada, la inaccesibilidad de la vivienda es evidente, hay un empobrecimiento de recursos públicos ante la llegada de tantas personas, la ciudad es un agobio constante, la contaminación va en aumento y ya no podemos disfrutar ni de las playas. Así es imposible”, sentencia.

Más allá del resultado a corto plazo, la mayoría de estas propuestas buscan no solo la convivencia entre vecinos y turistas, también la llegada de menos visitantes pero de mayor calidad. Es un objetivo global de muchos destinos que esconde, sin embargo, numerosas contradicciones. Depende del punto de vista. “¿La calidad es que haya sueldos dignos para trabajadores o locales más exclusivos para rentas altas? Siempre se habla de los excesos de quienes vienen con menos dinero, pero los ricos también lo hacen: contaminan con sus aviones privados, gastan más agua o se emborrachan igual, pero sin que se les vea. ¿En el futuro solo se permitirá viajar a los ricos?”, se pregunta Macià Blàzquez, que tiene claro que no es una salida satisfactoria a la turistificación. Mientras plantea debates, análisis y estudios desde distintos puntos de vista para buscar nuevas respuestas, recalca que es un caso complejo. También que del turismo (masivo) se puede salir, pero como del tabaco, no parece nada simple.

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