El TSJC mantiene el 25 % de castellano en clase pese a la nueva ley sin cuotas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado un recurso de la Generalitat que pedía revocar el 25 % de castellano en una docena de escuelas por la “imposibilidad legal” de aplicar esa cuota con la nueva ley, que no fija porcentajes en la enseñanza de lenguas oficiales. En varias resoluciones, el alto tribunal catalán ha acordado inadmitir a trámite los recursos de casación que presentó la Generalitat para pedir que no se apliquen las sentencias que obligaban a impartir un 25 % de clases en castellano, a la luz de la ley de 2022, que está revisando el Tribunal Constitucional.

La ley fue aprobada por el Parlament en junio de 2022, con los votos a favor de PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, tras el ultimátum que dictó el TSJC para que la Generalitat cumpliera sus sentencias que imponían el 25 % de castellano en las aulas, y para blindar así el catalán como lengua vehicular en las escuelas.

Tras la aprobación de la ley, la Generalitat interpuso una batería de recursos en las causas abiertas en el TSJC a raíz de la sentencia que fijaba un mínimo del 25 % de castellano en las aulas, entre ellas para una asignatura troncal, argumentado la “imposibilidad legal” de aplicar este porcentaje con el nuevo marco legal.

Una docena de recursos inadmitidos

La sección de casación de la sala contenciosa del TSJC ha rechazado admitir ahora una docena de recursos de la Generalitat, al concluir que no existe en este caso ninguna “duda interpretativa” ni interés casacional porque la administración autonómica no ha aportado “nada útil” ni un “mínimo razonamiento” sobre la necesidad de formar jurisprudencia.

Además, el TSJC impone a la Generalitat las costas por este procedimiento, a razón de 2.000 euros en cada uno de los casos. El TSJC recrimina a la Generalitat que su petición es “tan genérica” que no puede ser acogida, ya que tampoco justifica el perjuicio de las sentencias recurridas.

Los argumentos de la Generalitat

Por su parte, la Generalitat argumentaba en sus recursos que la ley de 2022 fijaba “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas” en las escuelas catalanas.

También sostenía en sus recursos que el caso trasciende a cada caso singular, ya que es susceptible de afectar a un gran número de supuestos, al hallarse pendientes de sentencia en el TSJC numerosos recursos que plantean la misma cuestión.

Según la Generalitat, ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en la escuela. También argumentaba que las sentencias del TSJC sobre el 25 % declaraba que la Generalitat incurrió en una “inactividad normativa” sobre la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela, cosa que “precisamente” trató de superar el Govern con el decreto ley aprobado en 2022.