Josep Torrent, ante su desahucio en la Casa Orsola: “No puede ser que un fondo decida hasta cuándo vivo en mi casa”

Ya nadie parece estar a salvo en su casa si vive de alquiler en Barcelona en un edificio de propiedad vertical. Ni que lleve 22 años en una finca regia del Eixample, sin ser vulnerable y pagando cada mes con un sueldo de funcionario. Josep Torrent, profesor de 49 años, afronta el próximo viernes el primer desahucio en la Casa Orsola, el edificio que se ha convertido en símbolo de la lucha en defensa de los alquileres y la confrontación con ...

Ya nadie parece estar a salvo en su casa si vive de alquiler en Barcelona en un edificio de propiedad vertical. Ni que lleve 22 años en una finca regia del Eixample, sin ser vulnerable y pagando cada mes con un sueldo de funcionario. Josep Torrent, profesor de 49 años, afronta el próximo viernes el primer desahucio en la Casa Orsola, el edificio que se ha convertido en símbolo de la lucha en defensa de los alquileres y la confrontación con los fondos de inversión que compran fincas y expulsan a los inquilinos. “Yo pensaba que me jubilaría aquí”, dice recordando a sus antiguos caseros, una familia rentista que conocía a los inquilinos por su nombre y a quien si una mes le pedías una rebaja, lo aceptaba sin problema. En noviembre pasado, el día de la masiva manifestación que exigió que bajen los alquileres en Barcelona y Cataluña, el manifiesto se leyó desde los balcones de Casa Orsola.

Todo cambió en este edificio a finales de 2021, cuando Lioness, una empresa que se dedica a la inversión y gestión patrimonial, lo compró y no ha renovado los contratos cuando han vencido. La nueva propiedad ha reformado cada piso que se ha vaciado y lo alquila con contratos de temporada, por hasta el triple de lo que pagaban los anteriores vecinos. Cuando le tocó a Josep Torrent, no le dieron ninguna opción de dialogar, cuenta. Contrato extinguido. Adiós. El alquiler medio en el distrito del Eixample (1.300 euros al mes, últimas cifras oficiales) cuesta más que la mitad de su sueldo. En los portales, los precios son más caros.

Como él, otros vecinos se enteraron que no les renovarían. Acudieron al Sindicato de Inquilinas y decidieron quedarse en los pisos, sin contrato, pagando cada mes el alquiler: primero por giro postal, luego en el juzgado. “No puede ser que un fondo decida hasta cuándo vivo en mi casa”, dice Josep convertido sin quererlo en un símbolo, porque de los cuatro vecinos que se negaron a marcharse, él tuvo la primera demanda por desahucio. “No soy un ocupa”, defiende: “Llevo 22 años pagando cada mes, incluso cuando la propiedad no quería cobrar”. De los 22 años, primero compartía un piso grande y desde hace diez vive en otro más pequeño. En 2022, el Ayuntamiento ofreció a Lioness incorporar las viviendas a la bolsa pública de alquiler, “pero la propiedad nunca respondió”, aseguran fuentes municipales.

Josep Torrent mantiene que lo suyo “no es una cuestión personal, es una lucha colectiva, de ciudad, porque en Barcelona cualquier inquilino está en riesgo”. “Es el papel que me ha tocado y lo asumo. La gente se identifica con Casa Orsola porque representa el riesgo de vivir de alquiler”. “Defender Casa Orsola es defender Barcelona” es el lema de la protesta que se prepara para intentar frenar el lanzamiento, un clamor que llegó a la gala de los premios Gaudí, donde varios premiados se solidarizaron con los vecinos. “Es un caso paradigmático de la crisis de vivienda en Barcelona: expulsión de vecinos, uso fraudulento del alquiler de temporada y señala la necesidad de regularlo para que los propietarios no lo utilicen para esquivar la ley”, alerta la portavoz del Sindicato, Carme Arcarazo, que también ve a los inquilinos como “símbolo de especulación y resistencia”.

Los fondos de inversión compran, expulsan y se forran, tienen bonificaciones fiscales, no construyen ni crean empleo”

De los 27 pisos de Casa Orsola, quedan ocho de renta antigua, seis inquilinos con contratos vigentes, siete de temporada, uno vacío (falleció una vecina mayor) y cinco con demandas de desahucio de la propiedad. “Esto no es un problema, es un choque. Los inversores compran, expulsan y se forran, tienen bonificaciones fiscales, no construyen ni crean empleo, crean riqueza para ellos y reparten miseria”, describe el inquilino.

Fuentes de Lioness Inversiones mantienen que no son un fondo, una socimi, ni un fondo buitre, sino una Sociedad Limitada, “100% catalana y barcelonesa” y que de los 27 pisos de la finca, solo cuatro están en proceso judicial. En el caso de Torrent, “se trata de una finalización de contrato donde el inquilino, que no es vulnerable, decide no entregar la posesión a la propiedad”, añaden y señalan que “la finca fue adquirida con graves deficiencias por falta de mantenimiento de la anterior propiedad”. Lioness destaca que hay ocho rentas antiguas y que los contratos en plazo están “considerablemente por debajo” del índice oficial de precios. Y añade que la inversión realizada y “mantenerla en un estado óptimo pasa, necesariamente, por encontrar un equilibrio entre el tipo de contratos”. La compañía asegura que la actividad de la empresa consiste en “la recuperación y conservación de patrimonios singulares, gestionados siempre con ejemplaridad, transparencia y honestidad, para contribuir de forma positiva con el entorno”. Y denuncia que ha sufrido “graves campañas de desprestigio y difamación promovidas por el Sindicato de Inquilinas y otras plataformas”.

El distrito del Eixample ha sido el más codiciado por los inversores: céntrico, con fincas y pisos grandes. Lo ha documentado la Asociación de Vecinos de la Derecha del Eixample, en la otra punta del distrito. El barrio asiste a una pérdida de vecinos desde hace 50 años: si en 1970 tenía 71.600 habitantes, ahora tiene 44.000. La asociación presentó hace unos meses un informe que constata que de las 607 fincas de propiedad vertical del barrio, 116 (el 20%) han cambiado de manos (o son gestionadas por grandes empresas) desde 2016, lo que ha impactado en los inquilinos. O no les renuevan los contratos o los precios suben y no los pueden asumir. Josep Torrent también ha sido testigo de la mutación en el otro lado del Eixample: “Era más barrio, con más comercio de proximidad y asequible, había más familias con niños, y menos trasiego de maletas”.

Casos como el de Casa Orsola se replican en otras ubicaciones del distrito. Como la finca de la calle de Tarragona cuya propiedad solicitó licencias de piso turístico para sus 120 pisos de alquiler, y tampoco está renovando los contratos cuando vencen. O el edificio de la calle de Mallorca, entre el paseo de Gràcia y el paseo de Mercader, de 15 viviendas, cuyos vecinos han alertado de que fueron comprados en julio por un fondo de inversión. Todos estos vecinos comparten relatos: la aparición de personas que visten traje y no saludan; obras en los pisos que se van vaciando; cartas de presentación de la nueva propiedad, avisos de no renovación de contratos.

Durante los mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, el Ayuntamiento compró pisos y fincas enteras ejerciendo el derecho de compra preferente que tiene la administración. En total, 1.600 pisos para aumentar el parque público de vivienda y para blindar a inquilinos en riesgo de expulsión. Solo en 2021, el año de la compraventa de Casa Orsola, hubo otras 30 operaciones en edificios del Eixample por 260 millones de euros. “Fue imposible comprarlas todas”, recuerdan fuentes de Barcelona en comú, que señalan que sí compraron cinco.

En el caso de Casa Orsola, la compra “se desestimó por motivos técnicos y de viabilidad económica, ya que al precio de la compra se sumaba la rehabilitación de la finca y comportaba el realojo temporal de los inquilinos”, apuntan fuentes municipales, que recuerdan que ese año ya habían adquirido edificios en el Eixample. El área de Vivienda, que sigue apelando al diálogo, está siguiendo el caso, ha puesto a disposición de los vecinos la unidad antidesahucios y los servicios sociales están atentos por si fuera necesario un realojo temporal, añaden. El actual ejecutivo municipal, presionado por los comunes, se ha comprometido a regular el alquiler de temporada.

Ante el desahucio de Josep, 200 asociaciones de vecinos, entidades y asociaciones han firmado un manifiesto de apoyo a los inquilinos de Casa Orsola. Él dice que no hará las maletas: “No hay plan b”. Y se emociona con muestras de apoyo como la de la bisnieta del industrial italiano Giovanni Orsola (de origen italiano, fabricante de baldosas hidráulicas y constructor del edificio), que acudirá a la concentración del viernes.