La paz en Cataluña llega a la calle y no tanto a la política

La mañana del sorteo de Navidad, Junts per Catalunya publicó un vídeo que tituló con una afirmación tajante: “El procés no ha terminado”. La grabación, llena de sombrías imagenes en blanco y negro con dirigentes españoles proclamando el fin de la escapada independentista, buscaba contrarrestar la declaración del presidente Pedro Sánchez, quien, días atrás, había asegurado que Cataluña ha pasado página a una década de turbulencias y que se avecina “una nueva etapa de convivencia y concordia”. Determinar si el ...

La mañana del sorteo de Navidad, Junts per Catalunya publicó un vídeo que tituló con una afirmación tajante: “El procés no ha terminado”. La grabación, llena de sombrías imagenes en blanco y negro con dirigentes españoles proclamando el fin de la escapada independentista, buscaba contrarrestar la declaración del presidente Pedro Sánchez, quien, días atrás, había asegurado que Cataluña ha pasado página a una década de turbulencias y que se avecina “una nueva etapa de convivencia y concordia”. Determinar si el procés independentista ha acabado o no definitivamente sigue alimentando el debate. Pero sí coinciden empresarios, personas del mundo de la cultura y académicos consultados para este reportaje en que el clima en las calles no tiene hoy nada que ver con los picos de agitación de 2017. Los cambios en el Gobierno de la Generalitat, los indultos concedidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los condenados a prisión por el procés —una iniciativa que ha tenido su segundo capítulo en las últimas semanas con la reforma del Código Penal— y el desmoronamiento de las promesas del independentismo han impulsado el cambio de paradigma. La desinflamación ha llegado a las calles, aunque persiste en algunos recovecos de la política y de las redes sociales.

La polémica reforma del Código Penal, que incluye la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación, beneficia directamente a los condenados del procés, a los que están pendientes de juicio y a los que siguen huidos. Pedro Sánchez, que pactó esa reforma con ERC, la ha justificado argumentando que era un gesto necesario para “rescatar a Cataluña de la crispación”. Y haciéndolo, aseguró, se finiquita el procés. Ciudadanos y el PP, igual que Junts pero con distintos argumentos, desmienten la muerte del procés, mientras que ERC trata de hacer equilibrios. A la espera de lograr el apoyo del PSC para aprobar los Presupuestos catalanes de 2023, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, evita contradecir al presidente del Gobierno, pero matiza que “el conflicto político pervive”. En Comú Podem y la CUP, con teorías divergentes, llevan tiempo anunciando que el procés es agua pasada.

El asunto trasciende más allá de la habitual esgrima retórica de los partidos. “El procés, tal y como lo entendimos, se terminó”, afirma Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia. Quien fue consejero delegado de Banc Sabadell razona que “Cataluña está en un momento más calmado”. “Decir que hubo fractura de la sociedad sería exagerado, pero es indiscutible que aquello provocó un estrés social”, dice. Guardiola destaca que “el pragmatismo” ha sido clave para virar el rumbo: “La identidad catalana es un tema importante que no se tiene que dejar en un cajón, pero el pragmatismo ha posibilitado ver que hay otras prioridades”. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, es categórico. “Todo el mundo sabe que el procés ha acabado. Ahora tengo la sensación que vamos por el camino adecuado, hacia la normalización”.

En el terreno político el principal cambio que ha habido los últimos meses en Cataluña es la ruptura total de los bloques que habían protagonizado la pugna pública desde 2012. Si los pactos de independentistas con no independentistas eran poco menos que un tabú, ahora la situación ha cambiado, especialmente desde la ruptura del Gobierno de coalición que formaban Esquerra Republicana y Junts per Catalunya desde mayo de 2021 y que saltó en mil pedazos en octubre. Con Esquerra gobernando ahora en solitario, los de Pere Aragonès se han visto obligados a buscar nuevos apoyos para sumarlos a sus 33 diputados, que quedan muy lejos de la mayoría absoluta del Parlament, fijada en 68 escaños. Es así como el Partit dels Socialistes de Catalunya ha quedado de facto rehabilitado como agente político con quien alcanzar acuerdos. Aunque no es fácil. La primera gran prueba de fuego son los Presupuestos de la Generalitat, que republicanos y socialistas llevan negociando desde hace semanas. Si bien las dos partes consideran casi inevitable el acuerdo, las tensiones son importantes. El PSC ofrece sus 33 escaños para aprobarlos pero, más que pedir medidas presupuestarias concretas, lo que está intentando es fijar una nueva agenda política a la que ERC intenta resistirse. Los socialistas piden, por ejemplo, que la Generalitat deje de oponerse a la ampliación del aeropuerto de El Prat que impulsa AENA y que el Govern frenó por su elevado impacto ambiental. A sabiendas de que la presión irá in crescendo, Aragonès no se opone ya frontalmente a la ampliación, sino que centra su discurso en que debe hacerse de forma pactada con las instituciones catalanas y de acuerdo con las necesidades reales de Cataluña.

El PSC busca ahora convertirse en el partido de la centralidad catalana, con un programa con señas de identidad claras como la defensa de los servicios públicos, pero también con medidas que bien podría haber defendido la Convergència que gobernó la Generalitat con mano de hierro durante 23 años. El caso más concreto es el del complejo de ocio y juego que está previsto junto a Port Aventura (Tarragona), que los ecologistas denostan pero que tanto el PSC como la actual Junts defienden como una oportunidad económica para una provincia carente de nuevos proyectos.

Nueva centralidad

Con ERC y el PSC pugnando por la nueva centralidad catalana, Junts se ha quedado fuera de juego y con graves problemas internos, comenzando por los de su presidenta, Laura Borràs, que el mes que viene afronta un juicio por corrupción que amenaza con apartarla de la política. La nueva baza de Junts para resurgir es, paradójicamente, un viejo conocido de la Convergència tradicional, Xavier Trias, a quien han ungido candidato a la alcaldía de Barcelona apelando a los valores convergentes más tradicionales y en muchos casos alejados de Junts.

La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el CIS catalán, mostraba que el apoyo de los catalanes a la independencia está en el 42%, mientras un 50% la rechaza. El apoyo a la secesión ha caído siete puntos desde otoño de 2017, y lo que probablemente defina mejor el clima político de las calles catalanas es que ahora solo un 11%apoya la separación unilateral por la que en su día apostó la Generalitat. Una ojeada a las preocupaciones de los catalanes también es reveladora sobre la actual situación. La cuestión territorial es citada como principal problema solo por el 10% de los encuestados, muy por detrás del funcionamiento de la economía o la insatisfacción con la política, con un 18% cada una.

”Que Pedro Sánchez anuncie el fin del procés no tiene nada de nuevo, yo lo dije antes que él”, presume la escritora y actriz Juana Dolores. Revela que el cambio de situación trae cosas buenas, “durante un tiempo, plantear posicionamientos críticos con el procés implicaba que te llamaran facha”. La socióloga Marina Subirats pone de relieve que “el procés se construyó sobre una ilusión, era una construcción de palabras y de símbolos, y si tratabas de imponer un poco de racionalidad en ese relato te convertías en un traidor”.

Juana Dolores observa que quedan temas pendientes. “Creo que persiste la necesidad de que Cataluña pueda votar en un referéndum, pero a la gente le da igual la independencia, lo que no da igual es que los ricos sean más ricos mientras mucha gente tiene dificultades para pagar luz, el alquiler y llegar a fin de mes”.

Boicot al cava

La Cámara de Comercio de España elabora unos informes periódicos donde analiza la evolución económica de Cataluña en comparación con otras regiones. “En diciembre de 2022, el 49% de los indicadores medidos en tasa interanual ha evolucionado peor en Cataluña que en el conjunto de España”, subraya el último dictamen. “Cataluña no colapsó con el procés porque tiene un potencial grande, pero ha perdido peso. Y eso es malo para la propia Cataluña y también para España, que no se puede permitir tener averiado uno de sus motores”, manifiesta José Luis Bonet. El empresario estuvo al frente de Freixenet hasta 2019 y vivió de primera mano las ofensivas para boicotear el cava. “Los sufrimos todos. Unos llamaban al boicot del cava catalán y otros querían boicotearnos porque decían que éramos unos traidores a Cataluña”, recuerda. Aquella gresca ha quedado atrás, dice, y apunta que “los boicots tuvieron su efecto, pero por suerte no fue determinante”.

Maria Eugènia Gay, delegada del Gobierno en Cataluña, ejercía en febrero de 2018 como decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Gay tuvo un enganchón público con Roger Torrent, entonces presidente del Parlament y actual consejero de Empresa, cuando en un acto donde estaban el presidente del TSJC y el fiscal superior de Cataluña, Torrent denunció la existencia “de presos políticos acusados de delitos inexistentes”. Ahora, desde un cargo político institucional, Gay afirma que la situación en Cataluña “está normalizada”. Señala que hay más tranquilidad. “Se ha rebajado la tensión, que era algo que necesitábamos todos como sociedad. La preocupación ha dado paso a la confianza, a la estabilidad”.

Josep Carles Rius es el presidente del Consejo de la Información de Cataluña, un órgano que vela por el mantenimiento de la ética periodística en los medios. Opina que en los días más excitados del conflicto catalán, “la lucha entre propaganda y periodismo fue muy desigual”. Cuenta que “muchos medios de comunicación” pecaron de “falta de espíritu crítico”. Subraya el papel que jugó TV3: “Durante el procés fue el principal vínculo entre las diferentes caras del independentismo. El gran instrumento de cohesión”. De ahí, dice, el interés por controlar la cadena pública: “Los partidos pactan los cargos (de gestión e informativos) de forma minuciosa porque deben administrar mucho más que un medio de comunicación. Gestionan un sentimiento y, a la vez, asumen la inmensa responsabilidad de alimentar cada día un movimiento político”. El verano pasado se activó el cambio en la dirección de TV3 y Sigfrid Gras relevó a Vicent Sanchis. En una reciente entrevista a EL PAÍS, Gras puso de relieve que entre sus prioridades está reducir los contenidos políticos de la cadena pública. “Hay menos interés en la política del que había hace unos años. La tensión política se ha rebajado”, afirma.

José Luis Bonet pone de manifiesto que la clase empresarial ha retocado su brújula. “Aquella parte de la burguesía que se había despistado ha vuelto a centrarse. Lo que pareció un objetivo prioritario ha quedado atrás”. Y lanza una hipótesis: “Hemos pasado una pandemia y ha servido para que mucha gente se haya preguntado qué hubiera pasado si el virus hubiera llegado a una Cataluña fuera de la Unión Europea”. Jaume Guardiola opina que contingencias como la guerra de Ucrania y los efectos de la escalada del precio de la energía o la carrera tecnológica han servido, junto con el paso del tiempo, para alejar la mirada del eje nacional. “Incluso los políticos actúan de manera más conciliadora, pese a que algunos traten de no hacerlo muy visible por miedo a que se les acuse de tibios”. El presidente del Cercle advierte que quedan lagunas pendientes. “Hace falta romper los bloques y generar grandes consensos”. También en ese sentido se desbloquean alianzas que, hasta hace poco, parecían vetadas. Esquerra Republicana, enfrentada a Junts per Catalunya y alejada de la CUP, aceptó en diciembre desbrozar el camino para que Barcelona en Comú y el PSC aprueben los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona.

Las entidades soberanistas tratan de sacar la cabeza en medio de la marejada que causa el cambio de ciclo. Òmnium per Catalunya y la Assemblea Nacional Catalana chocan reiteradamente. La primera alerta que el independentismo sufre una “tendencia autodestructiva”, mientras que la ANC sostiene que el procés no está finiquitado y que “aún se está a tiempo” para declarar la independencia en 2023. Por su parte, Societat Civil Catalana, entidad que aboga por la unidad de España, considera un error la “estrategia de apaciguamiento” del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia el independentismo y lamenta que no se haya “aprovechado la oportunidad para cerrar un acuerdo entre los grandes partidos de gobierno y las fuerzas de centro liberal”.

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