El PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo de Gobierno que incluye la semana laboral de 37,5 horas

La coalición da un paso decisivo para la investidura de Pedro Sánchez, a la espera de cerrar un pacto con los demás aliados de la mayoría. El PSOE y Sumar han sellado su acuerdo de gobierno, cuyos últimos flecos remataron el lunes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una reunión en La Moncloa. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ambos en funciones, han prese...

La coalición da un paso decisivo para la investidura de Pedro Sánchez, a la espera de cerrar un pacto con los demás aliados de la mayoría. El PSOE y Sumar han sellado su acuerdo de gobierno, cuyos últimos flecos remataron el lunes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una reunión en La Moncloa. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ambos en funciones, han presentado el contenido este martes, tras el Consejo de Ministros, en un acto en el Museo Reina Sofía en el que no han admitido preguntas. El acuerdo implica un amplio grupo de iniciativas que incluye la más relevante, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, pero además un extenso paquete de medidas sociales que supone un contrato para marcar el guion político de la coalición. “Hoy es un día grande, hoy presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo para la ciudadanía y un compromiso de país (…) Este acuerdo no es del PSOE ni de Sumar. Es suyo, es vuestro. Es para vivir mejor”, se ha entusiasmado Díaz. “Firmamos un acuerdo de gobierno con la voluntad de ofrecer estabilidad, progreso y convivencia”, ha abundado Sánchez, seguro de que su investidura tendrá éxito: “A este gobierno de coalición le daban dos días, pero llevamos cinco años y vamos estar otros cuatro años más”, clamó entre los aplausos de ministros y dirigentes del PSOE y de Sumar.

Los dos partidos han distribuido el texto del acuerdo, pero Sánchez y Díaz no han aceptado preguntas de la prensa para evitar tener que hablar de la amnistía, el gran asunto que están negociando con los independentistas y que cuya complejidad ha llevado al Gobierno a un cerrojazo informativo total que ha reducido al mínimo las comparecencias e incluso ha supuesto que en el Consejo de Ministros de hoy se aceptaran solo tres turnos de preguntas, un mínimo histórico. Ante la protesta de los informadores, la portavoz, Isabel Rodríguez, ha añadido un turno más, pero siguen siendo muchos menos de lo habitual en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que en épocas anteriores se situaba alrededor de los 10 turnos de palabra, incluido el Gobierno de Mariano Rajoy, que fue muy criticado en su momento por el PSOE porque daba muy pocas oportunidades de preguntas a la prensa, lo que motivó en 2012 la campaña “sin preguntas no hay cobertura”. El Ejecutivo alega que está en funciones y hay poca agenda del Consejo de Ministros, pero lo cierto es que en esta última etapa La Moncloa ha ido reduciendo las preguntas y las comparecencias del Gobierno al mínimo ya antes de que estuviera en funciones.

El texto del acuerdo incluye finalmente la reducción de la jornada laboral “sin reducción salarial” de las 40 horas semanales que recoge el Estatuto de los trabajadores hasta las 37,5 horas, esto es media hora menos al día. Este es el asunto que costó más pactar —pese a llevar días discutiendo ya sobre el detalle, la concreción de horas y fechas para su aprobación se cerró el lunes por la noche, según fuentes de la negociación—, y es el hito del acuerdo. La última discusión se basó en que los socialistas, como explicó la vicepresidenta, Nadia Calviño, apostaban más por dejar esta cuestión en manos de la negociación de los agentes sociales, lo que podría dar margen para vetarlo a la patronal, mientras Sumar reclamaba que se haga por ley esta primera fase hasta los 37,5 y después abrir el diálogo para bajar hasta los 35 a lo largo de la legislatura. Finalmente, se ha alcanzado un equilibro que implica que será por ley, pero gradual. En 2024 se bajará de las horas semanales actuales a 38,5, y en 2025 a 37,5. Ambas reformas se harán por ley, con un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Los agentes sociales serán consultados, pero no se exigirá su aprobación, para que la patronal no tenga derecho de veto. En cualquier caso esta reforma necesitará el concurso de toda la mayoría que se está formando, incluido el PNV y Junts, que suelen ser sensibles a posiciones empresariales.

Los sindicatos UGT y CC OO han celebrado la reducción de la jornada laboral, mientras que la patronal ha expresado su rechazo. En un comunicado conjunto, CEOE, Cepyme y ATA han mostrado su sorpresa por que el acuerdo “se adentre en cuestiones propias del diálogo social”.

Mientras Izquierda Unida ha valorado “positivamente” el acuerdo en un comunicado, Podemos, cuyas ministras no acudieron a la presentación —Ione Belarra tenía agenda ministerial en Madrid e Irene Montero se encontraba en Bruselas— no han saludado el pacto. Su coportavoz Pablo Fernández, quien un día antes tildaba los términos de las negociaciones de “insuficientes”, volvió a reclamar ministerios para su partido por la mañana, mientras que la titular de Igualdad, desde Bélgica, afirmó que carecían de información sobre “el detalle del acuerdo”. En Sumar, no obstante, opinan que este implica al “conjunto” de la coalición y de los diputados.

El pacto suscrito por Sánchez y Díaz consta de 230 medidas que incluyen otros asuntos sobre los que Sumar había insistido en las últimas semanas, como la mejora del despido vinculándolo a la causalidad y la carta social europea, la regulación de los contratos de relevo (esos que se ejecutan cuando un trabajador solicita la jubilación parcial y entra otro a cubrir su plaza), la creación de una ley para establecer un máximo legal en las listas de espera de la sanidad pública, la aprobación de permisos remunerados para la conciliación familiar (cuatro de las ocho semanas) y la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento (hasta las 20 semanas de forma gradual a lo largo de la legislatura).

La apuesta por la transición ecológica y una economía verde es otro de los compromisos más reseñables del programa con la revisión de los objetivos de la Ley de Cambio Climático “para aumentar su ambición” para que España reduzca un 55% de sus emisiones en 2030, alcance ese año el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía y logre unas emisiones netas nulas en 2050. El PSOE además ha accedido a impulsar, siguiendo el ejemplo de países como Francia, la reducción de los vuelos peninsulares que cuenten con una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media “salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales”, detalla el acuerdo programático de 48 páginas, que, sin embargo, no especifica cuáles se verían afectados. Fuentes de la negociación reconocen que esto será objeto de nuevos debates dentro de la coalición.

El documento recoge también otras medidas como la implementación de un plan de choque contra el desempleo juvenil, el aumento del parque público de vivienda, la universalización de la educación de 0 a 3 años —Sánchez y Díaz se comprometen a que al final de la legislatura el acceso a la escuela pública para niñas y niños de 2 años sea “universal”— y una reforma fiscal que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público.

Fuentes de Sumar, por su parte, destacan también que el documento incluye una ley de cuidados, la reforma de la financiación territorial, la subida del salario mínimo interprofesional “para que no se pierda poder adquisitivo” y la derogación de la llamada ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por Mariano Rajoy en 2015). Esta última ya se intentó reformar en la pasada legislatura, con una mayoría parlamentaria de izquierdas, y fracasó por las diferencias con ERC y EH Bildu.

La reducción de la jornada, la medida estrella, afectaría de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas del sector privado (de un total de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social). En la actualidad, más de 1,6 millones del sector privado tienen una jornada pactada en su convenio colectivo inferior, lo que supone uno de cada siete trabajadores de este sector. También la tienen en el sector público.

La jornada laboral de ocho horas al día se aplica en España desde hace más de un siglo, cuando se consiguió tras la huelga de La Canadiense en 1919. Entonces eran seis los días de trabajo a la semana, por tanto, 48 horas semanales, y no fue hasta 1983 cuando se aprobó la jornada de 40 horas semanales, ocho cada día laborable con dos de descanso. El proyecto de ley fue aprobado hace cuatro decenios en el Congreso para reducir de 43 horas a 40 horas la jornada semanal máxima. Entonces, la medida afectó a cinco millones de trabajadores de los 11 millones que había registrados. Desde entonces se ha mejorado la jornada anual con vacaciones y festivos, pero nunca se tocó la semanal de 40 horas. Hasta ahora.

El último punto del texto aborda también el reconocimiento del Estado palestino, aunque no en los términos que pretendía Sumar. “El Gobierno de España trabajará activamente para favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respecto al derecho internacional. Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014″. Aquella iniciativa parlamentaria ligaba ese reconocimiento a la posición común de la Unión Europea, mientras que la formación de Díaz quería que España lo hiciese de manera “unilateral”.

Una vez solventado el acuerdo con Sumar y a poco más de un mes para que expire el plazo límite para la investidura de Pedro Sánchez, se deberían sellar en las próximas semanas los pactos con todos los demás: PNV, EH Bildu —que ya ha dado el sí—, BNG y tal vez con Coalición Canaria. Pero antes, para avanzar en todos esos, es imprescindible desbloquear la negociación más complicada de todas, con ERC y Junts, que gira alrededor de la amnistía a los encausados del procés.

El PSOE ha convocado un comité federal, su principal órgano de decisión entre congresos, este próximo sábado 28 de octubre, para aprobar la consulta a las bases sobre el pacto de coalición, que es obligatoria y vinculante tras la reelección de Sánchez en las primarias de 2017. La ejecutiva federal podría dar luz verde a la consulta a la militancia, como sucedió en noviembre de 2019, pero lo lógico es que se haga en este comité federal.

El escenario idóneo que contemplan en el PSOE es que la investidura se celebrase antes del congreso del Partido Socialista Europeo del 10 y 11 de noviembre en Málaga. Sánchez, consciente de que será una legislatura mucho más compleja por la falta de alternativas que tendrá para sacar adelante la acción legislativa en el Congreso, persigue un pacto de legislatura. Unas garantías de estabilidad ante la mayoría más difícil de la democracia que, al menos de momento, los independentistas catalanes no comparten, aunque es lo que se está negociando a cambio de la amnistía.

Consulte el texto del acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE y Sumar. Si no puede verlo, pinche aquí.