El Gobierno descarta la nueva petición de ERC: “No habrá referéndum de autodeterminación”

Acosado por críticas internas y externas, y con ERC aprovechando la situación para apuntar su siguiente paso, el referéndum de autodeterminación, el Gobierno pone el freno: “No habrá referéndum de autodeterminación. Es inconstitucional. No se va a celebrar”, han cerrado de forma tajante tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El Ejecutivo está la...

Acosado por críticas internas y externas, y con ERC aprovechando la situación para apuntar su siguiente paso, el referéndum de autodeterminación, el Gobierno pone el freno: “No habrá referéndum de autodeterminación. Es inconstitucional. No se va a celebrar”, han cerrado de forma tajante tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El Ejecutivo está lanzando un mensaje muy claro: asume el desgaste que pueda suponer la reforma del delito de malversación, una medida que el presidente Pedro Sánchez calificó de “arriesgada” y el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha criticado con una dureza inusitada, al igual que el de Aragón, el también socialista Javier Lambán, que ha empleado un tono más suave. En todo caso, se trata del último paso que dará Sánchez como concesión a ERC con el objetivo de cerrar la etapa del procés y devolver la normalidad política a Cataluña.

Sánchez ha hecho tres saltos muy relevantes que resuelven en parte la situación penal de los líderes del procés. Primero, el indulto parcial, que los sacó de la cárcel después de cuatro años aunque les mantuvo la inhabilitación. Después, la reforma de la sedición, que reduce de 15 a 5 la pena máxima y ayuda sobre todo a los que aún no han sido juzgados, en especial los que se fugaron, como Marta Rovira (secretaria general de ERC, aún en Suiza) o Carles Puigdemont (referente de Junts, en Bélgica), que se enfrentan a penas inferiores. Y por último ha cambiado la malversación, algo que beneficia a todos los anteriores, pero sobre todo a los segundos niveles, que están procesados especialmente por este delito, que pasa de un máximo de 12 años a otro de 4. Pero este era el último y polémico paso.

El Gobierno cree que vale la pena este desgaste por un objetivo mayor, que es cerrar el episodio del procés. Y además, asegura en privado que esto está logrando romper al independentismo, cada vez más dividido, y debilitarlo, mucho más de lo que ha estado en los últimos cinco años, desde que empezó el procés. Rodríguez insistió varias veces en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en que Sánchez y su política en Cataluña han logrado que este asunto, que llegó a ser la segunda preocupación de los españoles, después del paro, ahora esté en el puesto 41 según el CIS.

”Se está recuperando la normalidad en Cataluña, basta recorrer sus calles para ver cómo la situación no tiene nada que ver con la de 2017. Además, desde que Pedro Sánchez es presidente, en Cataluña se cumple la ley, y el independentismo está perdiendo fuerza. Antes era un sentimiento mayoritario en la sociedad, estamos logrando que no lo sea”, señaló la ministra. “Estamos tomando decisiones pensando en la convivencia de nuestro país. Y el tiempo nos está dando la razón, las decisiones están resultando eficaces”, sentenció Rodríguez en referencia a los indultos.

ERC ha aprovechado el momento para acelerar la máquina con su petición de referéndum, que parecía aletargada. En el Gobierno lo interpretan como un gesto hacia el mundo independentista, que en algunos sectores está criticando a ERC por haber aceptado dos reformas, la de la sedición y la de la malversación, que aunque reducen mucho las penas y benefician a sus dirigentes, en el fondo implican que los republicanos asumen indirectamente que lo que se hizo en el procés fue delictivo, aunque ellos formalmente lo nieguen e insistan en que los comportamientos del procés no se pueden incluir en ninguna de las dos redacciones pactadas, ni en la que sustituye la sedición por los desórdenes públicos agravados ni en la nueva formulación de la malversación.

Antes de someterlo a un hipotético pacto con el Gobierno central en el marco de la mesa de diálogo, la apuesta de los republicanos es que el contenido de ese acuerdo de claridad sea debatido por las entidades y partidos que están a favor de celebrar el referéndum de independencia (aunque no estén a favor de la independencia). El Ejecutivo sigue planteando que esa mesa se celebrará, aunque de momento no tenga fecha. Es lo pactado con ERC. Pero en ningún caso de esta mesa saldrá una referéndum de autodeterminación pactada, aseguran en el Gobierno una y otra vez.

Los republicanos juegan ahora con la ventaja de que el Gobierno ha aceptado buena parte de sus demandas, y alimentan la posibilidad de que también acepte la consulta pactada, algo que el Ejecutivo ha descartado siempre de todas las maneras posibles. “Han dicho que no a tantas cosas que luego han acabado pasando, que vamos a seguir trabajando” aseguró la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras advertir que el referéndum por la independencia es irrenunciable.

La agenda del equipo de Aragonès prevé que, una vez atada la reforma del Código Penal para derogar la sedición y modular el castigo a la malversación, se dirigirá el empeño hacia la estrategia separatista. “Somos un gobierno que trabaja discretamente”, ha dicho la portavoz, a la vez que anunciaba que preguntar a los catalanes en un referéndum sigue siendo una prioridad. “Pactado con el Estado”, ha matizado Plaja.

El Gobierno catalán se mueve entre una variedad de frentes abiertos. Sin socios asegurados para aprobar las cuentas de la Generalitat para 2023, y en plena negociación con el Gobierno para desbrozar los Presupuestos del Estado y modificar el Código Penal, se ha reabierto la caja latente del referéndum. En una especie de amago, desde la Generalitat se defiende que todo parte de una estrategia de Esquerra Republicana. “Es una propuesta que hace un partido”, ha alegado Plaja. En realidad, desde que hace dos meses se rompió la alianza con Junts en el Govern, Esquerra controla la Generalitat sin oposición ni debate.

El president Pere Aragonès ya había anunciado, en septiembre, su voluntad de alcanzar un “acuerdo de claridad” que sirva de hoja de ruta para abordar lo que se define como “conflicto político” con el Estado. Se propone que, si más de la mitad del censo catalán participa en esa votación y el sí a una pregunta clara obtiene más del 55% de los votos, el Gobierno central esté obligado a abrir una negociación para pactar los términos de la secesión.