El Instituto de Derecho de Lausanne cuestiona la donación de los 65 millones de Arabia Saudí al rey emérito

Yves Bertossa, el fiscal suizo que investiga si Arabia Saudí pagó una comisión a Juan Carlos I por las obras del AVE a la Meca, no ceja en su empeño de demostrar el presunto origen ilícito de ...

Yves Bertossa, el fiscal suizo que investiga si Arabia Saudí pagó una comisión a Juan Carlos I por las obras del AVE a la Meca, no ceja en su empeño de demostrar el presunto origen ilícito de los 65 millones que recibió el rey emérito. Y desde hace varias semanas cuenta con nuevos datos para, al menos, mantener todavía vivas unas pesquisas que ahora cumplen tres años sin arrojar demasiada luz.

A petición del fiscal jefe de Ginebra, el prestigioso Instituto Suizo de Derecho Comparado de Lausanne ha emitido un informe en el que cuestiona la donación de 65 millones de euros que el rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdelaziz hizo en 2008 al entonces jefe del Estado español. En opinión de este organismo, una donación de esas características hecha por un funcionario público habría violado la legislación de ese país y dañado a sus arcas públicas, según señalan a EL PAÍS fuentes conocedoras de la investigación. El informe no menciona al monarca saudí fallecido en 2015.

El Instituto Suizo de Derecho Comparado es un organismo autónomo adscrito al Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza al que acuden jueces y fiscales para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales. El fiscal Bertossa pretende determinar si el rey Abdalá bin Abdelaziz malversó fondos públicos. Para acusar de blanqueo de capitales a los gestores de la cuenta y a Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos I que finalmente se quedó con el dinero, necesita demostrar el origen ilícito de esos 65 millones.

Las defensas de los investigados, Arturo Fasana, gestor de la cuenta del rey emérito; Dante Canónica, director de la fundación Lucum; Corinna Larsen, y el banco Mirabaud & Cie han encargado a diversos expertos en derecho internacional, uno de ellos un instituto islámico en Madrid, sus propios informes. En todos ellos se concluye la tesis contraria: Arabia Saudí es una monarquía absoluta y el rey Abdalá tenía potestad para hacer esta donación sin cometer una apropiación indebida. “El informe de Lausanne no responde a la pregunta concreta sobre el rey Abdalá. Es más bien genérico”, afirma el letrado de una de estas defensas.

El fiscal ginebrino ha enviado estos informes al Instituto de Lausanne para que los rebata y elabore un dictamen final.

La figura de Juan Carlos I sigue siendo el eje central de la investigación del fiscal suizo. “Ignoro por qué razones, en lo referente a la fecha de ese contrato, solo se menciona el 2012”, respondió al fiscal Bertossa el banquero Nicolas Gonet, presidente del banco en Bahamas al que fueron a parar los 64,8 millones donados por Juan Carlos I a Corinna Larsen. La pregunta intenta descifrar por qué el contrato de donación “irrevocable”, firmado por el entonces jefe del Estado y la consultora alemana, carece de fecha. Nadie ha dado todavía una respuesta y sigue siendo un misterio.

El fiscal jefe del Cantón de Ginebra no ha renunciado a hacer un aluvión de preguntas incómodas sobre el rey emérito, aunque este no figura como investigado ni ha sido llamado a declarar en la causa que abrió hace tres años al estilo suizo, en secreto y sin ruido. Los asesores de Juan Carlos I temen a Bertossa. Antes de establecerse en Emiratos Árabes Unidos, Juan Carlos I desistió de viajar a Ginebra a visitar a la infanta Cristina porque le advirtieron de que el fiscal lo aprovecharía para llamarle a declarar. “Es algo que ahora parece poco probable, pero que todavía no ha descartado”, afirma una fuente suiza.

En España, en cambio, las diligencias de investigación penal abiertas en 2020 por el Tribunal Supremo tienen una figura principal: Juan Carlos I. El equipo de fiscales que dirigen Juan Ignacio Campos y Alejandro Luzón investiga al rey emérito por hechos muy similares a los que se indagan en Suiza, el presunto cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca, construido por empresas españolas. Los indicios apuntan a blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. El pasado 1 de julio Bertossa viajó a Madrid y se entrevistó con sus colegas españoles.

Los interrogatorios del fiscal suizo al círculo de personas que colaboraron con Juan Carlos I en la apertura de la cuenta de la fundación Lucum en el banco Mirabaud & Cie, en la que recaló el dinero, recogen más de 80 preguntas relacionadas con el entonces jefe del Estado, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

Una batería de preguntas dirigidas a los banqueros suizos que movieron esa fortuna, a Fasana, a Canonica y a Larsen, la consultora alemana que recibió finalmente el dinero en el vidrioso paraíso fiscal de Nassau (Bahamas). Todos ellos, incluido el banco, están investigados por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales, castigado con penas de hasta cinco años de cárcel. El pasado mes de junio fue la última vez que desfilaron ante Bertossa, que ya ha sugerido a sus abogados que está dispuesto a llevar el caso a juicio.

Por el despacho del fiscal, en un moderno edificio que se levanta a cinco minutos en tranvía desde el centro de Ginebra, ha comparecido también como testigo Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito. Su fundación Zagatka abonó a Juan Carlos más de ocho millones en vuelos privados. Y Antoine Boisser, exdirectivo del banco Mirabaud & Cie, el hombre que consiguió la cuenta millonaria para su entidad. Una cuenta secreta que se guardaba en una caja fuerte y que solo conocían los seis socios del banco.

En la historia de esta banca privada que cuenta con oficinas en España solo ha habido otro cliente cuyo nombre se mantuvo oculto al resto de los directivos, según confesó Yves Mirabaud, presidente de la entidad, al fiscal. “Históricamente, quizás haya habido otro beneficiario al que únicamente conocían los asociados”, explicó este banquero.

En Ginebra, las preguntas incómodas no han terminado. Continuarán. Al contrario que en España, no hay plazo para cerrar una investigación judicial. El caso podría durar otros cuatro años, aunque los abogados de los investigados tienen la potestad de acudir a una corte de apelación y pedir que concluya.

Bertossa no quiere dejar sin respuesta preguntas como la del contrato de donación sin fecha de los 65 millones y otras que no se han aclarado. Y casi todos los interrogatorios giran sobre el rey emérito ¿Por qué Arabia Saudí le transfirió ese dinero? ¿Chequeó el banco Mirabaud con los saudíes el motivo de la transferencia? ¿Existe algún documento que acredite la causa de esa donación?

Ante el fiscal todos los interrogados han dado respuestas casi idénticas a estas preguntas. Se trató de un “pure gift” (puro regalo) del rey de Arabia Saudí a su “hermano” Juan Carlos I; el banco no chequeó el testimonio dado por los gestores de la cuenta; no hay un solo documento de los donantes saudíes que explique la donación.

“¿Cuál es la razón que llevó a Juan Carlos I a desheredar a su hijo por una suma de cerca de 60 millones para regalárselos a su amiga Corinna Larsen?”, preguntó Bertossa a Dante Canónica, el abogado que administró Lucum. “Juan Carlos I podía disponer libremente de los activos de Lucum mientras estuviera vivo. Había tomado la decisión de no conservar ese dinero y dárselo a su amiga. Desconozco si su hijo Felipe estaba informado de la existencia de la fundación y de sus activos”, respondió el letrado ginebrino. Fuentes del palacio de la Zarzuela afirman que Felipe VI lo desconocía.

Bertossa vincula en sus escritos la recepción de esos 65 millones con la adjudicación de la segunda fase de las obras del AVE a la Meca que obtuvieron un consorcio de empresas españolas y con una rebaja del 30% en la puja final. Pero no ha conseguido pruebas que lo avalen, según afirman fuentes judiciales que aseguran que “no guarda ningún as en la manga”.

En España, la investigación de los fiscales sobre las obras del AVE a la Meca se ha topado con el mismo problema. Después de meses de pesquisas, interrogatorios a sospechosos e investigaciones dentro y fuera de España, los indicios no conducen a pruebas que acrediten el pago de una comisión por lo que los presuntos delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias serán difíciles de sostener si se presentara una querella contra el rey emérito, un escenario que parece descartado. “La investigación está llena de agujeros”, ha confesado el fiscal Juan Ignacio Campos a una persona de su confianza.

El fiscal jefe del Cantón de Ginebra dirigirá su investigación hacia otros derroteros, según creen fuentes cercanas al caso. De las declaraciones a algunos investigados se desprende que no aplicaron la diligencia debida en el chequeo del origen de los fondos. Y fue ese punto débil el que explotó Bertossa durante el último interrogatorio el pasado mes de junio a los investigados, en especial a los representantes del banco Mirabaud & Cie. Sugirió en voz alta que puede ampliar su investigación a nuevos delitos.

“Bertossa no va a cerrar el caso sin procesar a alguien. Si no logra demostrar la acusación de blanqueo acusará al banco o a alguno de los investigados de falta de diligencia en la comprobación del origen de los fondos”, pronostica una fuente cercana a la investigación.