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Siete decanos diseccionan la crisis de la Complutense: “Hemos tenido que paralizar actividades por roturas de tuberías”

Responsables de la universidad más grande de España alertan de los recortes en vísperas de la huelga. Les cuesta retener a los profesores y garantizar el ascensor social de los alumnos

Los 26 decanos de la Universidad Complutense han decidido plantar cara abiertamente a la infrafinanciación que sufre su institución y con la que bregarán los próximos tres años. Y lo han hecho ...

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Los 26 decanos de la Universidad Complutense han decidido plantar cara abiertamente a la infrafinanciación que sufre su institución y con la que bregarán los próximos tres años. Y lo han hecho a través de un manifiesto conjunto que leyeron hace una semana, y sentándose siete de ellos ―en representación de los 26― con este periódico en torno a una mesa para compartir sus preocupaciones. El encuentro se celebró el pasado jueves en la facultad de Ciencias Físicas, convertida en el epicentro de las protestas, con permiso de la siempre reinvindicativa Ciencias Políticas. Y una cita que coincide con la antesala de las dos jornadas de huelga y la manifestación que las asociaciones y sindicatos han convocado la semana que viene en las seis universidades públicas madrileñas para denunciar su asfixia económica.

Los decanos de la universidad más grande de España (61.000 estudiantes y 11.700 trabajadores) no quieren que se perciba esta charla como un encontronazo político con la Comunidad de Madrid ―cada uno tiene su ideología, pero comparten su defensa de lo público―, sino como un intento de concienciar a la población sobre la importancia de la Academia como motor económico, científico y cultural, y como el mejor ascensor social. En ningún momento olvidan su papel institucional. De hecho, solo citan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, principal causante de su situación, una vez en casi hora y media de conversación.

El panorama al que se enfrentan es desolador. Los próximos tres años la UCM contará con unos “presupuestos de guerra”, en palabras del rector, Joaquín Goyache, para devolver un crédito de 34,4 millones de euros (y 4,4 millones de intereses) a la Comunidad. No quedaba otra para abonar los sueldos de fin de año.

“Si una comunidad solo se dedica a formar personas académicamente, sin investigar ni innovar, no tiene futuro. Se convierte en una región de servicios”, sostiene José Miguel Ezquerro, decano de Óptica. En Madrid todo el sistema está en peligro. Las universidades públicas son minoría: seis frente a 13 privadas, que podrían ser 17 en 2026. Y recibirán el curso que viene la “cifra récord”, vende la Comunidad, de 1.239 millones. Pero si se descuenta la inflación (38,9%), deberían percibir 1.549 millones para alcanzar la misma cantidad real que en 2009, cuando estuvieron más saneadas.

“Entre los alumnos está calando la idea de que está un juego su futuro. Una universidad pública ofrece una calidad y una excelencia contrastada en los rankings, la empleabilidad, el progreso, el doctorado, la investigación... Y ellos, solo con su capacidad y talento, pueden conseguir estudiar con un precio de matrícula accesible. Y eso ahora está en peligro. ¡Ojalá pudiéramos ofrecer más plazas!”, sostiene Ángel Gómez Nicola, decano de Ciencias Físicas. No hay dinero para más.

En los últimos años, las seis universidades han ido salvando los muebles con los 574 millones (más intereses) ganados en sentencias a la Comunidad, que incumplió su plan de inversiones. Pero la partida se ha agotado y han entrado en la UCI. La locomotora económica de España es quien peor financia por estudiante del país.

A Antonio Bru, decano de Matemáticas, le gusta poner el ejemplo de Corea del Sur: “En los años 60 era una de las economías más pobres del mundo, empezaron a invertir por encima del 5% de su PIB en educación, y ahora es una de las 10 más potentes. Lo que reclamamos a la sociedad, y a todas las instituciones, es que se replanteen dónde queremos estar ahora y dentro de 20 o 30 años”.

Bru cree que es un “problema de mentalización” de la sociedad. “¿Por qué nos podemos gastar un 5% en armas y no en educación?”, se pregunta. Todos los decanos consideran que hay que cuidar la universidad, porque es “un bien estratégico”, un “marco de conocimiento”, “un antídoto contra la desigualdad” y “un instrumento de integración social”.

Gómez Nicola (Físicas) no quiere ir tan a futuro: “La preocupación que tenemos no es a 20 años, sino a dos o tres. Las infraestructuras de momento aguantan, pero son antiguas. Las prácticas del laboratorio de momento no se rompen, pero vamos a empezar a tener un serio problema para mantener el estatus de número 1 que hoy conservamos con mucho esfuerzo y dedicación”. Muchos de sus edificios son históricos y carísimos de mantener y cuentan con 14 museos y 15 colecciones históricas. “Una financiación adecuada no es un capricho. No somos un gasto, sino una inversión”, enfatiza Miguel Luque, el decano de Geografía e Historia.

Cinco veces menos dinero para obras

En el apartado de reformas y obra nueva, un capítulo aparte, este curso han contado con seis millones, frente a los 32 que recibieron en 2007. Esa exigua partida se diluye como un azucarillo en un millón de metros cuadrados construidos. “Con el poco dinero que nos han dado, la universidad ha priorizado la seguridad. No llega ni para mantener bien los edificios”, valora Luque, de Geografía e Historia.

“Muchas facultades tienen que pasar ahora la ITE (Inspección Técnica de Edificaciones). ¿Quién lo va a pagar? ¿La Complutense?“, se pregunta el decano de Óptica. “Toda la red de suministros y desagües de la Ciudad Universitaria también los mantiene la Complutense”, recuerda Consuelo Serres, decana de Veterinaria. También varios viales del campus.

“En Somosaguas vamos a poner canalizaciones nuevas de agua, porque hemos tenido roturas de tuberías que han hecho paralizar las actividades. Y estamos pidiendo que se ilumine el campus, porque puede resultar peligroso”, relata la decana de Trabajo Social, Aurora Castillo. “Ahora usamos los focos de las facultades para iluminar los parkings. Y también me preocupa que nos llenemos la boca diciendo que vamos a abrir las universidades a las personas que tienen diversas discapacidades y luego no les facilitamos el acceso. En mi facultad solo hay un baño adaptado, porque hemos tenido que parar las obras en los otros dos”.

Al responsable de Matemáticas le resulta incomprensible la situación a la que se ha llegado: “No se entiende la infrafinanciación. Sobre todo cuando llevamos años de expansión económica. Somos el país de Europa que más crece”.

Profesores precarios que cambian de ciudad

La prioridad, dicen los decanos, es que la docencia no se resienta, y tampoco la investigación, pero ello a costa de recortar por otros lados. En julio de 2024 les menguaron el presupuesto un 35%, y seguirán así al menos hasta 2028 para devolver el préstamo. El decano de Matemáticas se agarra a los números. Su facultad tenía un presupuesto de 610.000 euros en 2008, hace dos años 425.000 y tras la tijera se ha quedado en 270.000. “El problema no arranca hace año y medio. Hubo unos recortes en 2010 con la recesión económica que se han mantenido. Por eso el capítulo I, el gasto en nóminas, ocupa cada vez más, aunque no seamos más profesores, PTGAS [personal de administración]...”, aporta Serres, de Veterinaria.

La práctica totalidad de los que empiezan a trabajar en la UCM con un contrato a tiempo completo son con la figura de profesor ayudante doctor, el escalón más bajo, y gracias en parte a que el Estado va a cofinanciar plazas durante los próximos seis años. Ayuso se resistió al pacto, catalogándolo de “chantaje” del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque claramente beneficia a los centros públicos.

“Somos menos profesores, y no solamente eso, sino que las personas que han entrado lo han hecho con mayor precariedad. Me preguntaría si efectivamente cumplimos todas las administraciones públicas el porcentaje de temporalidad del 8%”, subraya Esther del Campo, la decana de Ciencias Políticas y Sociología, quien libró en 2023 una batalla con Goyache por el gobierno de la UCM. En 2024, 8.972 profesores tenían en la UCM contrato a tiempo completo y 2.781 parcial.

“Y esas plazas de ayudante tienen que estabilizarse, porque si no, nos descapitalizamos”, razona Luque. Pero vivir en Madrid es prohibitivo y cada vez más profesores ayudante doctor, con salarios de 1.400 euros, a los tres meses deciden irse a otras ciudades más baratas cuando se convocan otras plazas de ese programa. En el departamento de la decana de Políticas, por ejemplo, han renunciado tres de los ocho que tomaron posesión de la plaza. Esos profesores saben también que, si están acreditados para profesor permanente laboral, en poco tiempo ocuparán una plaza estable en otras universidades.

“Esta carestía de la vida también nos perjudica a la hora de encontrar estudiantes. Nos dicen que tenemos que aumentar en alumnos, pero necesitamos también las condiciones para ello”, añade Luque. La UCM no ha subido, pese a la crisis, el precio de sus colegios mayores, pero no tiene dinero para rehabilitar el mítico San Juan Evangelista (el llamado Johnny) o una residencia para profesores visitantes. En paralelo, en la capital el negocio privado de residencias para estudiantes no para de crecer.

En la UCM también captan talento investigador fuera, que luego quieren estabilizar, pero no pueden sacar plazas. Por ejemplo, en Físicas, los cuatro científicos con contratos Ramón y Cajal, obtenidos en unos concursos hipercompetitivos, se han ido al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “La propia presidenta de Madrid dice que vamos a intentar captar talento, aprovechar el momento de Estados Unidos, pero no tenemos ni las condiciones económicas, ni un tipo de regulación adecuado”, remarca Del Campo. También ellos exportan ingenio: en 2024 leyeron allí su tesis 777 doctores, siete más que la cuarentena de universidades privadas de España juntas. Contentos de hacerlo, dicen. Es su cometido.

“Hacemos lo que nos dice la ley de universidades: estar a la altura de los tiempos. Y los quinquenios y sexenios [complementos por antigüedad y producción científica] encarecen el capítulo I, el de nóminas. No es que seamos más profesores”, insiste Castillo, de Trabajo Social. La brecha entre lo que reciben para salarios y el gasto real crece cada año. La partida solo cubre el 80% del coste y el resto antes se abonaba con las matrículas de los estudiantes. Pero este fin de año ya no es suficiente y han necesitado un préstamo de Ayuso al 2,8% de interés.

Gómez Nicola va más allá: “Parece que tenemos que pedir perdón por tener más catedráticos y una proporción de sexenios mayor que otras universidades [más labor científica acreditada], cuando eso es justo lo que nos da la calidad que ofrecemos”.

Miles de jóvenes sin plaza

“A la Complutense siguen viniendo alumnos por su excelencia, pero si esta se pierde van a dejar de venir. Y, además, no tenemos la matrícula cero euros de otras comunidades”, opina el decano de Físicas. Este curso el último alumno que ha entrado en el ansiado grado en Física lo hizo con un 11,78 sobre 14. 500 jóvenes se han quedado sin plaza y otros 250 ingresaron. Y, en paralelo, los centros privados se dan prisa en abrir este grado tan demandado ahora por el mercado y que antes despreciaban.

“Por supuesto que yo puedo abrir más plazas, pero sin recursos estoy engañando a la gente. Si en una práctica para dos personas meto a seis alumnos, no funciona”, se frustra el decano. Los colegios profesionales y las empresas piden también más titulados a la facultad de Óptica, pero no cuentan con profesores e instalaciones suficientes para aceptar a más estudiantes.

Gracias a la llegada de los profesores ayudante doctor, en Trabajo Social han abierto un sexto grupo en primero. “Y si tuviésemos 10, los hubiésemos llenado”, se enorgullece su decana. “Nosotros dejamos al 70% fuera”, se lamenta su compañera de Veterinaria. Ese grado ya tiene en Madrid más alumnos en la privada que en la pública: el pasado curso ingresaron 163 en la UCM, frente a 366 en las privadas. “Cada alumno que admitamos de más es una carga económica mayor, porque con las matrículas no se cubre la formación”, prosigue Serres.

Enseñar a un futuro veterinario cuesta a la UCM 25.000 euros por curso ―es la carrera más cara de todo el sistema universitario― y la matrícula supone 1.500 euros. “¿Y la diferencia quién la pone? Tiene que hacerlo la sociedad. Luego se dice que no hay veterinarios rurales, que hay que formar más...“, plantea la decana.

Bru, de Matemáticas, hace una comparación con las universidades privadas: “Tienen estudiantes en dos o tres disciplinas. Están muy concentradas donde hay negocio. Pero la Complutense mantiene disciplinas de humanidades y ciencias sociales que la sociedad necesita, y no tenemos que llenar siete aulas de estudiantes, a lo mejor con una nos vale”.

Luque, de Geografía e Historia, quiere ahondar en esa peculiaridad. “Evidentemente todos hacemos números, pero pensar en una lógica mercantil no es lo que debemos hacer en una universidad pública. El prestigio de una universidad no radica solamente en el número de estudiantes, sino en la calidad de los estudios y nosotros estamos muy posicionados en los rankings”. “¡No nos pueden meter esos criterios! Esto no es un negocio”, se indigna Bru. Castillo recuerda que la UCM se posiciona como la 41 del mundo en el ranking de QS, el que evalúa la empleabilidad de los graduados de universidades de todo el mundo.

“Ayer en la facultad tuvimos a Ángel Moratinos, el alto representante de acuerdo de la Alianza de Civilizaciones, que estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Complutense”, recuerda Del Campo. “Y lo dijo en público: ‘Con lo que estáis estudiando, se puede llegar a las instituciones. Yo lo he hecho a las Naciones Unidas, he sido ministro...’. Es decir, realmente se puede”.

Pero el temor de los decanos es que este ascensor social del que habló Moratinos se evapore. El miércoles y jueves las asociaciones y sindicatos han llamado a la huelga. Habrá decanos que manden a su comunidad un comunicado de adhesión y otros que no, pero a los 26 les une una preocupación que remarcaron en su manifiesto: el modelo de Ayuso les ahoga financieramente, “mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso”.

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