Ayuso destina 7,6 millones a obras en sus seis universidades frente a los 32 que invierte el País Vasco en la suya

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregará a las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá) 7.675.000 euros para “obra nueva y reformas” en 2025. La cuantía equivale a 12 veces menos de lo presupuestado para 2007 (95 millones). Es la misma cantidad que han recibido este curso e idéntica a la prevista para 2026. Pero hay una diferencia radical respecto a este año y es que han perdido ya el colchón eco...

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregará a las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá) 7.675.000 euros para “obra nueva y reformas” en 2025. La cuantía equivale a 12 veces menos de lo presupuestado para 2007 (95 millones). Es la misma cantidad que han recibido este curso e idéntica a la prevista para 2026. Pero hay una diferencia radical respecto a este año y es que han perdido ya el colchón económico ―456,2 millones de euros ganados en sentencias en el Tribunal Supremo al Ejecutivo regional― que les ha permitido mantenerse a flote en los últimos cursos. En pocas semanas se conocerá el presupuesto total destinado a universidades ―que incluye los sueldos, que devoran la partida― y en los pasillos se habla de una subida mínima que, de cumplirse, pondría a los rectorados en una situación económica de extrema urgencia. Las declaraciones públicas del Ejecutivo no son esperanzadoras.

“El 4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se invierte en universidades públicas. Superamos los 1.100 millones [1.117 millones]. Le reto a que vea la financiación del resto de las comunidades autónomas y verá que es la que más aporta a su universidad pública”, le desafió Ayuso a Juan Lobato, portavoz socialista, el pasado jueves en la Asamblea de Madrid. En cualquier comparativa, Madrid, la región que matricula a más alumnos de toda España, pierde. En Cataluña los campus han contado con 1.682 millones este 2024 (casi un 7% más que el curso pasado) y en Andalucía con 1.777 millones. Estas dos comunidades tienen un número de profesores en el sistema público parecido al madrileño (unos 19.000). Las transferencias del Gobierno regional representan el 0,4% del PIB de Madrid, por debajo de la media del 0,55%, según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La universidad presencial más grande de España, la Complutense, recibirá 2,3 millones para obras y reformas, según el plan estratégico de subvenciones publicado la pasada semana en el boletín oficial madrileño. La Politécnica y la de Alcalá, que albergan también gran patrimonio histórico-artístico, dispondrán de 1,3 y 1,6 millones de euros, respectivamente. A la Autónoma, fundada en 1968, le toca un millón de euros; mientras las más “nuevas” ―Carlos III (1989) y Rey Juan Carlos (1996)― tendrán que contentarse con 667.500 euros cada una.

La diferencia de trato a las universidades públicas es abrumadora entre regiones. En Euskadi, que hace de la educación superior un puntal de su desarrollo económico y social, la Universidad de El País Vasco ha dispuesto este año de 32 millones (más de cuatro veces el presupuesto en obras de todo el sistema universitario madrileño, el mayor de España): 25 millones para un nuevo edificio de la facultad de Medicina y Enfermería, además de mejoras en la sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad de los edificios. En 2007, la Complutense tuvo un presupuesto también de 32 millones para inversiones.

El Gobierno de Esperanza Aguirre firmó contratos de financiación por un plazo de cinco años (2007-2011) con cada una de las universidades con valor de 585 millones para rehabilitación, seguridad, accesibilidad, gestión de infraestructuras y otras 55 variables también para obras. En 2011 tenían que llegar a los 145 millones anuales ―era una partida gradual―, pero se toparon con la crisis económica y el Ejecutivo regional empezó a incumplir su palabra en 2008. Ahogadas, las universidades dejaron de construir laboratorios y bibliotecas, de poner ascensores o aires acondicionados.

En 2012, terminado sin abonar el programa para obras de cinco años, esa partida se redujo a 13,5 millones. Tal quebranto económico llevó a los rectorados a denunciar al Gobierno madrileño y en 2015, por fin, el Tribunal Supremo les dio la razón. Tras abonarles la Comunidad a trozos 196,6 millones, la presidenta Cristina Cifuentes optó por acelerar el pago de otros 259,6 millones que les han servido de tabla de salvación hasta 2024. Se negoció con cada campus un calendario de entrega de lo adeudado en varios años, pero no queda nada que estirar.

“Para cumplir las ITE [Inspección Técnica de Edificaciones] necesitaríamos unos 1.200 millones”, aseguró Joaquín Goyache, rector de la Complutense, en una entrevista en EL PAÍS el pasado año. “Tenemos un millón de metros cuadrados construidos, el segundo edificio civil más grande de Madrid ―la facultad de Medicina― y lleva muchos años sin invertirse. Son cuestiones imprescindibles de señalética, seguridad... Pues que no tienen dinero... ¡Quien no tiene dinero es la Complutense!”, se quejó. Por entonces Ayuso le apoyaba en las elecciones a rector de la UCM. Ahora es su bestia negra y pretende que dimita por el caso Begoña Gómez.

La partida total para las seis universidades (incluidos los sueldos de 19.500 profesores y 9.100 trabajadores de administración y servicios) fue este año de 1.117 millones de euros. Por lo que, incluso si todo ese presupuesto total de las seis universidades se destinase solo a obras y reformas en la Complutense, aún faltarían 100 millones para pasar todas las ITE a las que aludió Goyache. El dinero de las sentencias está sirviendo a la UCM para construir un edificio de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales proyectado hace más de 20 años. Pero, en cambio, ni se plantean remodelar el colegio mayor San Juan Evangelista (el Johnny), mítico por su vida cultural y hoy víctima de vandalismo. En su discurso de inauguración del curso académico, Goyache disparó a todos: “Para desarrollar nuestras múltiples ideas necesitamos amparo político y además, y esto es lo sustancial, apoyo económico. Necesitamos una apuesta importante de nuestros gobernantes por el futuro y ese es nuestro gran lastre del sistema público español en general”. Aunque, en realidad, ninguna comunidad invierte menos por alumno.

La Universidad de Alcalá de Henares, en una ciudad patrimonio de la humanidad, cuenta con edificios del siglo XVI, pero solo la manzana cisneriana ―el núcleo central que mandó construir el cardenal Cisneros― es considerado Bien de Interés Cultural, que abre la puerta a subvenciones. Y sus gastos son ingentes. Por ejemplo, en la facultad de Farmacia, con un presupuesto de siete millones, están ejecutando una obra de cambio de ventanas y tejados y otras medidas de eficiencia energética con las que ahorrarán dinero. Hoy no podrían proyectarla. O cambiar la carpintería del Colegio de León, de 1586 y que funciona como escuela de posgrado, ha supuesto un desembolso de más de 200.000 euros. Así que con 1,6 millones para toda la universidad, no pueden ir muy lejos. En 2007, contaron con un presupuesto de 12,8 millones para infraestructuras.

La Politécnica alberga también edificios centenarios y en su caso unas enseñanzas tan técnicas le exigen también contar con instalaciones inusuales y muy costosas, como un laboratorio de energía solar fotovoltaica o un tanque de oleaje para hacer pruebas.

La Autónoma llegó a contar con un presupuesto de 17 millones para obras, pero con un millón ni se plantea rehabilitar un edificio con aluminosis en el centro del campus. Busca soluciones imaginativas como licitar un concurso para que una empresa de innovación se mude a otro edificio y, a cambio, restaure también el resto para que trabajen allí técnicos científicos de la UAM, el CSIC e Imdea, paradójicamente los institutos de investigación de la Comunidad de Madrid. Su rectora, Amaya Mendikoetxea, también alertó en su discurso de apertura del curso del “estado crítico de las universidades públicas madrileñas, que pueden conducirles en breve, si no se toman medidas drásticas, a un punto de no retorno por su falta de recursos económicos”.

Las instalaciones de la Universidad Carlos III son mucho más modernas, pero también necesitan reparaciones. Su rector, Ángel Arias, alertó delante de Ayuso: “Lo que sembremos hoy, recogeremos mañana. El acompañamiento que recibamos hoy de las instituciones generales y autonómicas determinará en buena medida nuestro futuro”.

La URJC es la universidad peor financiada de España, pese a que Madrid tiene una renta per cápita un 35% mayor que la media nacional. Y, sin embargo, cuenta aún con fondos propios. Y es que en época del rector Fernando Suárez ―conocido por sus plagios bibliográficos― se ahorró tanto a base de penurias que el rectorado llegó a tener en sus cuentas 250 millones de euros. Esa cifra ha menguado, pero siguen contando con fondos que solo pueden gastar en obras o investigación, pero no en pagar nóminas, porque eso generaría un gasto recurrente y no tienen el permiso de la Comunidad.

Paradojas del destino, quien decide la suerte del sistema público es la ultraconservadora y liberal Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda desde esta legislatura, profesora en excedencia de la UCM, docente de varias universidades privadas y lobista de UDIT, la decimotercera. Sabe muy bien lo que hace, pues, entre otros cargos, ha ejercido de directora general de universidades (2013/2014).

Más Madrid pretende que a la comisión de investigación de Begoña Gómez acuda a declarar no solo el rector Goyache, sino los otros cinco, para contraponer el “partidismo del PP con los problemas reales de los ciudadanos”. Desean que los seis gestores puedan hablar de su asfixia económica. Este lunes se sabrá si los rectores comparecen.