Los nuevos gobiernos autonómicos de derechas empiezan a aplicar recortes en educación y se vuelcan con la concertada

Las comunidades cuyos gobiernos cambiaron de color político tras las elecciones de mayo y pasaron a estar gobernadas por la derecha han empezado a aplicar recortes en materia educativa, a anticipar que los harán, o a volcarse en el apoyo a la escuela concertada. Se trata de medidas como la reducción de las plazas públicas de infantil de 0 a 3 años, la supresión del carácter universal del comedor, los avisos sobre el exceso de profesorado, el transp...

Las comunidades cuyos gobiernos cambiaron de color político tras las elecciones de mayo y pasaron a estar gobernadas por la derecha han empezado a aplicar recortes en materia educativa, a anticipar que los harán, o a volcarse en el apoyo a la escuela concertada. Se trata de medidas como la reducción de las plazas públicas de infantil de 0 a 3 años, la supresión del carácter universal del comedor, los avisos sobre el exceso de profesorado, el transporte escolar gratuito para el alumnado de la concertada y nuevos conciertos educativos en bachillerato e infantil en un momento de fuerte caída de la natalidad.

Los territorios que han mantenido a sus gobiernos tampoco han estado exentos de problemas en el arranque del curso. Y en general, como puso de manifiesto el informe publicado el martes por CC OO, todos los Ejecutivos siguen retirando paulatinamente a parte de los 33.323 profesores que incorporaron por la covid en 2020 (ya han quitado 11.027, 4.999 de ellos este curso). Pero las comunidades donde no hubo vuelco en mayo mantienen la misma línea de política educativa que la legislatura pasada. Lo que sigue es un repaso a lo que está ocurriendo donde sí ha habido un cambio de dirección hacia la derecha.

Menos plazas en colegios de educación infantil. Canarias es uno de los territorios donde menos escolarizados están los niños de 0 a 3 años (un 27%, frente a la media española del 45,6%) a pesar de la importancia que ello tiene, sobre todo, para los críos de hogares pobres. Para compensar esa diferencia, el anterior Ejecutivo canario presidido por los socialistas puso en marcha un plan para abrir clases de dos años en colegios públicos. A principio de este curso, estaba previsto que se incorporasen 638 niños, entre septiembre y octubre, a medida que acabaran las obras menores de adaptación de las aulas para acogerlos (que afectan sobre todo a la disposición de los baños). Y en enero debían sumarse otros 588. La Consejería de Educación, dirigida por el PP (socio de gobierno de Coalición Canaria), ha decidido, sin embargo, paralizar el proceso con el argumento de que no daba tiempo a tener listos los centros, y ha ofrecido a las familias derivarlos, según un portavoz, de “forma temporal y extraordinaria”, a escuelas infantiles privadas y municipales hasta que las obras acaben.

Manuela Armas, la exconsejera socialista que elaboró el plan la legislatura pasada, asegura, sin embargo, que había tiempo de sobra para terminar los trabajos para el arranque de curso. “Y la medida que han adoptado no resuelve las cosas. La apertura de las aulas de dos años estaba prevista precisamente donde menos oferta había. Y en esos barrios, que en muchos casos son los más desfavorecidos, no hay escuelas privadas a las que se pueda llevar a los niños”, afirma.

Comedores escolares. El anterior Gobierno de Extremadura del PSOE anunció la pasada legislatura la gratuidad universal del comedor escolar, que empezó a aplicarse en enero para quienes ya estaban apuntados al servicio. De cara al nuevo curso, sin embargo, el nuevo Ejecutivo, de PP y Vox, ha limitado el número de beneficiarios a 15.493, dejando fuera a 2.126 niños cuyas familias sí tienen que pagar. El Gobierno que preside la popular María Guardiola argumenta que el límite de plazas venía fijado por la normativa aprobada por los socialistas. En realidad, dicho número se correspondía con el de usuarios que había a inicios del curso pasado, y el anterior Gobierno regional dijo que lo ampliaría si era necesario. La federación de asociaciones de familias de Extremadura Freampa ha señalado que hubiera bastado con hacer una modificación presupuestaria para cubrir la gratuidad de esos 2.126 niños (como la que ha hecho el nuevo Gobierno de Aragón, integrado también por el PP y Vox, que ha introducido una nueva partida de 112 millones de euros destinada a la escuela concertada).

Carmen, que pertenece a Freampa y pide que no se la identifique con su nombre real, es madre de tres hijos, dos de los cuales asisten a un colegio público en Cáceres, y se han quedado sin la ayuda. “Somos cinco en casa. Mi marido, que trabaja a 200 kilómetros de aquí, tiene un sueldo de 1.300 euros, y yo gano 800, así que para nosotros el comedor, que este año ha subido y nos costará unos 250 euros al mes, es un gasto importante, con el que además no contábamos”, afirma.

Exceso de profesorado. El nuevo consejero de Educación valenciano, José Antonio Rovira, del PP, declaró al poco de llegar al cargo que el sistema educativo autonómico tenía demasiados profesores. Un aviso para navegantes al que siguió uno de los procesos de asignación de docentes más tormentosos que se recuerdan en la Comunidad Valenciana. Después de un verano lleno de vaivenes en las listas de las adjudicaciones, el 86% de los centros iniciaron el curso con falta de profesorado y en un tercio de ellos faltaban al menos cuatro, según el recuento presentado el lunes por CC OO. “Normalmente, a finales de julio yo ya sabía en qué centro iba a estar. Y este año no he tenido ni idea hasta finales de agosto, tres días antes de ir al instituto. Ha sido un caos total. Sacaron una lista, que luego no era buena, después sacaron otra, que también tenía problemas y la anularon… Por lo que sé, hay centenares de reclamaciones interpuestas”, comenta Miquel, un profesor de secundaria que pide que no se publique su nombre para evitar posibles “represalias”.

La consecuencia de la desorganización en la asignación de destinos ―que también se ha producido en otros territorios donde no ha cambiado el Gobierno, como Madrid― es que miles de niños han comenzado el curso sin tutor o sin el profesor de alguna asignatura. Los responsables de la Consejería de Educación han culpado del descontrol a sus antecesores. Uno de los niños afectados es el hijo de Mónica Ibáñez, que estudia en el colegio público Cervantes de Valencia y el martes seguía sin tutor. “Han perdido ya una semana y media. Y cuando llegue el nuevo maestro tendrá que conocer a los niños, aprender cómo funciona el centro, coordinarse con las otras dos tutoras de quinto de primaria… Y estamos hablando ya de un curso importante. Y de cara a los niños, ¿qué les estamos transmitiendo? ¿Que no pasa nada si no tienen tutora?”.

Concertar nuevas etapas y servicios. Los nuevos Ejecutivos de tres de los territorios donde los conciertos en bachillerato no están extendidos, Aragón, La Rioja y Cantabria, han manifestado su intención de hacerlo. El anuncio se produce cuando la educación infantil y la primaria ya están sufriendo el descenso sostenido de la natalidad, que acabará llegando al bachillerato. Aumentar la extensión de los conciertos multiplicará el impacto de la caída demográfica en la educación pública, que ya está perdiendo muchas más clases y centros que la privada subvencionada. En opinión de Miguel Ángel Sanz, presidente de Fapar, la federación mayoritaria de familias de Aragón, el Gobierno autonómico está anteponiendo la educación privada concertada a la pública, “olvidando que esta es la que vertebra nuestro territorio y garantiza el derecho a la educación de todos los chicos y chicas al margen de su lugar de residencia, que en el caso de Aragón es mayoritariamente rural”. Una portavoz de la Consejería de Educación afirma, por su parte, que el nuevo Ejecutivo persigue construir un sistema educativo “en el que primen la libertad, la excelencia y la equidad” y que cree “firmemente en la convivencia de los distintos modelos educativos”.

En Baleares, el plan del nuevo Gobierno, del PP, consiste en concertar el primer ciclo de la educación infantil (de cero a tres años), y subvencionar el transporte escolar también a los colegios concertados.

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