Tres de cada cuatro universidades españolas no superan la criba de calidad que prepara el ministerio

El Gobierno quiere que deje de haber universidades con apenas un millar de matriculados en grado, que no cuenten con cursos de doctorado o cuya actividad científica sea cercana al cero. Por eso el ministerio del ramo ha preparado un decreto de creación, reconocimiento y autorización de las universidades para que todas (públicas y privadas) demuestren que cumplen con calidad las tres misiones que tienen encomendadas ―docencia, investigación y transferen...

El Gobierno quiere que deje de haber universidades con apenas un millar de matriculados en grado, que no cuenten con cursos de doctorado o cuya actividad científica sea cercana al cero. Por eso el ministerio del ramo ha preparado un decreto de creación, reconocimiento y autorización de las universidades para que todas (públicas y privadas) demuestren que cumplen con calidad las tres misiones que tienen encomendadas ―docencia, investigación y transferencia de conocimiento― y si no, dejen de impartir carreras en un plazo de cinco años. El texto no es excesivamente exigente (a juicio de la comunidad universitaria), pero solo lo cumplen en su totalidad 18 de las 81 instituciones (el 22%) analizadas en el riguroso informe ¿A qué puede llamarse universidad?, del Observatorio del Sistema Universitario, que se ha presentado este jueves. Esta atalaya de análisis la conforman profesores de los campus públicos de Barcelona que están preocupados por el devenir de la educación superior y que de forma periódica analizan datos oficiales en torno a un debate .

Las cifras, a priori, resultan muy impactantes, pero fuentes del Ministerio de Universidades tranquilizan: “Este decreto es una herramienta que apuesta por la calidad y que genera consenso entre una amplia mayoría de los actores universitarios: los rectores, los sindicatos... Y en él se plantea un periodo de cinco años, un plazo suficientemente flexible y amplio para que las universidades se adapten a la nueva norma”. Estas fuentes están convencidas de que a la larga “este enfoque de calidad revertirá en el conjunto del sistema universitario”. Cualquier partido político fuera de cámara o cualquier campus privado de entidad reconoce que hay que poner freno a las conocidas en el gremio como universidades chiringuito. Tras analizar el documento del observatorio, el ministerio puntualiza que gran parte de los requisitos provienen de la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001) y se incumplen desde entonces, no se establecen con este decreto.

La primera conclusión del estudio, basado en los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria y el Observatorio IUNE sobre actividad científica en España, es que solo una (Navarra) de las 33 universidades privadas ―los cinco campus aprobados desde 2019 no se han incluido― cumple todos los criterios de investigación. Las privadas tradicionalmente se centran en la docencia ―que es la que paga el funcionamiento con el abono de las matrículas― y descuidan la investigación y la transferencia, que requieren una fuerte financiación. Y, por contra, las públicas fallan en las condiciones laborales de su plantilla, precarizada con la anterior crisis económica.

Oferta de títulos y alumnado

Hasta ahora la ley obligaba a los campus a ofertar 10 títulos sin especificar de qué tipo y el decreto detalla que deberán tener al menos diez grados (carreras), seis másteres y dos programas de doctorado (al principio iban a ser tres). Solo tres de las 81 universidades no cumplen el nuevo requisito en grado y son todas privadas y canarias (Atlántico Medio, Europea de Canarias y Fernando Pessoa). La media de las universidades públicas es muy superior, se sitúa en los 46 grados.

En el caso de los másteres, de nuevo hay tres centros que andan cortos de títulos (Atlántico Medio, Pessoa y San Jorge, en Zaragoza). Y la diferencia es abismal en doctorados. Las públicas pasan el corte sin problema, mientras ocho privadas ni siguiera tienen los programas, aunque muchas de ellas están en ello a toda prisa.

El decreto fuerza también a que en los campus se impartan estudios de tres áreas de conocimiento ―Ingeniería, Ciencia, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades o Ciencias de la Salud― con la excepción de las politécnicas. De nuevo, en la lista negra están Pessoa y Atlántico Medio y en esta ocasión acompañados de la Universidad de Mondragón (vasca y privada), muy centrada en el emprendimiento. Con las tres ramas el ministerio intenta que los campus tengan un tamaño razonable con la masa crítica necesaria para que fluyan las ideas y el conocimiento. Pero las privadas, disconformes, recuerdan que Stanford tiene una enorme especialización técnica y pese a ello es considerada una de las mejores universidades de mundo.

Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico ―con 4.000 alumnos de grado y máster y otros 10.000 de títulos propios― desde que se creó hace siete años con mucha polémica, cree que el decreto “va a marcar tendencias” pero no se va a aplicar tal cual. “El ministerio puede decir cómo debe ser un grado o el máximo de alumnos que puede tener, pero no inmiscuirse en el porcentaje de alumnos totales de la universidad. Porque eso atenta contra la libre concurrencia”.

El ministerio fuerza a que las instituciones tengan al menos un 50% de alumnos de grado para terminar con las universidades online que lo que quieren es especializarse en ofertar títulos propios (que hasta la fecha no pasan auditorías autonómicas ni ministeriales) bajo el reclamo de un certificado expedido por una universidad. La Internacional de Valencia tiene solo un 23% de alumnos en la carrera y la del Atlántico Medio un 14%. El Foro Emilia Pardo Bazán, que engloba a las privadas, recuerda que Harvard tiene más alumnos de posgrado que de grado y nadie la baja del olimpo.

Este miércoles la reconocida escuela de marketing ESIC, creada hace más de medio siglo y ligada como centro adscrito a la Universidad Juan Carlos I, presentó su proyecto como universidad independiente sin aparente nerviosismo por el decreto. “Es una oportunidad para que hagamos un ámbito universitario en España de mejor calidad”, aseguró Teresa Freire, su directora ejecutiva. “En centros más especializados, como el nuestro, nos va a suponer el tener que hacer un cambio a algo mejor. Vamos a buscar líneas que se unan a nuestro saber hacer, que es la innovación en el mundo de la empresa: una línea más humanista y otra más tecnológica. Pero al final son pequeñas ramificaciones, no intentaremos salirnos de lo que es nuestro ámbito de conocimiento”.

“En Nebrija estamos muy tranquilos ya que en la última década hemos hecho una apuesta inequívoca por la labor investigadora que se ha traducido en cinco doctorados y una red de grupos y cátedras de investigación que solo pensamos en aumentar”, explican desde la universidad privada madrileña, que va muy justa en estudiantes matriculados en la carrera. “Se acaba de aprobar la nueva Facultad de Ciencias de la Vida y la Naturaleza, que va a ofrecer nuevas titulaciones de grado”, puntualizan.

Actividad investigadora

El decreto exige que las universidades destinen al menos el 5% de su presupuesto propio a investigación. Seguir el rastro de este dato no es fácil porque los campus privados no enseñan sus cuentas y los públicos no entran en ese detalle. El texto obliga también a que cada universidad presente cinco propuestas de proyectos de investigación a convocatorias nacionales e internacionales al año y a obtener al menos cinco en ese lustro. El 42% de las universidades privadas (14 de 33) no alcanza esa cifra y las diferencias entre campus son siderales. La media de proyectos de investigación concedidos en cinco años (2014-2018) es de 246 en los centros públicos y 12 en la privada.

Las universidades privadas no reciben financiación directa del Estado para investigar, pero sí pueden optar a fondos públicos presentándose a proyectos de dentro o fuera de España. El mejor ejemplo es la Universidad de Navarra, un referente en investigación sanitaria, que compite sin complejos por proyectos europeos de calado. “Algunas universidades no tienen pinta de salir adelante. Porque tienen casi cero publicaciones científicas, cursos de doctorado…. Producir, redactar y revisar un artículo puede llevar dos años. Hay universidades, además, en manos de fondos de inversión y está por ver que estén interesadas en este modelo [que potencia la investigación]”, sostiene Vera Sacristán, directora del Observatorio del Sistema Universitario.

El convenio laboral de la privada permite que los profesores impartan hasta 15 horas de clase semanales ―casi el doble que en la pública―, así que muchos apenas tienen tiempo para hacer ciencia, pero si no publican no lograrán méritos para progresar profesionalmente. Pese a las cortapisas, la producción de los profesores de las privadas no para de crecer. “En nuestra estructura hemos diseñado un vicerrector de Investigación e Innovación que da visibilidad a los esfuerzos que llevamos haciendo tiempo”, cuenta Ramón Arilla, rector de ESIC, universidad aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2019, el mismo día que otras dos (Villanueva y Cunef). “Hemos multiplicado por 10 nuestro presupuesto en 10 años y por 15 nuestra producción científica en revistas de alto impacto. Somos host, anfitriones, de congresos a nivel internacional”, se enorgullece.

Diez de las 48 universidades públicas tendrán que escribir más para cumplir el parámetro de producción científica (el equivalente a tres profesores a tiempo completo tienen que publicar seis artículos en tres años) y casi la totalidad de las privadas (29 de las 33). Además, solo en tres universidades privadas (Loyola Andalucía, Navarra y UNIR) el 60% de los profesores ha sido premiado con un complemento salarial por su labor investigadora. En nueve universidades privadas más de la mitad de la plantilla no ha leído la tesis y contarán ahora con cinco años para arreglar esa deficiencia formativa.

Profesorado

En el capítulo laboral hay infracciones de la ley que perviven desde hace décadas en las universidades públicas porque el ministerio y los gobiernos autonómicos optaron por mirar para otro lado. Por ejemplo, el 47% del PDI (Personal Docente Investigador) tiene contratos temporales cuando es ilegal desde 2007 que el porcentaje supere el 40%. Solo 16 universidades públicas están por debajo de esa cifra. Todas las instituciones catalanas ―que se cuelan siempre en cualquier ranking de calidad― tienen unos números sonrojantes. Incluso la Universidad de Barcelona, la única española entre los 200 mejores campus del mundo según el ranking de Shanghái, cuenta con un 60% de PDI temporal. Con la anterior crisis económica la Universidad dejó de relevar a los profesores titulares y catedráticos que se jubilaban y se llenó de jóvenes tremendamente formados ―con mejores currículos que sus mayores, en muchas ocasiones― con contratos precarios.

La Universidad privada tiene un problema en su faceta investigadora tan grave que opaca su precariedad en la docencia. Según ¿A qué puede llamarse universidad? apenas el 39% de su PDI trabaja a tiempo completo.

Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico y economista de la educación, recuerda que ellos sobreviven con los algo más de 5.000 euros que paga el alumno por el curso cuando, según sus cálculos, la inversión por estudiante en la pública oscila entre los 10.000 y los 20.000 euros (las cifras oficiales son menores, pero en pocos campus funciona la contabilidad analítica). Por eso es un esfuerzo para su entidad hacer ciencia básica, pero afirma que se presentan a concursos nacionales e internacionales y que 26 de sus profesores tratan ahora de lograr un sexenio tras firmarse un convenio con la agencia de evaluación Aneca. Además, están pendientes de que les validen un instituto de tecnología industrial.

Desde 1998 no se ha creado ninguna universidad pública en España ―la Politécnica de Cartagena fue la última― mientras las privadas han pasado desde entonces de 20 a 39. “El sistema español es conocido por ser, en general, bueno para todos. Angela Merkel pidió ingenieros españoles y a Reino Unido llegaron muchos enfermeros. El decreto lo que intenta mantener eso”, confía Sacristán que reclama al ministerio un plan seguimiento de que se cumplen los requisitos. El decreto, piensa, no lo deja claro.

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