3.200 investigadores españoles se mudarán para formarse en universidades extranjeras

El pasado otoño, Bruselas anunció que entregaría a España unos 70.000 millones de euros de fondos comunitarios para la recuperación del país de los efectos de la pandemia, y la Oficina Económica de La Moncloa pidió a los ministerios que propusiesen en qué invertir la partida. El departamento de Universidades presentó entonces un plan de digitalización, formación y reciclaje de la plantilla que convenció a Mariya Gabriel, la comisaria de Inn...

El pasado otoño, Bruselas anunció que entregaría a España unos 70.000 millones de euros de fondos comunitarios para la recuperación del país de los efectos de la pandemia, y la Oficina Económica de La Moncloa pidió a los ministerios que propusiesen en qué invertir la partida. El departamento de Universidades presentó entonces un plan de digitalización, formación y reciclaje de la plantilla que convenció a Mariya Gabriel, la comisaria de Innovación y Educación de la Unión Europea. Ahora, el ministerio dirigido por Manuel Castells cuenta con un año para poner en marcha los programas —dotados con 387 millones de euros en total―, y la fecha límite para ejecutarlos es diciembre de 2024. La idea es que unos 1.800 nuevos doctores y 1.400 profesores con plaza fija se formen o reciclen durante un máximo de tres años en una institución fuera de España o dentro, mientras que 700 talentos ahora en el extranjero lo hagan en una universidad nacional.

“Es esencial salir de donde se está, abrir horizontes... No estar centrados en la supervivencia diaria de la universidad y personal”, ha afirmado este jueves en rueda de prensa Castells, que se doctoró en París y ha sido durante décadas profesor en Berkeley (California). La comparecencia se ha visto empañada por la tensión con los rectores, tras defender el ministro a los estudiantes que no quieren hacer los exámenes presenciales por miedo a contagiarse de la covid-19.

En España no se recuerda un plan de tal envergadura. Hace 20 años existían becas de desplazamiento para nuevos doctores, pero desaparecieron con la crisis de 2008. En los Presupuestos Generales de 2019, que no fueron aprobados, existió una partida para estancias fuera, pero tan solo de seis millones de euros. Cumplir los plazos es complicado y el ministerio ha decidido ceder la responsabilidad a las 48 universidades públicas con profesorado. Cada una de ellas tendrá que preocuparse de convocar las plazas, tramitar las solicitudes y asignarlas. De ello se encargará un panel de expertos con presencia de profesores externos, para evitar amiguismos. Las estancias pueden ir de uno a tres años y cada universidad determinará su duración, y ello condicionará el número de beneficiarios. Las ayudas son de tres tipos:

Becas Margarita Salas. Son las ayudas destinadas a unos 1.800 investigadores posdoctorales que hayan leído la tesis en los últimos dos años. El reparto de las 1.800 plazas para investigadores posdoctorales entre las universidades se hará en razón del número de tesis que se han leído en los últimos tres años. En España hay un sistema razonable de financiación para doctorandos, pero se produce un cuello de botella, para muchos insalvable, cuando logran el título de doctor. Apenas hay contratos para seguir la carrera científica y muchos optan por abandonar su vocación o por marcharse al extranjero, donde la investigación está mejor valorada y remunerada. Gracias a las ayudas Margarita Salas ―en honor de la eminente bióloga molecular, fallecida en 2019―, los posdoctorales cobrarán 3.500 euros brutos durante su estancia en el extranjero (el neto dependerá de su situación familiar) y 2.800 brutos en las que se realicen en España, donde obligatoriamente terminarán su periplo. “No queremos ayudar a la emigración del talento”, ha subrayado Castells.

Los candidatos deben presentar su solicitud en una universidad distinta a la que se doctoraron, e incluye también a quienes leyeron la tesis en una privada. El resto de ayudas solo contempla a las universidades públicas. En 2019 ―último año del que se disponen datos― se defendieron 10.115 tesis en España (9.690 en la universidad pública). Bruselas recuerda que es “una ayuda”, no una garantía de contrato. Presumiblemente, muchos volverán a la universidad en la que se doctoraron, pues allí tienen los contactos.

Los jóvenes investigadores llevan años penando en España. Cuando defienden la tesis muchos se quedan en sus centros enganchando un contrato y otro con meses de espera y sueldos muy bajos. Pero la demografía les ofrece ahora una oportunidad, porque el pasado octubre Universidades anunció que por cada 10 profesores que se jubilen se van a contratar a 11 y son muchos los que se retiran. De 2016 a 2023, se va a perder —se está perdiendo— a 16.200 docentes fijos (el 16,76% de su plantilla). Entre ellos, a la mitad de los que han llegado a lo más alto de la carrera científica —unos 5.400 catedráticos— y a 6.300 de los profesores titulares (casi el 20%), y eso provocará que corra todo el escalafón.

Ayudas de recualificación. Unos 1.400 profesores podrán desplazarse a otro centro: ayudantes doctores, contratados doctores (fijos pero no funcionarios) y los profesores titulares con menos de 10 años ocupando esa plaza. Las universidades guardarán el puesto al ayudante doctor y todos las categorías laborales cobrarán durante su estancia fuera un 20% más que su sueldo habitual. Las estancias irán de uno a tres años para la plantilla permanente y de uno a dos años para los ayudantes docentes.

El ministerio no disimula que no quiere reciclar a investigadores que se encuentren en los últimos años de su carrera, sino a los que tengan una potencial progresión. Hoy los jóvenes se ven forzados a investigar para poder acreditarse como profesores con méritos científicos e ir escalando plazas. Sin embargo, los mayores en muchas ocasiones han descuidado su faceta investigadora, centrándose en la docencia, porque el sistema antiguo se lo ha permitido. El 19,5% de los profesores titulares de 50 a 59 años no ha demostrado que investiga con sus publicaciones y patentes, por lo que no obtiene complementos salariales (sexenios).

Ayudas María Zambrano. La idea del ministerio es que 700 talentos en el extranjero vengan a una universidad española (no en la que defendieron la tesis), pero son conscientes de que ofrecen unos contratos por un máximo de tres años de 4.000 euros brutos (más 3.500 euros para gastos de desplazamiento) que no pueden competir en el mercado internacional para atraer a grandes investigadores. Por eso el foco está puesto en jóvenes que empiezan, pero con una sólida trayectoria, o españoles que desean volver a su país y esta es una puerta de entrada (en el horizonte se vislumbran los puestos que dejen los jubilados en masa).

Las cifras de profesores extranjeros en España son irrisorias. En el curso 2018-2019 apenas había 3.773 PDI (personal docente investigador) de otro país de un total de 125.471 profesionales, es decir un 3%. Aunque la cifra aumenta: cuatro años antes eran solo 2.822.

La cifra de españoles emigrados, por contra, es muy alta. Ya solo la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex) agrupa a más de 4.000 profesionales en 18 países, pero la fuga de cerebros durante la anterior crisis del 2008 fue mucho mayor. Entre 2007 y 2017, unos 87.000 trabajadores españoles de alta calificación (título universitario o grado superior) se fueron a otros países de la Unión Europea, según un estudio comunitario.

La incógnita es qué pasará cuando en 2024 se agote el dinero de Bruselas. Castells confía en que se “beneficien otras cohortes”, pero eso será en la siguiente legislatura y se desconoce cuál será el color del Gobierno.

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