El Gobierno permite de nuevo a las comunidades flexibilizar los criterios de evaluación para que los alumnos puedan pasar de curso por la pandemia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá a los gobiernos autonómicos autorizar la modificación de los criterios de evaluación, promoción y titulación en primaria, secundaria y bachillerato para “adecuarlos” a la situación provocada por la pandemia. Esto quiere decir que, tal y como sucedió en el último trimestre del curso, las autonomías podrán cambiar los criterios estipulados en la ley para poder aprobar el curso y obtener una titulación tanto en cuarto de la ESO como en segundo de bachillerato. Además, el real decreto contempla que serán los equipos ...

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá a los gobiernos autonómicos autorizar la modificación de los criterios de evaluación, promoción y titulación en primaria, secundaria y bachillerato para “adecuarlos” a la situación provocada por la pandemia. Esto quiere decir que, tal y como sucedió en el último trimestre del curso, las autonomías podrán cambiar los criterios estipulados en la ley para poder aprobar el curso y obtener una titulación tanto en cuarto de la ESO como en segundo de bachillerato. Además, el real decreto contempla que serán los equipos docentes los que valoren de forma “colegiada y global” si los estudiantes han alcanzado los objetivos de cada etapa.

Precisamente este tema de la flexibilización de los criterios de evaluación enfrentó a varias autonomías con el ministerio el pasado abril, mientras los colegios permanecían cerrados por la pandemia y la educación era 100% online. Madrid, Murcia y Andalucía ―gobernadas por el PP en coalición con Ciudadanos― se opusieron entonces al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y los consejeros del ramo de las diferentes regiones que contemplaba que todos los alumnos podrían pasar de curso y obtener los títulos de su correspondiente etapa educativa salvo casos “muy excepcionales”. Esas tres comunidades exigieron entonces al ministerio que fijara un número máximo de asignaturas a partir del cual los alumnos (en ese momento 8,2 millones de estudiantes estaban confinados) no pudieran pasar de curso o titularse, y se acogieron a la Lomce (ley educativa en vigor aprobada por el PP en 2016), que establece que como norma general no se puede pasar de curso con más de dos suspensos en ESO y Bachillerato, ni titularse y hacer la selectividad con una materia pendiente.

“El pensamiento de que al rebajar el nivel de exigencia en los exámenes los alumnos no van a aprender es un clásico. Pero antes de eso, hay que mirar lo que dice la evidencia científica, que muestra que la forma de evaluar al final de curso sirve sobre todo para medir la memoria a corto plazo, por ejemplo, si el alumno se ha aprendido un listado de ríos. En cambio, los aprendizajes profundos requieren otros métodos de evaluación, más basados en el feedback constante entre profesor y alumno para que este conozca en todo momento en qué puede mejorar”, explica Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill ―centrada en investigación educativa― que cree que el real decreto es un acierto.

El real decreto aprobado este martes por el Gobierno evitará que se vuelvan a producir esas confrontaciones entre comunidades, y cada una tome las medidas que considere oportunas en función de cómo evolucione la pandemia. Otra de las novedades es que el real decreto otorga el carácter de “orientativos” a los estándares de aprendizaje que los profesores deben evaluar, un elemento que introdujo el ministro José Ignacio Wert (PP) con la Lomce que generó el rechazo de los docentes. Desde ese momento (2016) cada una de las asignaturas pasó a tener 100 elementos a evaluar, lo que muchos docentes tildaron de “burocratización” de la evaluación. Además, ahora, las comunidades y los propios centros podrán adaptar las programaciones didácticas ―los contenidos que los alumnos deben aprender― a las modalidades presenciales o semipresenciales derivadas de la pandemia. Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos en los que se preste “atención y apoyo” educativo al alumnado, sea de forma presencial o a distancia.

Ismael Sanz, exdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid (con el Gobierno del PP) y profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, cree de esta medida solo tiene sentido si se hace de forma “muy excepcional”, ya que de alargarse en el tiempo podría provocar una bajada general del nivel de exigencia y una reducción del esfuerzo de los alumnos, de su dedicación y de las horas destinadas al estudio. “Los más perjudicados serían los alumnos que ahora sacan notas más bajas, que rebajarían todavía más su autoexigencia y podrían descolgarse del sistema”, apunta. Sanz menciona un estudio publicado recientemente por la London School of Economics que muestra que tras los cambios en los criterios académicos en Francia como consecuencia del movimiento de Mayo del 68, el grado de inserción laboral de esos jóvenes no presentó diferencias significativas en comparación con generaciones anteriores y posteriores.

Luz verde a la contratación de docentes sin el máster

El real decreto contempla de “manera excepcional y temporal”, la contratación de profesores en institutos sin el requisito del máster de Profesorado de Secundaria que ahora es necesario para impartir clases tanto en centros públicos como privados de ESO, Bachillerato y FP, así como en escuelas de música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y oficiales de idiomas. Se trata de una titulación que se obtiene tras cursar uno o dos años y que sustituyó al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Los docentes deberán cumplir con otros requisitos, como una titulación universitaria y, en buena parte de las comunidades, acreditar determinados niveles de idiomas. Las nuevas plazas se podrán crear en aquellas materias en las que se agoten las listas de interinos y de demandantes de empleo que estén en posesión del citado máster.

El Gobierno ha respondido así a la demanda de las comunidades autónomas, que solicitaron esa medida la semana pasada ante el temor de no encontrar profesores suficientes a lo largo del curso para cubrir las bajas médicas y hacer frente a los desdobles de grupos para reducir las ratios. Esta modificación permitirá a las comunidades reforzar las plantillas “para garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad” mientras dure la pandemia durante el curso 2020-2021, ha señalado el Ministerio de Educación en un comunicado. Las nuevas plazas que se creen se darán por concluidas una vez que “desaparezcan los motivos de urgente necesidad” (en alusión a la pandemia) y aquellos profesionales que hayan ejercido la docencia en esas condiciones “excepcionales” deberán acreditar el máster para volver a concurrir a esas plazas públicas, establece el real decreto-ley.

Aunque los gobiernos regionales no llegaron a cuantificar cuántos profesores necesitan, coincidieron en que la preocupación es elevada en Matemáticas y Formación Profesional. Madrid y Castilla-La Mancha admitieron que tienen el problema sobre la mesa. Andalucía, Cataluña, y la Comunidad Valenciana, entre otras, reconocieron la semana pasada que temen encontrárselo a lo largo del curso, por lo que consideraron adecuado suprimir el requisito.

El Gobierno ha tomado esta determinación pese a la negativa de colectivos como la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Educación ―integrada por 62 responsables académicos de universidades públicas y privadas―, que el pasado viernes manifestó su “profundo rechazo y perplejidad” ante la decisión del ministerio que, en su opinión, supone una “agresión directa a la profesión docente”, a las universidades, y a los miles de titulados “que en la última década no han tenido oportunidades de empleo o han sido empleados en condiciones precarias como consecuencia de la falta de oferta pública de empleo y la tasa de reposición cero impuesta en el sector” de la enseñanza. Recordaron que la exigencia del máster para ser habilitado como docente figura en la actual ley educativa.

Cambios en FP

En cuanto a la Formación Profesional, se permite la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT), respetándose en todo caso el mínimo de horas que establece la ley (220 horas). En el caso de la FP de grado superior, este módulo de FCT se podrá integrar en el módulo de proyecto, y en el caso de la FP básica y de grado medio, se podrá crear un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo. Además, será posible sustituir la estancia en empresas por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral cuando no exista otra alternativa.

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