La guerra de Ucrania pone contra las cuerdas la política verde de la PAC

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias han reclamado la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) europea. Las entidades estiman que incluye un exceso de exigencias medioambientales, como el abandono de superficies de cultivo, su rotación, o la limitación del empleo de abonos y aplicaciones fito y zoosanitarias en la actividad agrícola y ganadera, lo que está provocando una reducción de la producción y, por tanto, aumentando la dependencia exterior.

En su opinión, el ...

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias han reclamado la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) europea. Las entidades estiman que incluye un exceso de exigencias medioambientales, como el abandono de superficies de cultivo, su rotación, o la limitación del empleo de abonos y aplicaciones fito y zoosanitarias en la actividad agrícola y ganadera, lo que está provocando una reducción de la producción y, por tanto, aumentando la dependencia exterior.

En su opinión, el ataque de Rusia sobre Ucrania y su impacto en el comercio de cereales, que han experimentado subidas espectaculares de precios y dificultades de abastecimiento, son el ejemplo de una crisis que se podría haber mitigado simplemente no poniendo trabas a la producción europea, sin menoscabo de que esta sea compatible con el respeto al medio ambiente.

La PAC, nacida en los años sesenta del pasado siglo, tenía como objetivos la autosuficiencia alimentaria y el apoyo a los agricultores y ganaderos. Su éxito, basado en unos precios garantizados y compras intervenidas, dio lugar a montañas de excedentes. Frente a aquel panorama, en las últimas décadas la PAC ha ido dando bandazos, con medidas como la eliminación de los mecanismos de regulación de los mercados y los precios de garantía, los pagos directos compensatorios, los techos y cuotas de oferta, y últimamente con el protagonismo de las políticas verdes que limitan la producción en aras de la calidad y seguridad alimentaria.

Todo ello ha provocado más dependencia exterior y un aumento de las importaciones de productos extracomunitarios más baratos, a las que además no se les aplican las mismas exigencias en materia fito o zoosanitaria ni de bienestar animal vigentes para los agricultores y ganaderos comunitarios. El fenómeno se repite especialmente en el sector de frutas y hortalizas, con importaciones desde terceros países: como los tomates de Marruecos y las alubias y cítricos de Sudáfrica.

Para acabar con esa desventaja, Bruselas trabaja en una iniciativa conocida como cláusula espejo, impulsada por España y Francia para que la Unión Europea aplique a las producciones importadas las mismas exigencias en materia de laboreo, bienestar animal, uso de herbicidas o productos zoosanitarios que los agricultores comunitarios, además de las condiciones de calidad y seguridad alimentaria.

El sector rechaza las estrategias comunitarias De la granja a la mesa y Biodiversidad UE 2030, en las que se plantea una reducción del 50% en el uso de productos fito y zoosanitarios, del 20% en el uso de fertilizantes, la obligación de que en 2030 el 25% de los cultivos sean ecológicos, la exigencia de abandono del 5% del terreno por motivos ecológicos cuando este supere las 15 hectáreas y la rotación de cultivos cuando la explotación supere las 10 hectáreas, de dos cultivos cuando sea de 10 a 30 hectáreas y de al menos tres cuando supere esa cifra.

Según la propia Comisión, estas estrategias medioambientales recortarán la producción entre un 5% y un 15%, provocarán una menor rentabilidad y, sobre todo, una menor competitividad frente a las importaciones no comunitarias. Respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, los análisis de Bruselas estiman una reducción de los mismos en un 28,4% hasta 2030, si bien no se hacía una evaluación del aumento de las emisiones en terceros países para lograr suplir la pérdida de producción europea.

De cara a la próxima reforma se consolida la exigencia de un abandono del 4% de la superficie por interés ecológico, a la que se suma un 7% en los programas de los ecoesquemas o prácticas medioambientales complementarias que puede llevar a cabo el sector para acceder a más ayudas. En España, el abandono obligatorio de superficies supone que unas 300.000 hectáreas se dejan de sembrar cada año, básicamente de cereales.

Para el presidente de Asaja, Pedro Barato, “no tiene ningún sentido que, en aras de una mayor seguridad alimentaria, algo que ya se cumple en la actividad agraria, o para una reducción de emisiones de efecto invernadero, Bruselas obligue al sector a producir menos y más caro, poniendo en peligro el autoabastecimiento agroalimentario y aumentando la dependencia exterior”. Barato entiende que esas políticas ya han afectado a la actividad de varios sectores, al no poder competir con las importaciones de terceros países con bajos costes laborales y menores exigencias a la hora de producir. En la misma línea se manifiestan las organizaciones UPA y COAG o las Cooperativas Agroalimentarias, para quienes la PAC es fundamentalmente un instrumento económico.

Recorte en la producción de girasol

En el caso del girasol, España llegó a tener una siembra récord de dos millones de hectáreas impulsada por las ayudas directas comunitarias, si bien se estabilizó en la pasada década en la mitad, un millón de hectáreas. Actualmente, la superficie dedicada a dicho cultivo, que podía haber sido una importante alternativa a los cereales por sus menores costes de siembra, ha caído hasta unas 760.000 hectáreas, como consecuencia de la estrategia de la industria de exportar más barato desde países del este, Ucrania incluida, y por los bajos precios pagados a los agricultores. Con esas superficies, la producción de pipa se situaría en unas 800.000 toneladas que, a un rendimiento medio del 40%, arrojaría una producción final de unas 350.000 toneladas.

El consumo estimado de aceite de girasol se sitúa, según datos de la industria, en unas 300.000 toneladas para los hogares y otras 300.000 toneladas para el sector de las conservas de pescado o vegetales. En la actual situación de escasez, en medios industriales se considera que las restricciones a la venta por parte de algunos supermercados —que han limitado el número de botellas por cliente— podría responder a una estrategia para vender más adelante el aceite que almacenan a precios más caros que antes de la crisis.

Respecto a las alternativas al aceite de girasol, España no tiene apenas consumo de soja para los hogares y en el caso de los de palma y palmiste son todos de importación y utilizados en la industria casi en su totalidad. Su uso se hundió por su fama de ser poco saludable. Tampoco existe un consumo extendido de colza tras el envenenamiento de 1981, cuando su venta mezclado con aceite industrial produjo cientos de muertos y miles de afectados con secuelas.