Estado de bienestar y contrato social

La crisis de la covid-19 ha revelado las limitaciones del Estado de bienestar para proteger a personas y empresas de los riesgos de las grandes crisis. Por eso los gobiernos se han lanzado a ampliar los programas de cobertura de ingresos a colectivos desprotegidos, de protección del empleo y a inyectar ayudas y capital en las empresas. Esta es la gran diferencia entre esta crisis y la de ...

La crisis de la covid-19 ha revelado las limitaciones del Estado de bienestar para proteger a personas y empresas de los riesgos de las grandes crisis. Por eso los gobiernos se han lanzado a ampliar los programas de cobertura de ingresos a colectivos desprotegidos, de protección del empleo y a inyectar ayudas y capital en las empresas. Esta es la gran diferencia entre esta crisis y la de 2008, en la que solo se rescató al sector financiero.

Habrá que ver cuántos de estos nuevos programas permanecen una vez amaine la pandemia y se haga notar el peso de la deuda. Pero, en cualquier caso, no es muy arriesgado sostener que estamos ante un cambio de mentalidad que traerá un nuevo Estado de bienestar postpandémico.

Si aceptamos esta idea, la pregunta inevitable es cómo vamos a financiar esta mayor cobertura de riesgos.

No lo podremos hacer sólo con las políticas redistributivas que actúan a través de los gastos sociales y de los impuestos. No es imposible, pero me es difícil concebir una revolución fiscal similar a la que hubo después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial que permitió financiar el Estado de bienestar de postguerra. Tendremos que actuar también con las otras dos palancas que determinan las oportunidades y las desigualdades existentes en una sociedad: la distribución y la predistribución.

La distribución hace referencia a como se reparte el valor añadido creado por las empresas entre salarios, sueldos, dividendos e impuestos. Hoy existe consenso en que el mal funcionamiento de la distribución está en la base del aumento de las desigualdades de ingresos y de oportunidades en los últimos cuarenta años. Este consenso señala también la responsabilidad del poder de mercado de las grandes corporaciones y de los nuevos monopolios digitales en la precarización del empleo y la presión a la baja de los salarios. Una distribución justa liberará a la redistribución de la necesidad de tener que corregir todas las desigualdades. Necesitamos un compromiso empresarial para crear mejores empleos, para más personas y en más lugares.

La predistribución se refiere a las capacidades y habilidades de las personas cuando participan en el mercado laboral. Mejores capacidades aumentan la productividad y mejoran sus oportunidades de empleo y salarios. Una buena predistribución produce una mejor distribución del excedente empresarial y reduce el esfuerzo de la redistribución para lograr que la desigualdad final de renta y riqueza sea socialmente aceptable y políticamente soportable.

Hoy el sistema educativo no genera una buena predistribución. Las diferentes etapas del sistema están concebidas como pasos previos a la universidad. Esto provoca fracaso escolar y laboral. Cada etapa educativa debe dotar a las personas de capacidades específicas. Esto es más necesario en esta época de cambio tecnológico y económico acelerado. Necesitamos un compromiso público, empresarial y social para una revolución educativa.

Reparto de riesgos

La distinción entre predistribución, distribución y redistribución permite diferenciar los conceptos de “Estado de bienestar” y de “contrato social”. El contrato social va más allá del Estado de bienestar para abarcar también la distribución y la predistribución. El contrato social es la forma en que la sociedad determina que nos debemos los uno a los otros y cómo reparte los riesgos de las crisis económicas entre individuos, empresas y Estado.

El contrato social de postguerra logró un buen reparto de riesgos. El Estado y las empresas se ocuparon de dar formación educativa y profesional; la economía creó buenos empleos, con salarios que no daban para que hacerse ricos pero sí para construir una vida de clase media; y el Estado erradicó la pobreza a través de los programas de bienestar de desempleo, pensiones y sanidad.

Una serie de circunstancias económicas y políticas hicieron que a partir de los años ochenta un nuevo contrato social transfiriese los riesgos desde las empresas y el Estado hacia las personas. El resultado ha sido la precarización del empleo, los bajos salarios, el mal funcionamiento del sistema educativo profesional, la desigualdad de oportunidades y de ingresos, la baja productividad, el crecimiento sin reparto, la inestabilidad económica, el malestar social y el populismo político.

Revertir esta situación no será posible sólo con la redistribución. Necesitamos construir un nuevo contrato social centrado la distribución y la predistribución. Un contrato social que ha de ser el motor de una economía vibrante, sostenible e inclusiva, sin la cual no será posible financiar el nuevo Estado de bienestar postpandémico ni revertir el malestar social y el populismo político. Es la tarea de nuestra época.