“Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”

Con apenas dos semanas en el cargo, la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (A Coruña, 48 años), se ha convertido en la cara del primer éxito del Gobierno en este corto periodo: el pacto con sindicatos y empresarios para subir el salario mínimo a 950 euros mensuales, un 5,5% más después de que el año pasado subiera un 22,3%. Presume de gallega en cuanto tiene ocasión y su habitual sonrisa se acentúa cuando conoce a otro gallego o a alguien que le comenta que vivió allí. Es titular de Trabajo, un departame...

Con apenas dos semanas en el cargo, la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (A Coruña, 48 años), se ha convertido en la cara del primer éxito del Gobierno en este corto periodo: el pacto con sindicatos y empresarios para subir el salario mínimo a 950 euros mensuales, un 5,5% más después de que el año pasado subiera un 22,3%. Presume de gallega en cuanto tiene ocasión y su habitual sonrisa se acentúa cuando conoce a otro gallego o a alguien que le comenta que vivió allí. Es titular de Trabajo, un departamento en el que el equilibrio entre economistas y juristas siempre es difícil. Ella, como abogada que es, tiene claro de qué lado está.

Pregunta. ¿Cómo están superando los roces y choques previos con el PSOE?

Respuesta. Nunca hubo mala relación entre el PSOE y nosotros. Llegamos hasta aquí porque tuvimos un trabajo previo de colaboración. Hemos tenido desatinos, y desde luego se han superado. Las relaciones son las de un Gobierno fuerte y que no está de paso.

P. Pablo Iglesias insiste en que van a tener que hacer muchas renuncias. ¿Está preparada la militancia para esto?

R. Hay una oportunidad única: conformar el primer Gobierno de coalición desde hace 80 años. Nuestra militancia y la del PSOE están esperanzadas, no le quitemos relevancia a este proceso histórico.

P. En el acuerdo del Salario Mínimo (SMI), parece haber un mensaje político: este no es un Gobierno radical.

R. Sí. Este Ejecutivo tiene una mirada profundamente social. Este es el cambio. Y como tiene ese sesgo social, sabemos que las instituciones y la ley están para defender a los débiles. Las instituciones están para defender a los de abajo, los grandes ya se defienden ellos solos.

P. ¿Y la subida del miércoles no es corta para llegar al 60% del salario medio en cuatro años?

R. No es modesta, más allá de la discusión de cuál es la senda final hasta el 60% del salario medio. Es una subida importante para un país con salarios bajos. Si como ministra me coloco en las medias europeas de salarios mínimos, claro que es muy modesta. Pero recordemos que hasta 2019 nuestro salario mínimo era de 735 euros.

P. ¿La subida será asumible por todos los sectores y todos los territorios?

R. Sin duda. En primer lugar, la unidad de mercado tiene que operar en todos los sentidos, también para las normas laborales. Segundo, hay una disparidad evidente de salarios y rentas en todo el territorio español. Los salarios del País Vasco no tienen nada que ver con los de Galicia o Extremadura. Pero el SMI fija un suelo mínimo. Sí se puede cumplir.

P. ¿No teme que empuje a algunos a la economía sumergida?

R. Hay que hacer pedagogía. No debemos hablar en estos términos de la economía sumergida. Hay que explicar que las cotizaciones sociales son positivas. Los trabajadores deben saber que esto es parte de su salario.

P. Se han hecho más de 50 reformas laborales desde los años ochenta y, pese a todo, la tasa de paro sigue siendo alta. ¿Igual el problema no es legal?

R. España lleva desde el año 84 legislando con resultados pobres. Tenemos unas cifras de paro que son insoportables. Llevamos legislando con políticas que, digamos, son fallidas. Efectivamente, es un problema de legislar para resolver los problemas y me parece que hay consenso sobre qué hacer para resolver los problemas. Por ejemplo, las políticas activas. Hay ejemplos positivos en nuestro país, hay comunidades con índices mejores. Pero a día de hoy, un desempleado no va a las oficinas de los servicios públicos a buscar empleo, va a Infojobs. Que hoy no tengamos perfiles individuales de cada desempleado es algo que hacemos mal en relación con otros países.

P. ¿Le parece entonces bien el diagnóstico de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)?

R. Sí.

P. ¿Es su hoja de ruta [la Airef aboga por unificar las políticas activas de empleo, incentivos a los funcionarios, estandarización de datos y prácticas eficaces y obligación a las empresas de comunicar las vacantes]?

R. No. Vamos a trabajar en profundidad las políticas activas. No solo es la Airef. Hay muchos informes europeos que dicen cuáles son los males del sistema español.

P. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero dice: “Nunca se puede derogar una reforma laboral en su totalidad”. Usted dice que lo va a hacer. ¿Hablan de lo mismo?

R. Hablamos de lo mismo. Tenemos la misma partitura y tocamos distintos instrumentos. Soy jurista. El PP, al llegar al Gobierno, hizo una macrocontrarreforma laboral con un impacto brutal que ha deconstruido el mundo del trabajo tal como lo concebíamos. ¿Técnicamente se puede derogar todo esto? No. Hay que legislar. Hay cuestiones que podemos decir “esto se deroga”, como venimos haciendo. Y hay otras, además, que no queremos que se hagan mirando hacia el pasado. No quiero mirar las cifras de temporalidad del 35%. En este lapso temporal han cambiado las relaciones laborales.

Que cada uno denomine a la criatura como desee, pero es cierto que, técnicamente, desde el mundo del derecho, sabemos que no puedes dictar una norma que diga “derogo”... Esto que en las militancias a veces es difícil de explicar. Yo no puedo dictar una norma que diga “derogo toda la reforma laboral del PP”, porque entre otras cosas hay muchos preceptos y muchísimas normas afectadas. Sería una persona irresponsable si dijera esto. Por tanto, técnicamente, no es posible. Y creo que la metodología [de negociación] que hemos empleado en el acuerdo es la correcta.

P. Estos mismos temas estaban en la mesa en la pasada legislatura y no tienen muchos más apoyos parlamentarios. ¿Va a ser posible que lo puedan aprobar con urgencia?

R. Sí, y con diálogo social.

P. ¿Y con acuerdo?

R. No soy ingenua, hay temas clarísimos en los que no habrá acuerdo. Pero va a haber pactos.

P. ¿En cuáles no?

R. En la subcontratación, sinceramente. Pero va a haber diálogo en estos temas y en otros que tienen que ver con la contratación, con el despido. Esto es mucho más complejo y estas materias requieren sosiego.

P. ¿Y no teme encallar aquí, perder años y que no llegue ese Estatuto del siglo XXI?

R. Este Gobierno no va a perder años. Llevamos cuatro años con varios Gobiernos que apenas han legislado. Hemos declarado la emergencia climática, desde una valentía tremenda de la vicepresidenta Ribera. Y en materia social nos comprometemos a legislar, aunque con el tiempo necesario. No es lo mismo el tiempo de la redacción del Estatuto de esta época que los cambios de la primera fase de urgencia [derogación de ultraactividad, despido por bajas médicas...].

P. ¿Y van a hacerlo por decreto-ley o por proyecto de ley?

R. Lo haremos con diálogo social y según cómo vaya, vamos a ver cada herramienta. Por ejemplo, en el despido con bajas justificadas ni siquiera voy al diálogo social. Y se lo he explicado a los agentes sociales desde la convicción de que los derechos humanos no se negocian. La preservación de la salud está por encima de cualquier cuestión.

P. Concrete algunos puntos de la segunda fase de la modificación de la reforma: el papel de la Inspección en los ERE y el despido.

R. En el despido y las autorizaciones administrativas previas, tenemos un problema europeo que nos pone obstáculos. Pero dentro del marco legal podemos mejorar y lo vamos a dialogar. Respecto a las modalidades de contratación, nuestro punto de partida es que el contrato ordinario de trabajo debe ser el indefinido. Los datos del plan de la Inspección de la ministra Valerio nos demuestran que el simple envío de cartas hace que automáticamente se estén dando altas, evidenciando que hay un uso y abuso de los contratos fraudulentos. Creemos que debe haber contratos temporales, pero evidentemente tiene que haber contratos temporales con causas tasadas. El contrato ordinario debe ser el indefinido, de 22,5 millones de contratos no puede ser que el 92% sean temporales.

P. ¿Las plataformas digitales necesitan una regulación laboral propia?

R. No compartimos que tenga que existir un trabajador autónomo dependiente (TRADE) digital. Y también está la cuestión del TRADE [a secas]. Se concibió para solventar un problema, el de los transportistas, y fíjense que para su reconocimiento tienen que acudir a los tribunales. Luego están los casos de todos los trabajadores que son falsos autónomos según están señalando todos los tribunales: ahí sí podemos legislar rápidamente.

P. ¿Cómo se lleva con José Luis Escrivá, [ministro de Seguridad Social]?

R. Bien, muy bien.

P. Entre ambos ministerios debe haber mucha coordinación.

R. Correcto. Estamos trabajando de manera casi milimétrica. ¿Esto quiere decir que pensamos lo mismo? No, pero yo no pienso lo mismo que Pablo Iglesias, Irene Montero o Alberto Garzón. Hay premio en el mestizaje, incluso cuando discrepas.

P. ¿No siente que le han puesto vigilantes desde el PSOE?

R. Debo rendir cuentas porque es mi forma de trabajar. No hago nunca nada individualmente. El ejemplo de ayer [por el pacto del SMI del miércoles] es claro. Esto requiere mucho más trabajo. Pero desde luego, cuando damos un paso lo saben el presidente del Gobierno y los afectados.

P. En los últimos años no ha sido usted la diputada más entusiasta del Pacto de Toledo. ¿Aceptará lo que salga de él?

R. La joya de la corona de nuestro sistema de bienestar es el sistema público de pensiones, que en la crisis ha sido el amortiguador social. Hay que mimarlo. Además, hay que cumplir el mandato constitucional. Y, por último, el acuerdo con el PSOE es muy positivo. Además soy una demócrata. Eso es clave.

P. ¿No se perdió una oportunidad en febrero, cuando estaban bastante cerca?

R. Me gustaría que las deliberaciones del Pacto de Toledo fueran públicas. Y la propuesta que se hizo, en su tenor literal, iba en una línea que no podemos compartir [Unidas Podemos] e iba en senda contraria, incluso, al mandato constitucional.