El 'caso Schiavo', la gasolina y las pensiones pasan factura a Bush

El gran debate nacional para conciliar la protección de la vida de Terri Schiavo -la mujer a la que le fue retirada hace 12 días la sonda que le mantenía en estado vegetativo- con la injerencia política en el terreno judicial ha abierto una fractura entre los republicanos y ha erosionado (junto al alza del precio de la gasolina y el debate de las pensiones) el apoyo popular a George W. Bush. Su nivel de aceptación es el más bajo en sus cuatro años y dos meses en la Casa Blanca.

Así lo muestran dos sondeos recientes: el respaldo al presidente de Estados Unidos ha pasado en una semana de...

El gran debate nacional para conciliar la protección de la vida de Terri Schiavo -la mujer a la que le fue retirada hace 12 días la sonda que le mantenía en estado vegetativo- con la injerencia política en el terreno judicial ha abierto una fractura entre los republicanos y ha erosionado (junto al alza del precio de la gasolina y el debate de las pensiones) el apoyo popular a George W. Bush. Su nivel de aceptación es el más bajo en sus cuatro años y dos meses en la Casa Blanca.

Así lo muestran dos sondeos recientes: el respaldo al presidente de Estados Unidos ha pasado en una semana del 52% al 45%, según Gallup, y del 49% al 43%, según otra encuesta de la cadena de televisión CBS. El principal problema es que Bush pierde terreno en su electorado: hombres blancos conservadores y habituales asistentes a una iglesia. En el deterioro de popularidad coinciden tres asuntos diferentes: la intervención política en el caso de Terri Schiavo, el fiasco del debate de la reforma de las pensiones y el precio récord de la gasolina. Si la gasolina es una preocupación popular, la injerencia en el caso Schiavo y la radicalidad en la reforma de las pensiones están poniendo a prueba la alianza conservadora que le mantiene en la Casa Blanca.

El combustible que mueve el país tiene los precios más altos de la historia, en términos absolutos: el galón (3,78 litros) supera los dos dólares en las gasolineras y, dependiendo del lugar, puede llegar hasta los 2,50. Aunque representa un incremento del 32% desde el 1 de enero, sigue siendo la mitad que en la UE e inferior, proporcionalmente, a los de los años setenta. Aun así, el precio de la gasolina es lo que más interesa al 50% de la población, por encima de Irak, las pensiones o el uso de esteroides en el béisbol, según el Pew Center, que también detecta la crisis de popularidad de Bush, junto a las caídas paralelas y más pronunciadas de republicanos y demócratas en el Congreso.

La reforma de las pensiones también ha enfriado al electorado conservador. El presidente ha acertado al poner el asunto encima de la mesa, pero no es una emergencia, porque el problema se planteará en 2017, cuando la caja del sistema -del que se benefician 47,6 millones de personas- deje de tener superávit. Karl Rove, el asesor político de Bush, es el motor de la iniciativa, que desconcierta y divide a los congresistas republicanos porque ellos, a diferencia del presidente, se someten de nuevo a las urnas dentro de año y medio.

Los demócratas confían en que el todopoderoso Rove sufra su primera derrota política, pero el republicano Charlie Black advierte en unas declaraciones a The New York Times: "El que piense que, al final, Bush y Rove perderán, es que, una vez más, está subestimando a los dos".

El tercer dato que explica la caída en los sondeos es el caso Schiavo. El Congreso aprobó de urgencia hace nueve días una ley que permitía a los tribunales federales intervenir en el debate jurídico, y el presidente se apresuró a firmar la ley; pero ningún juez, ningún tribunal -incluido el Supremo- ha querido rectificar las decisiones tomadas en Florida, que dan la razón al marido y custodio legal de Terri Schiavo en su decisión de desconectar a su mujer, frente al deseo de los padres de Terri de mantenerla con vida. La mayoría de estadounidenses está de acuerdo con los tribunales y con el marido: el 63% haría lo mismo que él en circunstancias similares, y la mayoría cree que ni el Gobierno ni el Congreso deben intervenir en estos asuntos. Esto ha sorprendido a la Casa Blanca y a los que creían estar en una batalla por los valores morales, incluidos los congresistas demócratas que apoyaron la ley de emergencia.