Los ministerios de Defensa y de Justicia y los afectados estudian el procedimiento para exhumar los cadáveres

La Asociación de Familiares de las Víctimas del Yakolev-42 y los Ministerios de Defensa y de Justicia trabajan para definir el procedimiento a seguir para proceder a la exhumación de los cuerpos mal identificados, en el caso de que así lo decidan finalmente los damnificados, según reveló ayer Carlos Ripollés, presidente de la citada asociación, que agrupa a 40 familias de militares fallecidos en el accidente aéreo de Turquía.

En los próximos días, además, se remitirá a la Audiencia Nacional, que en julio asumió la competencia para investigar el caso, todas las pruebas y cotejos de ADN e...

La Asociación de Familiares de las Víctimas del Yakolev-42 y los Ministerios de Defensa y de Justicia trabajan para definir el procedimiento a seguir para proceder a la exhumación de los cuerpos mal identificados, en el caso de que así lo decidan finalmente los damnificados, según reveló ayer Carlos Ripollés, presidente de la citada asociación, que agrupa a 40 familias de militares fallecidos en el accidente aéreo de Turquía.

En los próximos días, además, se remitirá a la Audiencia Nacional, que en julio asumió la competencia para investigar el caso, todas las pruebas y cotejos de ADN efectuados por el Instituto Nacional de Toxicología.

Ripollés confirmó que el Ministerio de Defensa ha comunicado a los familiares los resultados definitivos de las pruebas de ADN, que revelan que las 30 identificaciones realizadas por el equipo médico español fueron erróneas.

No obstante, el presidente de la asociación no quiso pronunciarse sobre una posible petición unánime para exhumar los cuerpos. "Es una decisión de cada familia, porque es un tema muy personal", declaró a Efe. Además, catorce de los cuerpos han sido incinerados.

La exhumación de cadáveres, en el caso de que los familiares lo soliciten, tiene que ser autorizada por el juez competente, en este caso la magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que investiga la denuncia presentada por los familiares contra los generales que firmaron las identificaciones de los cuerpos que ahora se han reputado totalmente erróneas.

Los cuerpos desenterrados tendrían que ser sometidos a pruebas de ADN, ya que existe la sospecha de que, en algún caso, un ataúd contenga restos de varios cadáveres.

El Ministerio de Defensa ofreció en mayo a los familiares, cuando ya se sabía que había errores pero no que no había ni un solo acierto por parte del anterior equipo de ese departamento ministerial, la construcción de un mausoleo colectivo donde puedan descansar los restos de los 62 militares fallecidos en el accidente.

Esta oferta fue rechazada inicialmente por muchos de los familiares, e incluso los más proclives a aceptar condicionaron su apoyo a que hubiera un acuerdo unánime.