El CNI advirtió a Aznar en octubre de 2003 de que tomara en serio la amenaza de Bin Laden

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elevó al Gobierno de José María Aznar, a lo largo del año pasado, varios informes en los que vinculaba el protagonismo de España en la guerra de Irak con el aumento del riesgo de atentados por parte de grupos integristas islámicos. El más contundente de estos informes, clasificados como secretos, llevaba fecha de 27 de octubre de 2003 y advertía de que se tomaran "en serio" las amenazas contra España vertidas por el máximo líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en una grabación de audio difundida el día 18 de ese mes por la televisión Al Yazira.

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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elevó al Gobierno de José María Aznar, a lo largo del año pasado, varios informes en los que vinculaba el protagonismo de España en la guerra de Irak con el aumento del riesgo de atentados por parte de grupos integristas islámicos. El más contundente de estos informes, clasificados como secretos, llevaba fecha de 27 de octubre de 2003 y advertía de que se tomaran "en serio" las amenazas contra España vertidas por el máximo líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en una grabación de audio difundida el día 18 de ese mes por la televisión Al Yazira.

La "nota informativa" de octubre de 2003 era una "evaluación de la amenaza" que suponía para la seguridad nacional el terrorismo islamista, elaborada tras la difusión del mensaje de Bin Laden. "Nos reservamos el derecho de responder, en el momento y lugar oportunos, contra todos los países que participan en esta guerra injusta [en alusión a Irak], en particular Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia", decía la grabación.

Los analistas del centro de inteligencia llegaron a la conclusión de que la amenaza debía tomarse en serio, incluso si posteriores análisis demostrasen que la voz de la cinta difundida por la cadena qatarí no correspondía a Bin Laden, lo que en ese momento aún no se sabía con seguridad. La razón era sencilla: el llamamiento del multimillonario saudí se consideraba auténtico entre los radicales islamistas y cualquiera podía ejecutar su dictado aunque no recibiera una orden expresa, lo que no resulta necesario en la nebulosa de grupos, sin estructura jerárquica, que utilizan la marca Al Qaeda.

El servicio secreto constató, además, la existencia de una creciente hostilidad hacia España en la opinión pública árabe. Aunque el Gobierno español no intervino militarmente en la invasión de Irak, tuvo un destacado protagonismo político, a través de su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Cumbre de las Azores. El informe del 27 de octubre aludía a la celebración en Madrid de la Cumbre de Donantes para la Reconstrucción de Irak, los días 23 y 24 de ese mismo mes, como otro acontecimiento que había colocado a España en el primer plano.

Aunque parezca un hecho anecdótico, también mencionaba la detención, el 5 de septiembre en Granada, del corresponsal de Al Yazira Tayseer Alouny, que entrevistó a Bin Laden durante la guerra de Afganistán, y cuyo encarcelamiento en España por orden del juez Baltasar Garzón tuvo un amplio eco en los medios de comunicación árabes.

Islamistas y delincuentes

El informe del CNI no daba muchas pistas sobre quién, cómo y cuándo podrían ejecutarse las amenazas de Al Qaeda, pero subrayaba la presencia en España de varios grupos de radicales islámicos, que podían actuar como "células durmientes" y activarse en cualquier momento para cometer atentados.

La investigación de la matanza del 11-M en Madrid confirmaría medio año más tarde uno de los aspectos más sorprendentes que incluía la nota del servicio secreto: la conexión entre radicales islamistas y elementos vinculados a la delincuencia común.

El informe del CNI también constataba que las bombas del 16 de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos) -que costaron la vida a 45 personas; entre ellas, cuatro ciudadanos españoles- no sólo habían tenido entre sus objetivos la Casa de España, sino que la posterior represión de la policía marroquí había provocado una fuga hacia territorio español, en busca de refugio, de individuos relacionados con el integrismo islámico, lo que constituía un riesgo adicional.

El CNI siguió los pasos de algunos de ellos, centrándose especialmente en Ceuta y Melilla, donde tenía mayor experiencia y facilidad de penetración.

Todos estos elementos llevaron al servicio secreto a concluir que existía un riesgo serio de atentado islamista en un plazo de tiempo no muy largo. Aunque la mayoría de las informaciones del CNI apuntaban a las tropas españolas en Irak o intereses españoles en países árabes como objetivos más probables, el informe del 27 de octubre no descartaba atentados en territorio español.

El documento mostraba especial preocupación por la seguridad de las aeronaves de Estado, quizá porque se redactó pocos días después del viaje que, entre el 19 y el 23 de octubre, realizaron los Reyes a Siria y varios emiratos del golfo Pérsico.

A pesar de que el centro de inteligencia, como demuestran sus informes, era plenamente consciente de la amenaza creciente que el terrorismo islamista suponía para España, sus expertos fueron incapaces de reconocerla cuando se materializó: el 11 de marzo de 2004 en Madrid.

La nota informativa del CNI fechada a las 15.51 de aquel día, que el Gobierno en funciones del PP desclasificó el 18 de marzo para demostrar que no había mentido en la información que ofreció tras el atentado, daba por "casi segura" la autoría de ETA en los ataques contra los trenes de cercanías "con los datos disponibles hasta el momento".

En realidad, el CNI fue poco consecuente con el riesgo que denunciaba. La única medida práctica que adoptó fue la inclusión del terrorismo islamista entre sus prioridades en la Directiva de Inteligencia, aprobada en enero pasado, y la elevación, un mes después, del grupo encargado de investigar a los integristas al rango de departamento.

Sin embargo, el número de agentes dedicados a este problema, menos de medio centenar, no se incrementó sustancialmente. La muerte en Irak de ocho miembros del centro, entre octubre y noviembre, obligó al servicio secreto a dedicar a sus mejores expertos a la protección de las tropas españolas.