Las cifras del desmantelamiento

La flota andaluza en el caladero marroquí ha quedado desmantelada. Según los datos de la Consejería de Pesca, de los 151 barcos que había cuando expiró el tratado el 30 de noviembre de 1999, 65 han solicitado ayudas para desguace y otros 14 se han acogido a subvenciones para formar sociedades mixtas con terceros países. Hay además 42 embarcaciones que se han recolocado en aguas nacionales, dos en Portugal y el resto en otros caladeros.

Para colmo, la burocracia no ayuda. No basta con que un armador lleve su barco al desguace para que perciba la correspondiente ayuda, sino que además el ...

La flota andaluza en el caladero marroquí ha quedado desmantelada. Según los datos de la Consejería de Pesca, de los 151 barcos que había cuando expiró el tratado el 30 de noviembre de 1999, 65 han solicitado ayudas para desguace y otros 14 se han acogido a subvenciones para formar sociedades mixtas con terceros países. Hay además 42 embarcaciones que se han recolocado en aguas nacionales, dos en Portugal y el resto en otros caladeros.

Para colmo, la burocracia no ayuda. No basta con que un armador lleve su barco al desguace para que perciba la correspondiente ayuda, sino que además el nombre de la embarcación debe ser dado de baja en el censo del Ministerio de Fomento, dos pasos entre los que suelen transcurrir varios meses.

Hasta el 17 de enero, la Junta había pagado las ayudas de reconversión a 458 pescadores y 31 armadores, lo que supone un 90% de los expedientes y un volumen de 21,4 millones de euros. La consejería -que ha ampliado el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo- estima que las peticiones superarán el presupuesto asignado a Andalucía por el Ministerio de Agricultura y Pesca, que se eleva a 35 millones de euros. Por ello, ha solicitado ya a la Administración central unos ocho millones de euros adicionales para los afectados por la falta de acuerdo.

La Junta reconoce que el reglamento comunitario no favorece a los pescadores porque es muy restrictivo. "Es muy rígido porque el Gobierno español no peleó lo suficiente para abrirlo a más gente. Y el decreto nacional que lo transcribe es igual de restrictivo porque no tenían margen de maniobra", comentó un portavoz de la consejería.

Tan exigente que, de los 2.100 pescadores que había en la flota de Marruecos, sólo el 28% podrá acceder a las subvenciones porque se les exige que los barcos en los que estaban enrolados hayan ido a desguace, que tengan 10 años de antigüedad en el empleo inmediatamente anteriores a la expiración del tratado y haberse acogido por lo menos a seis meses de las ayudas concedidas durante la paralización de la flota. En Barbate (Cádiz), el puerto más perjudicado por la falta de acuerdo, de los 747 tripulantes afectados sólo tienen derecho a las subvenciones 180. Y obviamente, de éstos no todos se animarán a montar proyectos. Por eso José María Mena, pescador y uno de los portavoces malagueños durante el conflicto, exige que el reglamento comunitario se abra más porque "difícilmente se podrá gastar el dinero asignado por Bruselas si no se flexibiliza la norma".