La Diputación de Álava recurre el proyecto de Ley del Vino del Gobierno

La Comisión Arbitral admite el recurso presentado por Interior

La polémica entre el Gobierno vasco y la Diputación de Álava sobre la política relacionada con el vino puede pasar del cruce de declaraciones a los organismos jurisdiccionales. La Diputación tiene previsto aprobar hoy, en la última reunión del año del consejo de diputados, un recurso ante la Comisión Arbitral contra diversos artículos del proyecto de Ley del Vino. La Diputación entiende que el texto, aprobado por el Gobierno vasco el 19 de noviembre, "conculca las competencias de desarrollo normativo en viticultura y enología" que corresponden a la institución foral.

El recurso de la Di...

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La polémica entre el Gobierno vasco y la Diputación de Álava sobre la política relacionada con el vino puede pasar del cruce de declaraciones a los organismos jurisdiccionales. La Diputación tiene previsto aprobar hoy, en la última reunión del año del consejo de diputados, un recurso ante la Comisión Arbitral contra diversos artículos del proyecto de Ley del Vino. La Diputación entiende que el texto, aprobado por el Gobierno vasco el 19 de noviembre, "conculca las competencias de desarrollo normativo en viticultura y enología" que corresponden a la institución foral.

El recurso de la Diputación coincide casi en el tiempo con una nota emitida, ayer, por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno en la que propone a Álava modificar uno de esos puntos más discutidos del texto y se le ofrece "pactar el régimen de ayudas para la reestructuración de viñedos".

El Gobierno, a su vez, presentó la semana pasada un recurso en los tribunales contra un decreto foral que regula las plantaciones de viñedos.

La Comisión Arbitral, el organismo encargado de dirimir los conflictos entre las instituciones vascas, renovó ayer a sus miembros en un acto protocolario celebrado en el Parlamento y presidido por su presidente, Juan María Atutxa. Uno de sus primeros quehaceres será dirimir el conflicto generado entre el Gobierno y la Diputación de Álava sobre la política del vino. El Departamento de Agricultura se mostró dispuesto ayer a rectificar el texto del proyecto de ley, y aseguró en una nota que "no tendría problema en cambiar el texto del artículo referido a la gestión de las ayudas de reestructuración de viñedos", aunque sólo si, a cambio, la tramitación de esas ayudas se realice "de forma conjunta: el Gobierno vasco que es el organismo pagador y las diputaciones como gestoras del proceso".

Pese a ese gesto, Agricultura destaca "los errores cometiedos por la Diputación alavesa en los dos últimos años" al gestionar de las ayudas europeas, "y que tanta confusión y preocupación causan entre los agricultores". La actitud de Agricultura no convence a Álava, que presentará el recurso. Una polémica similar sobre ayudas agrarias procedentes de la UE ya enfrentó hace años al Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

Año y medio de discusión

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La Comisión Arbitral se reunió ayer antes de la renovación de cargos, y aprobó una resolución sobre otro asunto polémico: el tráfico. Decidió suspender de forma cautelar el decreto de la Diputación de Álava que da cobertura legal al Centro de Control de Carreteras. Éste es un conflicto que enfrenta a las tres diputaciones, que han hecho causa común, contra el Gobierno vasco. Después de un año y medio de discusiones, aún no se han puesto de acuerdo en qué institución debe gestionar esa competencia.

La Comisión Arbitral se ha encargado del caso y debe emitir una resolución, que se espera sea definitiva, en los próximos meses. Sin embargo, el Gobierno había pedido que, mientras se resuelve, quedara suspendido provisionalmente el decreto objeto de polémica.

La Comisión ha dado la razón a Interior, tras valorar los problemas que podía ocasionar la paralización o no del decreto de forma cautelar. La Comisión Arbitral, cuyo presidente, Manuel María Zorrilla, oficia de ponente en este caso, entiende que el Gobierno vasco salía más perjudicado si continuaba en la situación actual, puesto que la Diputación alavesa le deniega los permisos de obras para instalar cámaras y paneles informativos en las carreteras.

La Comisión cree que la Diputación sale, comparativamente, menos perjudicada por suspender de momento el decreto. El Centro de Control de Carreteras alavés seguirá funcionando con normalidad, aunque con alguna competencia menos. La decisión sólo tendrá unos meses de efecto, a la espera de la resolución definitiva.

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